El debate sobre la política lingüística ahonda la fractura en Junts

Semana horribilis para Junts per Catalunya. La formación que lidera Carles Puigdemont, huido de la justicia española en Bélgica, completa ocho días de reveses importantes y que cuestionan seriamente su viabilidad como formación unitaria, con vida propia más allá de la admiración por el expresident. A la lucha por el poder en su seno, ante el hermetismo de Puigdemont sobre su futuro, se suma ahora el choque por un tema tan central como el de la política lingüística, primero participando en el pacto que equilibra la presencia del catalán y del castellano y después desdiciéndose. Y que en el fondo gira entorno a cuál debe ser el rol del partido en el momento actual, con un apoyo menguante a la secesión.

El Govern celebró, el pasado fin de semana, unas jornadas de trabajo que buscaban ayudar a recoser la confianza dentro del Ejecutivo pese a las diferencias partidistas. Junts optó por hacer lo mismo, en clave de intentar trazar el plan de acción para el mediano plazo. Uno de los anuncios esperados de ese cónclave era precisamente salir con una fecha para el próximo congreso de la formación, que debería ser en el verano. Dentro de la formación hay un debate sobre si es conveniente celebrarlo en ese momento o si se debe usar para cambiar la cúpula (como usualmente ocurre en los congresos) o si se tienen que esperar a que pasen las elecciones municipales.

Pero el ambiente está tan enrarecido que el encuentro no permitió acordar ninguna fecha. La decisión ha llegado este lunes: el próximo sábado se celebrará un consejo nacional en el que se anunciará la fecha del congreso ordinario “en los términos que fijan los estatutos”. A las convivencias, los cuadros de Junts llegaron con los bandazos que habían dado durante la semana respecto al modelo lingüístico en la escuela, no posando en una foto con la que el Govern quería mostrar unidad en defensa del catalán durante la huelga. Y después aprobando una modificación de la Ley de Política Lingüística que da a entender, de manera implícita, que el castellano también es lengua de docencia. Hasta ahora ese texto, de 1998, solo hacia referencia al castellano.

Y la guinda fueron unas declaraciones de la consejera de Justicia, Lourdes Ciuró, que en una entrevista publicada el pasado domingo defendió la posibilidad de llegar a pactos con el PSC si eso implicaba gobernar o tener verdadera incidencia. “Si no estamos en los gobiernos, la política que defendemos nosotros no la hará nadie”, dijo la consejera de Junts. El partido la desautorizó con una nota de prensa, aclarando que la formación “no se plantea en ningún caso acuerdos de Gobierno en la Generalitat con partidos que no forman parte de la mayoría independentista”.

Pero eso no quiere decir que no haya ningún tipo de acuerdo sociovergente sobre la mesa. Junts y el PSC, que ya coogobiernan la Diputación de Barcelona, también exploran una pinza a los republicanos en el Consejo de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA). La idea de ambos es dejar en minoría a los republicanos, que presiden el ente gestor de TV3 y Catalunya Ràdio, e imponer, de entrada, una cúpula transitoria hasta que se celebre el concurso de méritos para elegir a los nuevos directores.

Esas luchas de poder en la Generalitat dejan de relieve las dos almas que viven dentro de Junts. Las dos independentistas, aunque una más posibilista que la otra en términos de la gestión. El hecho de que la exconsejera de Educación de CDC, Irene Rigau, estuviera en la elaboración del retoque de la Ley de Política Lingüística le había dado patente de corso al texto dentro de los sectores tradicionalmente convergentes de la dirección. Sin embargo, el independentismo más duro no tardó en poner el grito en el cielo y alertar de que se trataba de “el fin de la inmersión lingüística”. El balance final era que, por un lado, el partido de Puigdemont avalaba un texto que, el Consell de la República, también capitaneado por él, rechazaba frontalmente.

La fecha del congreso es clave porque ello obligaría al eurodiputado a tomar una decisión respecto a su papel en la formación. En su entorno insisten en la idea lanzada por el propio Puigdemont hace un par de semanas: que en el momento clave hará lo que sea mejor para “el país”. Varios miembros del Consell objetan que él tenga ambas responsabilidades. La sucesión en Junts tampoco esta clara, con Laura Borràs parece que cada vez más cerca del banco de los acusados por supuestamente trocear un contrato público para beneficiar a un amigo y críticas constates al secretario general, Jordi Sànchez.