La reforma de la sedición indigna a las bases independentistas y los CDR: “Nos han dejado tirados”
Esquerra niega que haya priorizado a sus dirigentes en la reforma del Código Penal, pero resulta señalada por no reducir castigos a causantes de disturbios en la calle alentados a menudo por líderes independentistas
El pacto entre el Gobierno y Esquerra para reformar el Código Penal y modificar el delito de sedición ha estimulado un encendido debate político dentro del independentismo acerca de las luces y las sombras que implica la enmienda normativa. Las voces críticas alertan de que la revisión de los tipos penales beneficia solamente a una minoría de los independentistas involucrados en causas judiciales, básicamente a aquellos que ostentaban cargos de responsabilidad en el Govern o en la administración autonómica. Mientras esto ocurre, no se esperan cambios legales que puedan reducir las condenas para las bases independentistas que participaron en manifestaciones y disturbios alentados por los llamados Comités de Defensa de la República (CDRs) o incluso por el propio expresidente de la Generalitat Quim Torra, que llamó a la protesta bajo el grito de: “¡apretad!”. Entre las bases independentistas, además, ha arraigado el temor a que la reforma legal les pueda acabar perjudicando en futuras manifestaciones por los cambios en el delito de desórdenes públicos.
Víctor tiene 27 años y fue detenido, por los Mossos d’Esquadra, el 18 de diciembre de 2019 cuando participaba en una manifestación convocada por la plataforma Tsunami Democràtic en las inmediaciones del Camp Nou, donde se disputaba un Barça-Madrid. Relata su caso con indignación: “Yo fui a casi todas las manifestaciones, incluida la del aeropuerto, tras la sentencia del procés. Me detuvieron en diciembre por hacer caso a Tsunami Democràtic, que ahora resulta que no era nadie. Llevo tres años encausado y la Generalitat durante todo este proceso ha estado mucho tiempo acusándome. Hoy me acusan los mismos por cuyos derechos me manifesté en 2019. Nos han dejado tirados y yo me enfrento a siete años de prisión”, lamenta Víctor (que prefiere no dar su apellido). “No soy el único, somos muchos represaliados en el proceso soberanista. Yo, desde que me detuvieron, he tenido que ir a firmar el 1 y el 15 de cada mes en el juzgado. No he podido irme de Erasmus y solo he tenido a mi lado a la izquierda independentista. ERC y Junts nos han dejado totalmente tirados”, denuncia.
Sergi se sentará próximamente en el banquillo tras participar en una de las manifestaciones de las convocadas en 2018 (prefiere no especificar cuál fue para evitar que se le pueda identificar). “Los Mossos me pidieron la documentación meses después en otra protesta y luego me acusaron de desórdenes públicos. Ahora ERC y el PSOE quieren reformar el Código Penal. A mí me piden dos años de prisión, si hubiera estado vigente la reforma del delito de sedición creo que me pedirían tres y podría entrar en la cárcel”, lamenta Sergi. Para él es una “contradicción” que la Generalitat se personara en las causas que muchos dirigentes independentistas fomentaron. “Los políticos están en una contradicción que no tiene sentido. Ellos no han hecho los cambios en Mossos que nos habían prometido y, además, nos han acusado por manifestarnos ante una injusticia cometida contra ellos mismos. Junts y ERC han fracasado”, mantiene. “Nos habían hecho creer que la independencia era fácil y que con intentarlo una vez sería suficiente. Ni antes era tan fácil como declarar la DUI, ni ahora el contexto es tan desolador”, concluye.
Norma Pedemonte es abogada de Alerta Solidaria, la entidad de la izquierda independentista que asiste jurídicamente a la mayoría de encausados. “Es mentira que la Generalitat se haya retirado de las causas, ya que cuando esto ha pasado han sido los propios Mossos los que han contratado un abogado y se han personado como acusación particular”, aclara Pedemonte. “La gravedad es que la mayoría de encausados acaban siendo detenidos en manifestaciones que convocaba la propia Generalitat”, lamenta. “Al cabo de unos meses se ha retirado de la causa la Generalitat, pero se han personado los Mossos y yo cuestiono la legitimidad de esas personaciones. Si los agentes no tienen lesiones, qué tipo de interés particular puede tener un mosso en presentarse en una causa por que se hayan quemado contenedores”, concluye. A la mayoría de los imputados se les acusa de desórdenes públicos y atentado a la autoridad. “Dos delitos que tienen penas máximas de hasta seis años cada uno de ellos. A estos, muchas veces se les añaden daños y otros delitos sobre chavales de 20 años”, denuncia.
El Ejecutivo de Pere Aragonès niega haberse movido por intereses partidistas y descarta que la derogación responda a un intento de asegurar el regreso impune de su secretaria general, Marta Rovira, que huyó a Suiza tras el referéndum del 1-O. El entorno del president también desmiente que se haya priorizado una solución que abra la puerta a la reactivación política del líder republicano, Oriol Junqueras, pese a que la reforma propicia que el Tribunal Supremo tenga que revisar la pena a 13 años de inhabilitación del exvicepresidente catalán.
Junts, definitivamente opuesto a cualquier maniobra de Esquerra desde que salió del Govern de la Generalitat, ha ejercido de altavoz de los supuestos perjuicios que conlleva el cambio penal. La presidenta de la formación, Laura Borràs, ha tratado de difundir la teoría de que la supresión de la sedición es una maniobra con un objetivo predeterminado: lograr la extradición de Carles Puigdemont. Junts no azuza en solitario la polémica, porque también han mostrado su disgusto la CUP —“se tiene que abolir la sedición, pero así no”, ha dicho el diputado Xavier Pellicer— y varias entidades vinculadas al independentismo y a las reivindicaciones sociales.
La expulsión de la sedición del Código Penal ha traído de la mano una modificación del delito de desórdenes públicos. “Es un paso adelante en la criminalización de la disidencia política”, alerta el presidente de Òmnium, Xavier Antich. La Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha convocado una manifestación en Barcelona contra la reforma pactada entre el Gobierno y Esquerra. La consejera de Presidencia, Laura Vilagrà, ha replicado que la revisión del Código Penal “mejora la libertad de protesta y manifestación”.
Benet Salellas es abogado penalista y ha ejercido la defensa de “un centenar” de independentistas procesados por su supuesta participación en disturbios y en cortes de carretera. “Está muy bien que retiren la sedición del código, pero no entiendo la reforma de los delitos de desórdenes públicos”, apunta. Razona que en el caso de las personas que ya están procesadas, la reforma “solo puede beneficiarlas, porque un cambio de ley en el tiempo permite escoger el tipo que sea más beneficioso”. Más cauteloso es cuando valora qué implicaciones puede tener el cambio legal para aquellos que sean acusados de desórdenes públicos una vez que esté aprobada la reforma. “Es un escenario incierto, porque da más margen de maniobra a los jueces”. Refiere que el tipo penal pasa a castigar aquellas protestas donde ha mediado “violencia o intimidación” y recela de la “subjetividad” del concepto.
Una maniobra para "castigar y encarcelar la disidencia política"
Oscar Campos es un vecino de Girona de 38 años que fue detenido por el bloqueo de la autopista AP-7 en Salt, en 2019. Su causa se archivó, pero le piden cuatro años de cárcel por desórdenes públicos, daños y atentado a agente de la autoridad por su supuesta participación en el corte de la línea del AVE en el primer aniversario del 1-O. Cree que la reforma del delito de desórdenes públicos "es perjudicial y sienta un precedente muy peligroso para todo el que se manifieste con magnitud, ya que el aumento de las penas mínimas puede significar directamente el ingreso en prisión". Considera que "el objetivo final es la estrategia del poder político de aliarse con el poder judicial y darle herramientas para reprimir el derecho fundamental de manifestación". Cree que debería haber un movimiento general "antirrepresivo" para intentar tumbar esta reforma, que lo que pretende, según él, es "castigar y encarcelar la disidencia política".
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