—Vamos con todo.

La advertencia lanzada por la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, desde la tribuna se tradujo este martes en un escenario sin precedentes. Los populares avanzaron otra fase más en el juego de la resistencia con su mayoría absoluta en la Cámara alta frente a la acción de la mayoría parlamentaria del Congreso, en una jornada en la que la palabra más repetida en los pasillos era “inédito”. Lo primero y mollar, el Partido Popular anunció que planteará “un conflicto entre órganos” referido a Senado y Congreso por la tramitación de la ley de amnistía. Nunca en 45 años de democracia se había solicitado una pugna entre ambas instituciones. En cualquier caso, este nuevo movimiento del PP no podrá impedir ni dilatar aún más el camino parlamentario de la norma.

El nuevo laberinto empezó este lunes al hacerse público el informe de los letrados del Senado, cuya cúpula relevó el Partido Popular en enero. El dictamen emitido por los servicios jurídicos duda de que la medida de gracia sea constitucional a través de duros argumentos en los que incluso habla de “reforma constitucional encubierta”, aunque advierte de que no se puede bloquear en la Mesa de la Cámara alta su tramitación. Pero, a renglón seguido, también recuerda que existe la posibilidad de acudir a “un conflicto entre órganos constitucionales” referido a ambas Cámaras y detalla el procedimiento a tal efecto. Ante esa hipótesis, el choque entre órganos ha de solicitarse por un grupo parlamentario político y no por la Mesa. Y ahí se aferró el Partido Popular, que concretó la nueva estrategia el lunes, aunque la posibilidad “estaba en el aire” desde hace unos días, aseguran fuentes del PP.

La fórmula de conflicto entre órganos sirve a la formación de Alberto Núñez Feijóo tanto para hacer ruido y continuar boicoteando la ley de amnistía de cara a la galería —pese a sus nulos efectos prácticos a priori—, como para parapetarse frente a Vox. La ultraderecha se topó con una nueva arma para atacar a los populares y así la reivindicó su portavoz parlamentaria, Pepa Millán. Sin embargo, todo podría quedar en agua de borrajas porque el Congreso tiene la potestad de no contestar y la norma seguiría su curso por silencio administrativo, lo cual tampoco demoraría los plazos, según explican fuentes parlamentarias. En ese caso, es el Tribunal Constitucional el que decidirá sin haberse pronunciado antes la Cámara baja.

El pleno para aprobar el choque institucional se celebrará tras el parón de la Semana Santa. Luego el Congreso tiene un mes para contestar. En paralelo, el Senado tiene como plazo límite el próximo 16 de mayo para devolver la norma a la Cámara baja, cuatro días después de las elecciones catalanas. Aunque podría ser antes de esa fecha.

La tensión provocada ante esta vía inaudita se reflejó en otra sesión de alto voltaje en el Senado, donde la portavoz del PP, Alicia García, anunció sus próximos pasos. “En el Senado, como en el Congreso, reside la soberanía nacional y están representados los españoles y la voluntad del pueblo. Y está reflejada la mayoría social del Partido Popular”, indicó García. “El Senado es la representación de todos los territorios. No somos parlamentarios de segunda”, agregó la portavoz durante su turno de palabra en una interpelación dirigida al ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Justicia, Félix Bolaños. El dirigente socialista respondió después. “Han convertido el Senado en una cámara dilatoria y obstruccionista, cuando debería contribuir a mejorar las normas. Todos los que somos diputados hemos sido elegidos también por la ciudadanía”, replicó Bolaños. Y tachó de “artificio” la iniciativa.

Por otra parte, la Mesa debatió y aprobó por la mañana una “propuesta de admisión a trámite” de la ley de amnistía redactada por los letrados del Senado que incorpora los razonamientos en contra de su constitucionalidad y esgrimidos por los propios servicios jurídicos. Algo que, como reconocen PP y PSOE, no suele ocurrir. De ahí que los populares votaran a favor de continuar con su tramitación, mientras que los socialistas decidieran no participar en dicha votación. Una nueva coyuntura no vista con anterioridad y que se suma a la ristra de situaciones “inéditas” que empiezan a acumular las Cortes durante esta legislatura.

La visión del Congreso

Ante la postura adoptada ahora por los letrados y la Mesa de la Cámara alta, donde el PP dispone de mayoría absoluta y cambió al letrado mayor para tener una mayor sintonía con sus tesis, la mayoría progresista que se impone en la Mesa del Congreso sigue respaldando la conclusión del letrado mayor de las Cortes, Fernando Galindo, que en su informe del pasado noviembre no apreció “defectos formales” en ese proyecto de ley registrado por el PSOE y luego votado con sus aliados en la comisión y posteriormente en el pleno, ni tampoco una vulneración “palmaria” de la Constitución. Esa posición de Fernando Galindo, que fue nominado para ese cargo un mes antes por la nueva presidenta, Francina Armengol, entre críticas del PP por su paso anterior por un cargo de director general del Gobierno en el Ministerio de Presidencia, fue muy matizada a su vez por otro informe negativo de las letradas de la comisión de Justicia del Congreso, que capitanea Piedad García Escudero, exletrada del Senado y hermana del expresidente de esa institución, Pío García Escudero.

Los partidos de la mayoría de la Mesa del Congreso, que controlan los cinco componentes del PSOE y Sumar frente a los cuatro del PP, han estudiado este martes la situación de conflicto que parecía a esa hora avecinarse con el Senado y han concluido que “lo importante es que la ley se está tramitando, como no podía ser de otra manera, y en el Senado tienen hasta mediados de mayo para enviar su texto definitivo al Congreso”. Algo que subrayó más tarde en público el portavoz del PSOE, Patxi López, aludiendo a lo que requiere expresamente el artículo 90 de la Constitución. Ni la Presidencia ni los letrados que avalaron la norma en el Congreso en noviembre pasado van a entrar en polémica con el Senado, aunque fuentes de la Cámara baja añaden que lo que ven en el comportamiento de la Mesa y los letrados del Senado con ese informe “son una ocurrencia que viene de quien viene”, en alusión a los intereses del PP. Y en ese capítulo de insinuaciones apuntan a que “ha dado frutos” los fichajes del PP para el Senado de letrados del Congreso contrarios a la ley de amnistía.