El Parlamento Europeo vuelve a poner en duda el escaño de Puigdemont

El Parlamento Europeo ha rechazado validar la documentación de Carles Puigdemont, Clara Ponsatí, Jordi Soler y Toni Comín para lograr su acreditación definitiva como eurodiputados. La no ratificación llega porque ninguno de los cuatro políticos independentistas prófugos ha pasado por el trámite de jurar la Constitución española, requisito indispensable de acuerdo con la ley nacional. Sin embargo, no pierden el acta por el momento. Es decir, siguen siendo eurodiputados de forma temporal y mantienen todas sus atribuciones, según ha explicado este miércoles el presidente de la comisión de Asuntos Jurídicos de la Eurocámara, Adrián Vázquez, a la espera de que la Junta Electoral Central, máxima autoridad electoral española, aclare la situación de estos parlamentarios.

La decisión de la comisión de Asuntos Jurídicos de no validar las credenciales de los cuatro eurodiputados catalanes ha tenido lugar tras el proceso de ratificación de las credenciales de otros 49 parlamentarios, unos por la sustitución de bajas y otros por el reajuste provocado por el Brexit. Este es un trámite que normalmente no tiene ningún problema. De hecho, según ha explicado el español Vázquez, parlamentario por Ciudadanos, hasta ahora no se había producido una situación similar en la Eurocámara.

Lo inédito de la situación de los eurodiputados huidos ha llevado a la comisión de Asuntos Jurídicos a reclamar informes a los servicios legales de la Eurocámara y asesoramiento externo, y las conclusiones en ambos casos serían “iguales”. La comisión ha tomado la decisión de la no ratificación de credenciales por 20 votos a favor y una abstención y de pedir aclaraciones a la Junta Electoral Central en España para que describa la situación jurídica en la que se encuentran los cuatro.

Vázquez ha apuntado que una situación así no está contemplada en el reglamento parlamentario y corresponde a la presidenta de la institución, Roberta Metsola, marcar los plazos en que las autoridades españolas deben responder.

Puigdemont y Comín se convirtieron en eurodiputados en enero de 2020 pese a no haber jurado la Constitución, algo que no han podido hacer, ya que, como Clara Ponsatí, están prófugos de la justicia desde hace casi cinco años. Ellos pudieron recoger el acta tras la decisión del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) que daba la razón al exvicepresidente de la Generalitat y líder de ERC, Oriol Junqueras, fallando que había adquirido la inmunidad parlamentaria desde el mismo momento en que había sido elegido y no pesar sobre él una condena firme, porque, como dice esa sentencia, “la condición de miembro del Parlamento Europeo se deriva del hecho de ser elegido por sufragio universal directo, libre y secreto”.

Esa decisión no benefició a Junqueras porque la sentencia del procés ya lo había condenado cuando llegó la decisión del tribunal de Luxemburgo. En cambio, sí que sirvió al entonces presidente del Parlamento Europeo, el recientemente fallecido David Sassoli, para abrirles la puerta a Puigdemont y Comín. Ambos se convirtieron en parlamentarios europeos, algo que hasta entonces tenían vetado por no haber completado el trámite de jurar la Constitución española, un requisito que debe hacerse en Madrid. La sentencia también favoreció a Clara Ponsatí y a Jordi Soler, que lograron el acta de eurodiputados tras el reajuste de escaños provocado por la salida del Reino Unido de la UE.

La decisión de no validar por ahora las credenciales no tiene, de momento, consecuencias sobre los cuatro eurodiputados afectados, puesto que siguen manteniendo su acta y las atribuciones que conlleva (voto, sueldo, presencia en comisiones...), al menos hasta que la Junta Electoral Central responda a la comisión. Entre las respuestas posibles, apunta Vázquez, está la de declarar vacante el acta, como recoge la Ley Orgánica de Régimen Electoral.

Pero el embrollo jurídico no se acabaría aquí, ya que el Tribunal General de la UE todavía tiene pendiente de resolver un recurso presentado hace tres años por Puigdemont y Comín. En él, los políticos fugados reclaman la anulación de la decisión del Parlamento Europeo de no reconocerles su condición de diputados nada más abrirse la legislatura, en junio de 2019, porque la Junta Electoral Central había notificado a la cámara que no cumplían las condiciones exigida en la norma española.