El PP recurre ante el Constitucional la ley de eutanasia por entender que ataca el derecho fundamental a la vida
El recurso de los populares es el segundo que se presenta, tras el de Vox, admitido a trámite por el tribunal
El PP ha presentado este jueves en el Constitucional un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de eutanasia. La impugnación del PP subraya sobre todo la falta de consenso político y social en la aprobación de esta nueva legislación y la infracción del derecho a la vida recogido en el artículo 15 de la Constitución y en el artículo 2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, así como el principio de seguridad jurídica (art. 9.3 de la Constitución). Todo ello “en la medida en que el régimen establecido incumple los deberes positivo y negativo del Estado de proteger la vida y, en particular, de establecer un régimen jurídico que garantice que la decisión ha sido tomada libremente y con plena comprensión de lo que conlleva”, así como para “evitar potenciales abusos” y “proteger a las personas vulnerables”, todas ellas exigencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en la materia.
El PP sigue los pasos de Vox, que la semana pasada presentó su recurso. El miércoles el tribunal denegó la medida cautelar que perseguía que se suspendiera la entrada en vigor de la ley, que se producirá este viernes.
El grupo parlamentario popular, que es el que formalmente recurre, sostiene que los expertos no han sido escuchados y que la ley se ha aprobado sin la aportación de la oposición, con la ausencia de informes técnicos, jurídicos, médicos y bioéticos. Se añade que no ha habido audiencia pública, ni una verdadera demanda social que reclame esta ley.
“Hemos recurrido la ley de la eutanasia”, han añadido fuentes del PP, “considerando que genera gran inseguridad jurídica y seguiremos defendiendo nuestra alternativa médica, social, humanitaria: nuestra ley de cuidados paliativos”. El objetivo de esta alternativa es “universalizar los derechos y las garantías de la dignidad de la persona en los instantes finales de la vida”, mediante “una propuesta justa, positiva, útil y oportuna, que ya hemos recogido en dos proposiciones de ley”.
En este sentido, el propio recurso denuncia la vulneración de derechos fundamentales por las específicas decisiones relativas a la tramitación de la ley, sin audiencia de los sectores implicados, de los especialistas, del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo de Estado. El PP estima que estos informes son imperativos, ya que se reforma el Código Penal. También entiende vulnerados los derechos de participación política de los propios diputados populares y el de representación política de los ciudadanos.
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