Junts afirma que la reforma de la sedición facilita la “extradición de Puigdemont” y exige explicaciones a Aragonès

La reforma del delito de sedición pactada entre el Gobierno y ERC —y presentada como proposición de ley por los grupos de PSOE y Unidas Podemos en el Congreso— ha abierto un nuevo boquete dentro del independentismo. Junts per Catalunya ataca duramente esa propuesta de modificación penal y sostiene que todo forma parte de un plan con un objetivo claro: “La extradición de Carles Puigdemont”. Así lo ha afirmado este martes Albert Batet, presidente de Junts en el Parlamento catalán, quien ha exigido la comparecencia de Pere Aragonès para que explique cómo se ha producido “la negociación entre gobiernos”. El presidente de la Generalitat comparecerá en la Cámara, aunque ya hace días quiso subrayar que ninguno de los posibles afectados por la reforma del Código Penal quedará en una situación procesal peor que la que tiene, en referencia a Puigdemont, huido en Bélgica desde hace cinco años.

Batet ha repetido que al PSOE lo mueve una voluntad torticera pero, cuando se le ha preguntado si cree que ERC es cómplice de esa supuesta estrategia para traer a España al expresident fugado, ha declinado responder. Más contundente ha sido Laura Borràs, presidenta de Junts, que en redes sociales ha acusado veladamente a Esquerra de propiciar que Puigdemont tenga que responder ante la justicia. Desde Junts sostienen que, si la propuesta de reforma legal —que deroga el delito de sedición y crea uno nuevo de desórdenes públicos agravados— prospera, el Supremo podría volver a reclamar a Bélgica la entrega del expresident, y de una manera más rápida. En ERC insisten es que no es así y subrayan que, si los jueces hubieran querido, podrían haberlo reclamado por el delito de malversación y no lo han hecho.

Tras su divorcio en el Gobierno de la Generalitat, las relaciones entre los dos partidos independentistas discurren en un clima de agrio enfrentamiento. Ya el pasado viernes, el portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, activó el nuevo frente al asegurar que con la reforma penal se acabarán “los santuarios” contra los indepentistas huidos, en aparente alusión a Bélgica. Este martes, el punto de partida de los dardos que ha dirigido Junts contra ERC han sido unas manifestaciones de la vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño: “La extradición de Puigdemont es lo que queremos todos”, ha dicho cuando hablaba de la reforma de la sedición. Laura Borràs ha calificado de “inquietante” el alcance de ese “todos” al que se refería Calviño.

Más tarde, el jefe de Junts en el Parlament han insistido en poner el foco sobre ERC y Aragonès, acusando al president de moverse sin buscar el consenso independentista: “Ha negociado solo una decisión que nos afecta a todos”, ha dicho Batet, y le ha exigido respuestas: “Tiene que dar explicacions en sede parlamentaria, porque la reforma de la sedición genera dudas y muchas sombras”.

Junts considera que Puigdemont es una “obsesión” para el Gobierno y sospecha de la colaboración que presta ERC al PSOE en esa estrategia. “Se toman decisiones en solitario, durante un año y medio no hubo ninguna reunión que pusiera en común al independentismo”, ha reiterado Batet. Cuando la mesa de diálogo entre el Gobierno y la Generalitat comenzó su andadura, ERC y Junts se enzarzaron en una polémica sobre quiénes deberían estar en ese foro y el partido de Puigdemont intentó incluir a personas que no estaban en el Govern, algo a lo que Aragonès se negó.

El jefe del Govern aún no ha determinado cuándo será su comparecencia en el Parlament, pero su voluntad es dar explicaciones sobre esta propuesta de reforma del Código Penal. La portavoz de la Generalitat, Patrícia Plaja, no ha querido dar detalles sobre la intención del Govern de reformar también el delito de malversación, pero ha remarcado que la idea es cambiar el castigo penal para los casos en los que no existe lucro propio.

Nuevo revés en la Cámara

Por otra parte, el Govern ha sufrido este martes un nuevo revés al no lograr que la Junta de Portavoces incluyera en el orden del día del pleno de la próxima semana dos decretos-leyes del Ejecutivo: uno sobre la ampliación en 376 millones de euros de un crédito para el departamento de Salud y otro sobre la estabilidad de los funcionarios. El Govern tiene ahora hasta el 13 y el 23 de diciembre, respectivamente, para aprobarlos.

Joan Josep Nuet, director de Relaciones Institucionales, nombrado la semana pasada, ha presentado en la Junta de Portavoces las dos medidas, que no han prosperado al votar en contra Junts y En Comú Podem. Alicia Romero, portavoz del PSC, ha recalcado la situacion de fragilidad del Govern. “No tiene apoyos suficientes para aprobar leyes y tomar medidas”, ha dicho. Jéssica Albiach, líder de En Comú Podem, ha afirmado que ha trasladado a ERC la necesidad de negociar y hablar previamente con los grupos para llevar asuntos al pleno. “Este ha sido otro episodio más de falta de humildad”, ha afirmado.

La mayoría de grupos de la oposición reprochan a Aragonès que gobierne como si tuviera mayoría y no sea consciente de su debilidad parlamentaria al contar solo con el apoyo de 33 de 135 diputados. Socialistas y comunes han exigido al Govern que inicie ya la negociación de los presupuestos. Romero ha avisado de que los socialistas votarán “no” a las cuentas sin el Ejecutivo inicia el trámite parlamentario sin haber cerrado la negociación antes con su partido.

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