Irun y Hendaya, separados por el puente de la “vergüenza”

“Por lo visto, el Tour de Francia es más poderoso que los derechos humanos”, dice Jon Aranguren, voluntario de la red de acogida a migrantes de Irun (Gipuzkoa). Francia aduce razones de seguridad nacional para mantener cerrado el puente Avenida que cruza el río Bidasoa. Desde enero de 2021 está prohibido cruzar la frontera por este paso. Las autoridades francesas han hecho una excepción al retirar los vallados este pasado lunes para que pasaran los ciclistas del Tour de Francia. Pero a las 12 horas ya estaban de nuevo colocadas las barreras. Los Ayuntamientos de Irun y Hendaya consideran “vergonzoso” que se haya vuelto a impedir el tránsito de peatones y bicis por este punto, y han llamado a sus vecinos a concentrarse este viernes por la tarde en el puente para protestar “de forma masiva” contra el cierre. “Es una vergüenza, una anomalía del siglo XXI. Esto recuerda a otras épocas”, denuncia el alcalde de la parte guipuzcoana, el socialista José Antonio Santano.

Francia plantó una barrera física hace dos años y medio en el puente Avenida para “reforzar la lucha antiterrorista” tras la escalada de atentados yihadistas cometidos en aquel país. El cierre se mantiene infranqueable desde entonces por otros motivos, como la pandemia de la Covid-19 y la invasión de Ucrania. En el puente de Santiago, paralelo del anterior, se realizan controles policiales las 24 horas del día. La vigilancia de la Gendarmería es total en todas las vías de acceso. Las personas migrantes que tratan a diario de cruzar la muga tienen buscar otras rutas para sortear la vigilancia policial. Durante este periodo al menos nueve personas han muerto en el empeño, según las organizaciones que auxilian a los extranjeros, la mayoría procedentes del Magreb y de Centroáfrica.

Santano y su homólogo de Hendaya, el también socialista Kotte Ecenarro, celebraron el pasado lunes que Francia retirara las vallas y dejara el paso libre. Ambos confiaban que la apertura fuese definitiva, pero comprobaron poco después que era algo momentáneo. Francia ordenó abrir el cerco metálico a primera hora de la mañana para que ese lunes la caravana ciclista cruzara la frontera en la tercera etapa del Tour (Amorebieta-Bayona). Cuando el pelotón entró en territorio francés, las vallas volvieron a su lugar. “Es algo que no entendemos. Lo que está pasando aquí no tiene justificación alguna, máxime cuando a lo largo de 500 kilómetros de frontera [francoespañola] no vemos un caso igual”, protesta Santano.

Tanto Irun como Hendaya han solicitado en varias ocasiones a la Prefectura de los Pirineos Atlánticos que reconsidere el cierre del puente Avenida. El alcalde de la localidad guipuzcoana y el delegado del Gobierno en el País Vasco, Denis Itxaso, mantuvieron un encuentro con el prefecto Eric Spitz en julio de 2022 en Pau para solicitarle la apertura de este puente que fue remodelado por el consistorio de Irun en 2020. En agosto de ese año se reabrió al público tras tres años de obras y una inversión de 2,2 millones de euros. Los representantes vascos entregaron a Spitz un informe que recoge las “graves afecciones que el cierre del puente causa a la vida económica y social del entorno”. Impide el acceso al recinto ferial del Bidasoa (Ficoba), supone un corte en la red ciclista EuroVelo 1 que une la parte francesa con Navarra, además de provocar “un aumento de la sensación de inseguridad en la zona”, se dice en el citado dossier. Las autoridades francesas no han contestado a ninguno de los requerimientos realizados por Irun, según fuentes municipales.

Aranguren, de la red de acogida Irungo Harrera, opina que “Francia ha permitido que pase la carrera ciclista porque no quiere visibilizar los controles racistas e ilegales que está realizando”. Y advierte de que el cierre de este puente está teniendo consecuencias “fatales”: “Todo lo que sea poner obstáculos en las rutas migratorias solo consigue que estas personas opten por otros caminos más complicados y peligrosos. Aumenta el sufrimiento en estos procesos migratorios y se está obligando a estas personas a buscar pasos más arriesgados y en los que ponen en riesgo su vida”, añade.

El puente Avenida tiene una gran carga simbólica e histórica para el pueblo de Irun. Su construcción terminó en 1916 y se abrió dos años después al terminar la Primera Guerra Mundial. Desde entonces, esta pasarela de 112 metros de longitud ha sido la principal vía que conecta a los vecinos de las dos localidades fronterizas. “Es un nudo comercial y turístico, un paso peatonal y de bicicletas transfronterizo de gran importancia en la vida de los habitantes de ambos lados del Bidasoa”, explica el regidor irundarra.

En 1936, muchos iruneses huyeron de la barbarie por el puente Avenida hacia Francia cuando la noche del 4 de septiembre las tropas franquistas asolaron la ciudad fronteriza. Cientos de exiliados cargaron con colchones y bolsas donde llevaban parte de sus pertenencias escapando de las llamas. El Ayuntamiento remitió en mayo pasado un escrito a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, dependiente del Ministerio de Presidencia, en el que solicita oficialmente la declaración del puente Avenida como Lugar de Memoria Democrática. Fue “la puerta hacia la libertad” para las personas que huyeron de la guerra, se dice en la carta.

Años después, durante el franquismo, muchos vascos utilizaban este paso para entrar a Francia, una ventana a la libertad que se vivía esos años en el resto de Europa. En el puente Avenida también se produjo, en agosto de 1940, la entrega de 1940 de Lluis Companys, presidente de la Generalidad durante la República, tras su detención en la Francia ocupada por el régimen nazi. Un agregado de la embajada franquista de París y un oficial alemán lo entregaron en Irun, antes de ser condenado a muerte y fusilado en octubre de ese año.

En noviembre del año pasado, un grupo formado por unas 300 personas que partieron de ambos lados de la frontera se unieron en el puente Avenida y retiraron a la fuerza el cerco metálico que bloqueaba el paso. Fue una protesta que los activistas organizaron para denunciar “la política discriminatoria y racista” que Francia practica en este lugar. Las vallas fueron recolocadas de inmediato por operarios franceses, y así han permanecido hasta la apertura consentida para el Tour. Asociaciones vecinales y organizaciones humanitarias, además de la convocatoria organizada por los Ayuntamientos, han hecho un llamamiento popular para reivindicar una Europa sin fronteras ni obstáculos.