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El desacuerdo atrasa la respuesta frente a la sentencia del 25% de castellano

ERC y Junts no se ponen de acuerdo en el decreto con el que pretenden ignorar el fallo judicial, y en el Parlament no hay una nueva fórmula que acerque al PSC

Catalan
Manifestación de protesta por la intromisión de la justícia en el modelo educativo catalán.Albert Garcia

El reloj apremia para que se ejecute la sentencia que obliga a impartir en castellano al menos el 25% de las clases en las aulas de Cataluña, pero la política va a su ritmo. El desacuerdo tanto en el seno del Govern ―ERC y Junts quieren aprobar un decreto ley que evite cumplir con la sentencia y dé amparo a los centros, pero no acaban de cerrarlo― como en el Parlament, donde se pretende lograr un pacto de largo espectro, más allá del independentismo, impide vislumbrar el andamiaje legal que prepara la Generalitat. Con él, el Govern espera blindar el modelo vigente (en el que la única lengua docente es el catalán), reconociendo mayor presencia al castellano pero sin fijar un porcentaje. La solución ha de llegar antes de final de mes y las posiciones siguen encalladas. Estos desacuerdos impidieron ayer aprobar el decreto que la Generalitat quería impulsar esta misma semana.

La sentencia del TSJC obliga al Govern a enviar, antes del próximo día 31, a los centros educativos las instrucciones necesarias para empezar a impartir al menos un 25% de las clases en castellano; es decir, al menos una asignatura troncal en esa lengua, además de la de Lengua Castellana.

La presidenta del Parlament, Laura Borràs, representante del ala más dura de Junts, aprovechó este viernes para responder a los llamamientos del presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, de ERC, pidiendo cerrar ya un pacto. “¿Intentar buscar una forma de plantarle cara [a la sentencia]? Sí. ¿Una manera de colaborar? No”, dijo Borràs, criticando que las reformas legales que se están negociando no tengan como objetivo la protección del catalán sino “compartir el marco español” de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que fija la proporción del 25%.

En las filas de Junts insisten en que es necesario el consenso no solo de los partidos políticos sino también de las entidades que buscan la promoción del catalán y el sector educativo. “Queremos el máximo consenso; estamos hablando como si Plataforma per la Llengua [entidad defensora de la escolarización exclusivamente en catalán] quisiera obstaculizar”, remachó Borràs, que cree que no puede haber “rebajas” en este asunto.

La falta de participación de esos actores fue el argumento que Junts utilizó el pasado marzo para descolgarse del acuerdo que había firmado pocas horas antes junto a ERC, En Comú Podem y el PSC. La semana pasada, el partido Borràs y Carles Puigdemont finalmente descartó seguir adelante con el texto de reforma de la Ley de Política Lingüística que, sin asumir el porcentaje fijado por la justicia, dejaba en manos de cada centro educativo determinar la proporción de cada lengua en función de su realidad sociocultural (más castellano en una zona con mayor arraigo del catalán, por ejemplo, y viceversa). El nuevo redactado proponía la enseñanza de las lenguas oficiales y en lenguas oficiales, dando “una presencia adecuada en los currículums y en los proyectos educativos de cada centro para garantizar el dominio oral y escrito del catalán y del castellano al final de la enseñanza obligatoria”.

Junts insiste en hacer una nueva propuesta, mientras el Govern trata de ganar tiempo presentando un recurso de reposición ante el TSJC, para congelar el fallo judicial y no aplicarlo cuando el curso escolar a punto de terminar. ERC intenta hacer de bisagra, consciente de que necesita que tanto el PSC como los comunes no se desmarquen, pues considera vital dar una imagen de gran consenso en su intento de no aplicar la sentencia del 25% de castellano.

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Tanto el decreto ley que prepara el Govern como la ley en el Parlament (bien sea la reforma de la ley lingüística u otra norma ad hoc) avanzan en paralelo, con un espíritu que sus promotores califican de “estrategias compartidas”. El problema es que para Junts cualquier referencia al castellano como lengua de enseñanza o vehicular es vista como caballo de Troya contra la inmersión, mientras que los socialistas, aunque creen que fijar porcentajes es poco pedagógico, ven necesario que el texto enmarque la sentencia y le de un reconocimiento efectivo al castellano.

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