La indefinición del PP deja en el aire la ley de eutanasia solo dos años después de su entrada en vigor

No está muy claro qué sucederá con la ley de eutanasia, en vigor desde hace dos años, si PP y Vox consiguen una mayoría suficiente para gobernar tras las elecciones. Ambos partidos votaron en contra de su aprobación, ambos la recurrieron al Constitucional y ambos se muestran contraria a ella. El Partido Popular se compromete en su programa electoral a revisarla “tomando en consideración la opinión del Comité de Bioética”, pero es difícil saber qué supondrá esto.

Alberto Núñez Feijóo no dio demasiada luz al asunto en una entrevista que concedió la semana pasada en el programa de televisión El Hormiguero, al que se remite el partido para fijar su posición. “No es un tema menor. Y, por lo tanto, los temas menores, convendría llegar a un punto de encuentro [sic]”, dijo. “Los políticos, ¿qué deberíamos hacer? Deberíamos hablar con los comités de bioética de nuestro país, que son muy buenos, con los profesionales, que son muy buenos, pedirles dictámenes, y con esos dictámenes encima de la mesa, reunirse sin apriorismos y tomar decisiones”, añadió.

Lo cierto es que la ley, en vigor desde el 25 de junio de 2021, ya establece que un comité de expertos revise cada caso: debe constar de al menos siete personas, con especialistas médicos, jurídicos y en enfermería, que deben ser designados por la comunidad autónoma.

“No debe haber un proceso burocrático, debe haber un proceso médico, asistencial, un proceso de un comité de ética, de bioética. Porque a lo mejor esta persona toma esa decisión hoy, pero a lo mejor en otras condiciones dentro de una semana no tomaba esa decisión. Y esa decisión evidentemente es irreversible”, continuó Feijóo.

Este caso hipotético que plantea el presidente del PP tampoco se podría producir. El afectado debe manifestar su voluntad dos veces entre las que transcurran al menos 15 días, dejando claro que no ha recibido “ninguna presión externa”. Debe haber recibido por escrito información sobre su proceso médico, las alternativas de actuación, incluida la de acceder a cuidados paliativos, y a las prestaciones a las que pueda tener derecho, como las que tienen que ver con la dependencia. Cuando recibe la segunda demanda, el médico del paciente debe trasladar la petición a una comisión de su comunidad autónoma (formada por siete especialistas designados por el Gobierno regional), que determinará dos profesionales ajenos al caso que determinen su petición. Con sus informes, esta comisión tiene que decidir en un plazo de 19 días.

El programa del PP pone el acento en las leyes de cuidados paliativos y propone una de ELA, para que las personas que vivan con esta enfermedad degenerativa lo hagan con dignidad. Ambas son compatibles con la ley de eutanasia, que por supuesto es voluntaria, aunque alguien que escuchara la entrevista podría haber sacado una conclusión distinta, a tenor de las palabras de Feijóo: “De la misma forma que si un enfermo de ELA no quiere una eutanasia, hemos de respetarlo”.

Cuando el presentador, Pablo Motos, le dijo que había muchos pacientes que sí la querían, Feijóo respondió: “Exacto, hay otros que no, por tanto, aprobemos una ley para facilitar la dignidad de los enfermos de ELA”. ¿Eso quiere decir que respetará la voluntad de los que sí quieran acogerse a la eutanasia? No está claro.

Recursos de inconstitucionalidad

Tanto su partido como Vox presentaron recursos de inconstitucionalidad a la ley por entender que “el régimen establecido incumple los deberes positivo y negativo del Estado de proteger la vida. En particular, de establecer un régimen jurídico que garantice que la decisión ha sido tomada libremente y con plena comprensión de lo que conlleva”, así como para “evitar potenciales abusos” y “proteger a las personas vulnerables”.

En marzo, el Constitucional rechazó el recurso de Vox por nueve votos a dos al entender que la ley “garantiza el derecho a la autodeterminación de las personas sin dejar desprotegida la vida”. Todavía no se ha pronunciado sobre el recurso del PP, pero lo previsible es que aplique la misma doctrina.

Pero los recursos de inconstitucionalidad del PP no son un buen termómetro para saber qué hará este partido cuando llegue al Gobierno. Los presentó contra leyes como la del matrimonio igualitario, que no tocó en los siete años de Mariano Rajoy en la Moncloa, o la del aborto, que no derogó (aunque sí subió la edad legal para someterse a uno sin consentimiento paterno). En ambos casos, el Constitucional falló en contra de los recursos.

De los pactos en el que las formaciones conservadoras han llegado tras las pasadas elecciones autonómicas, solo en Baleares se tocó el tema de la eutanasia, lo que podría dar una pista de por dónde irán los tiros en un posible gobierno de coalición. Proponen asegurar “una asistencia sanitaria digna y el acompañamiento familiar, médico y espiritual de los enfermos, para defender la cultura de la vida frente a la eutanasia, como única salida al dolor”.

Los gobiernos autonómicos tienen potestad para dar los servicios que consideren a los pacientes (siempre que cumplan la ley) pero no tienen capacidad para saltarse la norma que rige a nivel nacional, algo que sí podría cambiar una mayoría parlamentaria de PP y Vox. Pero, mientras esté en vigor, el derecho a la eutanasia debe garantizarse en todo el país.

El partido ultra ha tachado la eutanasia de “locura y barbaridad” porque “todas las vidas importan”, y sus portavoces han llegado a afirmar que en otros países donde se practican “la gente no quiere ir a los hospitales porque no saben si saldrán con vida”.

Disparidad de aplicación en las autonomías

Lo que sí pueden las comunidades es ser más o menos ágiles a la hora de prestar el servicio. No todas formaron los comités de expertos en tiempo y forma, así que su aplicación se retrasó en algunas de ellas. Andalucía y Madrid, las últimas, no lo hicieron hasta finales de 2021, cuando la ley llevaba en vigor casi medio año.

Una vez puesta en marcha, las estadísticas entre autonomías son muy desiguales, según los datos recabados por la asociación Derecho a Morir Dignamente, que son incompletos. Mientras que en Navarra, Euskadi o Cataluña se practicó más de una eutanasia por cada 1.000 fallecimientos (0,1%), en otros territorios como Murcia, Extremadura o Galicia la muerte asistida tuvo una incidencia 10 veces menor, de poco más del 0,01%. “Es una disparidad muy acusada, difícil de explicar solo por diferencias socioculturales”, se queja la asociación.

En realidad, no se sabe a ciencia cierta cuántas personas se han acogido a la ley desde su entrada en vigor. No existe una estadística oficial que lo registre a nivel nacional en tiempo real. El único informe que ha publicado el Ministerio de Sanidad data de febrero de este año, pero se refiere al periodo entre junio y diciembre de 2021, los primeros meses de aplicación, en los que se registraron 173 peticiones, de las que se rechazaron 75.

DMD, que trata de hacer un recuento, asegura que se han practicado unas 370 entre junio de 2021 y diciembre de 2022, después de alrededor de un millar de solicitudes. Esto significa que en 2022, la eutanasia supuso menos del 0,07% del total de fallecimientos en España, un porcentaje muy alejado del de países donde el derecho a la muerte asistida está bien asentado, donde representa entre el 1% y el 4% del total de defunciones. Esto sucede, según DMD, por las dificultades con las que se encuentran los solicitantes en algunas comunidades autónomas.

La asociación ha detectado tres problemas principales. Falta de colaboración de las entidades privadas: “Conocemos casos de las principales aseguradoras privadas que no han dado respuesta a solicitudes de eutanasia recibidas”, señalan.

En segundo lugar, mal manejo de la objeción de conciencia. “La obligación de todos los médicos es recoger cualquier petición de eutanasia que se les presente, firmarla y tramitarla. En caso de ser objetores de conciencia, deben informar de ello a su paciente y remitir la solicitud a sus jefes para que busquen otro facultativo. Tenemos constancia de casos de médicos que se niegan a hacerlo, así como de plazos excesivos para designar un profesional alternativo”, asegura la ONG.

Por último, asegura que los plazos excesivos. “Aunque la ley no fija plazos máximos para algunas fases críticas de la tramitación de una solicitud de eutanasia, no es razonable que todavía haya personas que requieren de varios meses para completar un proceso que, en las circunstancias adecuadas, puede hacerse con todas las garantías en menos de 25 días”, añade DMD.

En muchas comunidades se alargan por encima de los 35 y los 50. Según el primer informe de Sanidad, 32 personas fallecieron mientras tramitaban su solicitud de eutanasia, en un promedio de 31 días después de su solicitud.