ERC y Podemos confirman que presentarán enmiendas a la reforma del Código Penal para rebajar también la malversación

Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) ha aclarado este lunes cuál será su próximo objetivo en la tramitación de la reforma del Código Penal. Una vez acordada con el Gobierno de Pedro Sánchez la desaparición del delito de sedición (a cambio de agravar el de desórdenes públicos), la hoja de ruta de los republicanos pasa ahora por rebajar el delito de malversación mediante alguna enmienda en el Congreso a esa misma propuesta de reforma penal. El president Pere Aragonès ha explicado que la intención es revertir la reforma aprobada por el PP en 2015, y que los beneficiados serían quienes fueron condenados por malversación en el juicio del procés o están pendientes de juicio por esta causa. . Unidas Podemos ha confirmado que está a favor de esa nueva modificación y estudia sus propias enmiendas al respecto, con la premisa de que el Código Penal debe diferenciar las penas de malversación en función de que haya o no enriquecimiento personal.

El presidente catalán, Pere Aragonès, ha admitido que el cambio en la tipificación de la malversación pretende beneficiar a quienes ya fueron condenados por ese delito en el juicio del procés y a quienes están pendientes de otras causas relacionadas, como la que investiga la organización del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 y en la que están implicados una treintena de cargos intermedios de la Generalitat.

El Gobierno no se ha cerrado a esa rebaja de la malversación: el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha dicho este lunes en la Cadena SER que el Ejecutivo “estudiará” la enmienda de ERC cuando se presente, en línea con lo que ya avanzó Pedro Sánchez el domingo en La Vanguardia.

El otro socio de la coalición, Unidas Podemos, también está por la labor, según ha ratificado el presidente de su grupo parlamentario en el Congreso, Jaume Asens, que ha llevado las negociaciones sobre este asunto con el Gobierno y ERC. Asens ha precisado que aún no conocen el contenido de la enmienda que propondrá ERC, pero sí ha explicado que hace tiempo que defienden que ese delito endurecido por el Gobierno del PP en 2015 “está redactado de forma vaga, genérica”, y que ha dado lugar a “interpretaciones abusivas”. Asens sostiene que ahora hay la posibilidad de fijar criterio de forma más “taxativa” y diferenciar bien “cuándo alguien ha utilizado recursos públicos para lucrarse o no”.

La reforma que hizo el Gobierno del PP en 2015 asimiló el delito de malversación, referido al patrimonio público, al de “administración desleal”, que castiga la gestión irregular de patrimonios privados, informa Reyes Rincón. Pasó a penalizarse igual la malversación que implica enriquecimiento (del malversador o de terceros) que la que, sin generar lucro, sí supone un perjuicio para el patrimonio. Y se aumentaron las penas para casos agravados, alcanzando los 12 años de cárcel (la pena máxima de inhabilitación permaneció igual: 20 años).

Asens —que ha añadido que aprovecharán también el trámite de enmiendas para intentar introducir un nuevo delito contra los derechos de los trabajadores— ha llegado a calificar de “desastre” y de “torticera” esa reforma del delito de malversación de 2015. Y ha interpretado que se hizo ad hoc “para perseguir al independentismo” y en concreto al entonces presidente catalán, Artur Mas, tras la convocatoria de la consulta ilegal del 9-N de 2014, porque entonces “no se le pudo llevar a los tribunales” [por ese delito]. Artur Mas no fue acusado de malversación en aquel juicio, del que salió con una condena a inhabilitación por desobediencia. Pero después sí fue condenado por malversación por el Tribunal de Cuentas, lo que implicó una multa millonaria, aunque no prisión.

Joan Mena, portavoz de En Comú Podem, ha defendido que se reforme el delito de malversación para que no se aplique a quien no se lucró personalmente. “El PP lo modificó con unas determinadas intenciones políticas que nos han traído hasta aquí”, ha dicho. Con todo, ha afirmado que se debe de buscar el “mejor encaje posible” para garantizar que no se aplica a quien no se lucró y que se sigue persiguiendo la corrupción. El portavoz de Más País, Íñigo Errejón, también ha adelantado su apoyo a “todas las medidas que sirvan para encauzar el conflicto en Cataluña”; no obstante, se ha mostrado preocupado por que la creación del delito de “desórdenes públicos agravados”, para sustituir a la sedición, derive en una mayor persecución de determinadas protestas o manifestaciones.

El Congreso volverá a reunir este jueves a su Junta de Portavoces con la idea de tomar ya en consideración la proposición de ley de reforma del Código Penal registrada por el PSOE y Unidas Podemos el viernes pasado, que la misma Junta ha calificado este lunes. El objetivo es llevar el debate al pleno cuanto antes, si es posible este mes.

Aragonés, por su parte, ha vuelto a defender la abolición del delito de sedición y ha dicho que con el cambio a desórdenes públicos agravados “nadie empeora su situación”, respondiendo así a las críticas del entorno del expresidente Carles Puigdemont, huido en Bélgica. “De la manera que hemos eliminado la sedición, ahora toca reformar la malversación. Para que lo que no era delito en el 9-N [la primera consulta ilegal sobre la independencia, organizada por la Generalitat en 2014], y pasó a serlo en el 1-O [de 2017], deje de serlo”, ha señalado el jefe del Govern en Rac1, respondiendo a una pregunta directa sobre si ERC presentará esa enmienda en la tramitación parlamentaria de la proposición de ley.

“Las cosas se han de trabajar, no caen del cielo”, ha remarcado Aragonès, insistiendo en sacar pecho de los frutos de su apuesta por la vía del diálogo con el Gobierno central. El president también se ha empleado a fondo en responder a las críticas sobre los efectos de la nueva figura de desórdenes públicos agravados. No solo Junts sino otras organizaciones como Òmnium creen que pone en el punto de mira la movilización social y el derecho a la protesta. El republicano ha defendido que con el cambio “se reduce mucho la arbitrariedad” de los jueces, aunque ha aceptado que tiene sus límites: “¿Se reduce al 100%? No, porque no es una amnistía”. Aragonès insiste en reclamarla, pero al mismo tiempo lleva meses usando el concepto “efectos de una amnistía”. Es decir, lograr reformar legales que, sin llegar a ser un perdón colectivo a los implicados del procés, sí tenga en la práctica esos efectos.

El PSC ha sido especialmente cuidadoso en no especificar si está a favor de la reforma del delito de malversación y se ha limitado a afirmar que siempre ha estado a favor de la “actualización”, en palabras de su portavoz Èlia Tortolero, del Código Penal. “Siempre lo hemos estado por compromiso, por la experiencia de 2017 y para que sea homologable a los estándares europeos”, ha afirmado. La portavoz no ha aclarado si los socialistas catalanes querrían que la reforma recupere el enunciado anterior a la reforma del PP y ha insistido en su satisfacción por el compromiso de Pedro Sánchez, por los frutos, ha dicho, de la mesa de diálogo y por el camino de la concordia.

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