La justicia mantiene el 25% de castellano en los colegios catalanes que ya lo aplicaban

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha decidido mantener el 25% de castellano en una treintena de aulas que ya lo tenían reconocido. La justicia rechaza así la reclamación del Departamento de Educación de la Generalitat, que había pedido eliminar la medida en varios centros tras la aprobación de dos nuevas leyes autonómicas sobre el uso de las lenguas en la escuela. El Gobierno catalán consideraba que la existencia de esta nueva normativa impedía la aplicación de porcentajes. Los jueces no están de acuerdo. “Si bien se modifica el modelo lingüístico de la enseñanza pública [con dichas leyes], no se limita genéricamente la intensidad del uso del castellano como lengua de uso curricular y educativo”, establece el auto publicado este jueves.

El Departamento de Educación ya ha anunciado que recurrirá la resolución, que ha tachado de “filibusterismo jurídico”. Según la secretaria general de Educación, Patrícia Gomà, el TSJC está “retorciendo los argumentos jurídicos para alargar la aplicación de los porcentajes”. Según Gomà, esta decisión judicial provoca “inseguridad jurídica” en los centros afectados”, “confusión en las familias” y “discriminación en los alumnos” que deben estudiar una materia más en castellano por la petición de una sola familia del colegio. Asimismo, la secretaria general ha destacado que “el tribunal tendrá que explicar por qué se aparta” del criterio seguido en otras resoluciones recientes en las que había denegado nuevas medidas cautelares debido a la existencia de la nueva normativa.

La cifra del 25% de castellano en las aulas catalanas la fijó por primera vez el Tribunal Superior de Cataluña en 2014, y en los años siguientes se fue aplicando en las clases de los alumnos cuyas familias pleiteaban para reclamar ese derecho. Pero, a finales de 2020, la justicia extendió la obligatoriedad del 25% de castellano a todo el sistema educativo, una sentencia que debía hacerse efectiva a finales del curso pasado. El Govern y los partidos favorables al modelo de inmersión —en el que, oficialmente, la única lengua vehicular para impartir las asignaturas es el catalán— se pusieron en marcha para eludir la aplicación de la sentencia, aprobando una nueva ley y un decreto ley sobre el uso de las lenguas en la escuela; esas dos normas reconocían al castellano un carácter “curricular” pero no “vehicular”, y rechazaban cualquier porcentaje en el uso de las lenguas. Ambas están ahora en manos del Tribunal Constitucional para valorar su legalidad, después de que el TSJC viera en ellas un posible “fraude de ley” de la Generalitat para burlar la sentencia. Entre tanto, la ejecución de esa sentencia está paralizada.

Con la nueva normativa en la mano, la Generalitat envió al TSJC la petición para dejar de aplicar ese 25% de castellano también en aquellos colegios que ya lo aplicaban desde antes de la sentencia de 2020, aunque no esperó a la respuesta del tribunal y el 1 de septiembre envió a los centros una notificación asegurando que debían ignorar las sentencias relacionadas con sus casos. Hasta finales del pasado curso había 27 centros —y 48 alumnos— afectados por resoluciones judiciales que les obligan a aplicar un 25% de castellano —lo que equivale a una materia más en esta lengua cooficial, además de la de Lengua Castellana— de los cuales 10 tienen medidas cautelares y 17 con sentencias, según Educación.

Finalmente, el TSJC se ha pronunciado este jueves en dos autos sobre el caso particular de dos centros que debían aplicar esas medidas cautelares. Además de considerar que la nueva normativa no es incompatible con el 25%, el tribunal recuerda que “existe una resolución judicial firme, de carácter cautelar, que reconoce el derecho al alumno a recibir una enseñanza en castellano con una determinada intensidad de uso, la cual no resulta afectada de forma automática por la modificación normativa” aprobada por la Generalitat.

Tras este varapalo judicial, el Departamento de Educación ha anulado la reunión que tenía prevista para este viernes con los responsables de los 27 centros que estaban afectados por una sentencia individual para aplicar el 25% de castellano en las aulas. El encuentro había sido convocado después de conocerse que la mayoría de esas 27 escuelas mantiene la medida judicial, a pesar de que el departamento les ordenara a principios de curso que dejaran de aplicarla.

Educación, que negó que se estuviera produciendo esta desobediencia de las direcciones de los colegios, quería conocer los argumentos de la veintena de escuelas que, según avanzó este diario, han optado por hacer caso omiso de su orden de dejar de aplicar el 25% de castellano en las aulas. La Asamblea por una Escuela Bilingüe, que centraliza las demandas de familias que reclaman el 25% en castellano, tachó el encuentro, ahora anulado, de medida de presión a esa veintena de escuelas. Varios de estos centros coinciden en apuntar que la orden de Educación no les da “seguridad jurídica” y adelantan que su intención es mantener la medida del 25% hasta que reciban una orden judicial que les permita levantarla.

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