El Gobierno aprueba la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública sin decidir su ubicación

El Consejo de Ministros ha dado este martes el primer paso para sacar adelante el proyecto de ley que creará una Agencia Estatal de Salud Pública. Aesap será su acrónimo, según ha anunciado la ministra de Sanidad, Carolina Darias. La agencia corregirá un déficit que España tiene al menos desde 2011, cuando entró en vigor una ley que lo contemplaba. Lo que no se sabe todavía son los detalles operativos de este nuevo organismo: su estructura, número de empleados o ubicación.

Son características que tendrán que definirse en el estatuto de la agencia, una vez que se elabore la ley. Se hará por la vía de urgencia, según señaló este lunes la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, en una entrevista en Televisión Española. “No está definida la sede porque tiene unos trabajos previos, unos indicadores que vamos a valorar para que esa presencia en el territorio sea positiva desde el punto de vista de la generación de empleo. No hay cerrada una candidatura al respecto, sino que se abre un ámbito de concurrencia competitiva para que la administración general del estado tenga mayor presencia y genere sinergias que mejoren todos los territorios para cohesionar España desde el punto de vista social”, dijo.

Esto parece descartar a Madrid como sede del futuro centro, en la línea con lo que solicitaban las sociedades científicas cuando se abrió a consulta pública el anteproyecto de ley. La Sociedad Española de Salud Pública (Sespas) proponía que se instalara fuera de una capital de provincia para favorecer la actividad en la España vaciada. Aragón, Asturias, Extremadura y la Comunidad Valenciana ya han dejado ver que están dispuestas a acoger este nuevo centro.

Una de las dudas que se han despejado este martes es su estatus jurídico. Hasta ahora, el Ministerio de Sanidad venía hablando de un centro, pero Darias ha anunciado que será una agencia estatal, algo que también venían reclamando las sociedades científicas. Será un ente que, aunque dependa del Ministerio de Sanidad, tendrá personalidad jurídica propia, lo que le da más autonomía en su gestión y permite, por ejemplo, hacer contrataciones de forma más ágil.

Tendrá la misión de aglutinar los organismos que ya trabajan en salud pública y añadir nuevas funciones y competencias. En este ámbito, de forma autónoma, ya funcionan el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), el Instituto de Salud Carlos III, centros universitarios y las propias comunidades autónomas. La nueva agencia, previsiblemente, será un paraguas para todos ellos, ya sea absorbiéndolos o coordinando su trabajo, que además sirva de eje de comunicación con entidades supranacionales, como pueden ser la Organización Mundial de la Salud o el Centro Europeo de Control de Enfermedades.

“El fin último de la norma es crear un nuevo centro de salud pública con autonomía funcional, que ejerza las competencias de análisis y estudio, evaluación de políticas e intervenciones públicas, asesoramiento técnico, propuesta de medidas a las autoridades sanitarias y preparación y coordinación de respuesta ante situaciones de emergencia sanitaria”, rezaba el anuncio que hizo Sanidad al poner en marcha el trámite de consulta pública. “El nuevo centro se dotará con personal de la más alta capacitación científico-técnica en las distintas áreas y materias. Será un centro de excelencia que aglutine las competencias hasta ahora dispersas en esta materia”, continuaba.

Darias ha detallado que la agencia permitirá al país “estar mejor preparado en términos de preparación, gestión, análisis y respuesta para amenazas de salud pública”. “Va a contribuir para mejorar salud y bienestar de los ciudadanos, con la prevención y control de enfermedades, al tiempo que va a promover conocimiento técnico y científico, en un contexto de cambio climático y zoonosis”, ha dicho en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Su primera misión será la vigilancia en salud pública en un sentido más amplio al actual. “Ahora tenemos la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica, que hace seguimiento de las enfermedades transmisibles. Ahora la agencia va a ir más allá y va a construir una red de vigilancia que incluirá también a otras no transmisibles, como cáncer, diabetes, enfermedades crónicas y determinantes sociales”, ha detallado.

Además, la Aesap monitorizará riesgos y pondrá en marcha sistemas de alerta precoz, trabajará en preparación frente a futuras emergencias, se encargará de la evaluación y seguimiento de la estrategia de salud pública, la evaluación de las políticas en entornos sanitarios y no sanitarios. “Tiene la misión de reducir desigualdades con un enfoque integral, que refuerce la coordinación a nivel autonómico, europeo y con sociedades científicas, con liderazgo internacional y facilitando información sólida y robusta”, ha asegurado Darias.

Un organismo que llega con retraso

Su creación, propuesta en 2011, no había sido ejecutada por ninguno de los Gobiernos que se han sucedido desde entonces. La idea se reflotó en la pandemia. En la comisión de reconstrucción del Congreso, en verano de 2020, una de las conclusiones fue que había que crear una agencia con las características descritas. Esto podría evitar en un futuro algunos de los obstáculos con los que el Ministerio de Sanidad se encontró en los primeros meses de la pandemia de covid, cuando cada comunidad autónoma aportaba datos de forma heterogénea que tenían que ser armonizados por un CCAES en el que trabajaban apenas media docena de funcionarios.

“La pandemia ha hecho evidente cómo algunos políticos utilizaban los datos en su beneficio. Es una manipulación a la que es menos susceptible una agencia como la que se crea ahora”, sostiene Miquel Porta, investigador y catedrático de Salud Pública en el Instituto Hospital del Mar de Investigaciones Médicas (IMIM) y la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Barcelona. “Es un día importante”, sostiene.

Más allá de la pandemia, Porta cree que después de más de 10 años esperando la agencia, ya es hora de comenzar a trabajar de forma más coordinada, algo que “ya hacían comunidades autónomas de distinto signo”, pero sin los mimbres suficientes. “España genera una enorme cantidad de datos, por encima de la mayoría de los países. Pero los datos no son información. Es necesario analizarlos de forma profunda para que guíen las decisiones”, sostiene. “Se abre una nueva etapa con mucho más rigor científico en la cooperación entre autonomías. Luego serán los políticos quienes decidan cuando reciban los análisis y recomendaciones, pero antes de eso hay una complejidad que tiene que estar en manos de expertos, y eso no se ha producido ahora”, añade.