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Sánchez acelera la reforma de la sedición y lo cambia por un delito de “desórdenes públicos agravados”

El PSOE y Unidas Podemos registrarán el viernes una proposición de ley con reducción de penas que ahora sí acepta ERC, que antes pedía la eliminación

El presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, junto al presidente de Cisco, Chuck Robbins, este jueves en La Moncloa.
El presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, junto al presidente de Cisco, Chuck Robbins, este jueves en La Moncloa.
Carlos E. Cué

El Gobierno precipita la reforma del delito de sedición que había prometido Pedro Sánchez en muchas ocasiones, pero que nunca había llevado a efecto porque no lograba un acuerdo con ERC. Sánchez ha anunciado, en una entrevista en La Sexta la noche de este jueves, que el viernes los grupos parlamentarios del PSOE y Unidas Podemos ―que componen la coalición de Gobierno― presentarán en el Congreso una proposición de ley que incluirá una modificación del Código Penal para eliminar la sedición. Este delito, por el que fueron condenados los líderes del procés que se quedaron en España y tienen pendientes procesos los que se fugaron, será sustituido por otro de “desórdenes públicos agravados” y se homologará así a la legislación de la mayoría de los países europeos, mucho más suave que la española en este asunto. Sánchez ha citado especialmente los ejemplos de Italia, Alemania o Francia. “Estamos dando un paso adelante de homologación con Europa, estamos cambiando un delito que se promulgó en 1822. Es bueno que España dé un paso definitivo para homologarse a las democracias europeas”, ha insistido. El presidente ha recordado que Alemania eliminó el delito de sedición en 1970. Mientras ERC ha señalado rápidamente que “la eliminación de la sedición es un gran paso adelante”, el PP ha sostenido que se confirma que “el Código Penal es moneda de cambio con el independentismo para facilitar la permanencia [de Sánchez] en el palacio de La Moncloa un año más”, y ha hablado de “traición” y “humillación.

Esta reforma implicará sin duda una reducción sustancial de las penas, pero no que los líderes que se fugaron, en especial el expresident Carles Puigdemont o también la secretaria general de ERC, Marta Rovira, queden sin ningún tipo de condena, según ha explicado el presidente. “Puigdemont tendrá que rendir cuentas ante la justicia española, seguirá siendo delito”, ha señalado Sánchez. Si los fugados deciden volver a España después de que la reforma entre en vigor, se enfrentarán a una pena mucho menor y probablemente no sufrirían presión preventiva —para justificarla es necesaria una pena potencial muy alta—, pero eso no conllevaría que evitasen con seguridad la cárcel. En cualquier caso, eso dependería de los jueces. Según el Gobierno, el delito de sedición español, que deriva de un Código Penal de 1822, está obsoleto y no existe prácticamente en ninguna legislación europea. La pena máxima actual son 15 años, por eso a Oriol Junqueras, líder de ERC, le cayeron 13.

Sánchez toma así la decisión de precipitar una reforma que prometió al inicio de la legislatura. Un “compromiso personal” suyo, como ha dicho en varias ocasiones, que, sin embargo, ha dormido en un cajón durante casi tres años porque ERC insistía en exigir la eliminación completa de cualquier tipo de pena por lo que hicieron los líderes del procés, algo que el Ejecutivo se negaba a aceptar. Si el PSOE y Unidas Podemos se han animado a llevar de forma inmediata esta reforma al Congreso es porque ahora sí cuentan con el respaldo de ERC, aunque los republicanos no firmarán la norma presentada el viernes y esta tendrá que ser negociada en las Cortes. El Gobierno ha elegido el camino de la proposición de ley para que su tramitación sea más rápida, ya que si fuera proyecto de ley del Ejecutivo tendría que pasar por varios órganos consultivos y resultaría mucho más lenta. El texto necesitará el apoyo de otros grupos de la mayoría para llegar a los 176 escaños, y contará sin duda con el rechazo frontal en la oposición de PP, Vox y Ciudadanos.

Precisamente, la reforma de la sedición fue el argumento que utilizó el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, para justificar la ruptura de las negociaciones para la renovación del Consejo General del Poder Judicial después de casi cuatro años de bloqueo. Feijóo exigió a Sánchez que se comprometiera a no reformar el delito de sedición, y el presidente le contestó que eso era un “chantaje”. La razón es que, con una mayoría de 176 escaños ―la que se necesita para aprobar una ley orgánica como esta―, el Congreso tiene todo el derecho a sacar adelante una reforma que el presidente ha prometido varias veces y el PP no puede vetarla con sus 90 escaños, según le explicó.

El Gobierno está convencido de que, al igual que sucedió con los indultos, la mayoría de los españoles aceptarán que esta es una buena decisión para lograr una salida al conflicto del procés y normalizar la situación en Cataluña, sin llegar a eliminar por completo la condición de delito de los comportamientos de octubre de 2017. Sánchez ha reivindicado varias veces que, gracias a sus políticas, la situación en Cataluña en 2022 es muchísimo mejor que en ese año, cuando se produjo la declaración unilateral de independencia, mientras en La Moncloa estaba Mariano Rajoy. Aun así, el Ejecutivo asume que las críticas de la oposición serán muy fuertes, pero está convencido de que esta reforma era necesaria para cerrar el proceso de normalización iniciado con los indultos.

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Sánchez ha insistido en que, a pesar de que hay gente a la que los indultos y otras decisiones de su Gobierno les pueden disgustar, la realidad es que la situación política ha mejorado mucho con respecto a 2017. No solo ha bajado el número de catalanes que quieren la independencia, sino sobre todo se ha reducido de forma drástica la preocupación de los españoles por el problema catalán. En el CIS, de hecho, este último ha pasado de ser el segundo problema más acuciante para los ciudadanos ―en los momentos más críticos de hace cinco años― al número 41 en el que se posiciona ahora.

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