Aragonès se anticipa a Puigdemont y reta a Sánchez con una propuesta de referéndum en campaña

La celebración de un referéndum pactado sobre la independencia de Cataluña será uno de los caballos de batalla de Pere Aragonès (ERC) en su búsqueda de la reelección como president de la Generalitat. El líder republicano quiso darle empaque a esa vía, con la presentación el martes de un informe del Instituto de Estudios del Autogobierno (IEA) que ve encaje constitucional para esa votación en el artículo 92 de la Constitución. La maniobra, que el PP denunció ante la Junta Electoral, es un desafío al Gobierno de Pedro Sánchez, que ve cómo uno de sus socios en el Congreso insiste en una contrapartida que los socialistas han rechazado sistemáticamente. Aragonès también busca marcar territorio en campaña ante sus competidores de Junts per Catalunya, el partido de Carles Puigdemont, que ya han dicho que también exigirán el referéndum esta legislatura. La pregunta propuesta es: “¿Quiere que Cataluña sea un Estado independiente?”.

“Votar sobre la independencia es posible en el actual marco legislativo y solo es una cuestión de voluntad política, como la amnistía”, aseguró Aragonès tras recibir el informe de manos del director del IEA, el jurista y exsecretario general de ERC Joan Ridao. El jefe del Govern explicó que el documento recoge tres vías para poder celebrar la votación, pero que ve como “óptima” la del punto 92 de la Ley Fundamental, que permite al Estado someter a referéndum consultivo de “todos los ciudadanos” las “decisiones políticas de especial trascendencia”.

Los juristas argumentan que la Constitución no se opone de forma expresa o literal a la celebración de una consulta refrendaria en la que se pueda medir el posicionamiento de la ciudadanía sobre la independencia “siempre que los resultados de esa consulta abrieran, simplemente, las puertas a una negociación de buena fe entre los actores territoriales”. Y soslaya la jurisprudencia del Tribunal Constitucional opuesta a la celebración de la votación, inscribiendo esos posicionamientos en el “conflicto entre las instituciones catalanas y las instituciones estatales”.

Que Aragonès enarbole en este momento la bandera del referéndum pactado no es gratuito y menos que compare su factibilidad con la de la ley de amnistía a los líderes del procés, en trámite en las Cortes. Como ha sucedido con la propuesta de financiación singular para Cataluña, que hizo pública hace una semana y también topó con el no del Ejecutivo central, el Govern llevaba meses de trabajos preparatorios para tener listo el llamado Acuerdo de claridad. Tanto esa hoja de ruta para acordar las reglas de un referéndum con el Gobierno como la mejora en la financiación iban a ser elevados a la mesa de negociación, pero el adelanto electoral en Cataluña truncó esos planes. El president defendió el martes su presentación pese a que sea leía en clave completamente electoral. “No voy a dejar nada en el cajón”, defendió, adelantándose a la denuncia ante la Junta Electoral Central del PP.

Pero el republicano también busca marcar territorio ante su exsocio en el Govern, en un momento de máxima competencia entre las formaciones independentistas y donde la irrupción de Carles Puigdemont como candidato es toda una amenaza. Los republicanos vieron como durante las negociaciones de la investidura de Sánchez, Junts logró centrar el foco y llegar a erigirse como el árbitro de los términos de la amnistía, una ley que desde 2020 ERC había defendido casi en solitario. En la puesta de largo de su candidatura en Elna (Francia), Puigdemont dejó claro que presionará también en el Congreso por un referéndum pactado. “Tenemos el deber de intentar acordar un referéndum y si lo proponemos, es tan factible como la amnistía”, dijo, pues considera que solo una nueva votación puede reemplazar el “mandato” de la del 1-O de 2017, que la justicia declaró ilegal.

La presentación del informe llega después de que ERC chocara abiertamente con el PSOE, hace una semana, a cuenta de unas declaraciones de su secretaria general, Marta Rovira. Desde Suiza, donde reside para evitar responder ante la justicia española, la número dos de los republicanos aseguró en una entrevista a El Periódico de Catalunya que ya negociaba con los socialistas sobre el referéndum, en la mesa de coordinación entre ambos partidos. Tanto el Gobierno como el PSOE negaron con vehemencia esa versión. Los socialistas intentan alejar la reivindicación independentista de la campaña, a donde creen que Junts y ERC quieren llevar el debate, pese a que las encuestas muestran una caída en la preocupación por las relaciones entre Cataluña y España.

El informe jurídico presentado el martes había sido encargado el 16 octubre, en el marco del proceso de diseño del Acuerdo de claridad. Aragonès solicitó al IEA que identificara y concretara las vías jurídicas para llevar a cabo un referéndum “inspirado” en el celebrado en Escocia en 2014. Ese modelo era uno de los propuestos por un grupo de expertos de ideologías diversas que, hace un año, habían también sido convocados por el president para que evaluara diferentes escenarios de referéndum. En ese momento también el Gobierno negó la posibilidad de celebrar esa votación y ni Junts ni la CUP mostraron interés en la propuesta.

Solo Esquerra Republicana recogió el guante y puso sobre la mesa el proyecto que en 2022 recibió el visto bueno del congreso del partido. Si más de la mitad del censo catalán participaba en esa votación (permitiendo a los mayores de 16 años acudir a las urnas) y el sí obtenía más del 55% de los votos (el umbral usado en el referéndum de Montenegro en 2006), el Gobierno central tendría que abrir una negociación para pactar la independencia.

Sin embargo, el encargo de Aragonès no hizo referencia a esas condiciones y el informe jurídico las omite. Así, no incluye ningún tipo de mínimos de participación o de resultado para dar por válida una votación que sí considera, basándose en las recomendaciones de la Comisión de Venecia, tiene que ser binaria y lo más clara posible. Sí recomienda que se circunscriba solo al territorio de la comunidad autónoma de Cataluña y que el censo electoral sea el mismo que se utiliza para unas elecciones al Parlament.

Ridao y el resto de los juristas que redactaron el informe ponen el acento en que el encaje constitucional del referéndum se enmarca en el espíritu de la sentencia del Tribunal Constitucional 42/2014, donde se invalidó la Declaración de soberanía y del derecho a decidir del pueblo de Cataluña votada en 2013 por el Parlament. Si bien aceptan que limita las aspiraciones del independentismo, “sostiene que los poderes políticos están llamados a resolver mediante el diálogo y la cooperación los problemas que se desarrollan en ese ámbito”.

El informe también identifica otras vías alternativas, pero que sí implican reformas, aunque alerta de que puedan ser vistas como cambios ad hoc, yendo así en contra de las recomendaciones de la Comisión de Venecia. Una es la modificación de la Ley Orgánica sobre Regulación de Diferentes Modalidades de Referéndum (2/1980). La otra, una delegación de las funciones estatales para autorizar referéndums a través del artículo 150.2 de la Constitución, un camino que ya intentaron sin éxito los independentistas en 2014.