El PSC se aleja de la propuesta de una nueva ley del catalán impulsada por ERC y Junts

El consenso para crear un nuevo marco normativo sobre el catalán tras la sentencia que obliga a impartir el 25% de las clases en castellano vuelve a estar en el aire. Esquerra, Junts, PSC y comunes intensificaron este jueves las negociaciones sin alcanzar un acuerdo. Salvador Illa, primer secretario del PSC, se desmarcó ayer del proyecto que ERC y Junts presentaron el miércoles por la noche al optar por mantenerse fiel al acuerdo que suscribieron el pasado 24 de marzo para reformar la Ley de Política Lingüística que considera por primera vez al castellano lengua de aprendizaje. Con todo, las negociaciones siguen abiertas. El plazo que concedió el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya para ejecutar la sentencia acaba el día 30.

Las conversaciones entre los cuatro grupos se prolongaron todo el día de ayer sin que culminarán en ningún acuerdo ni desbloquearan nada. Los republicanos, socialistas y comunes no pidieron ayer la celebración de una junta de portavoces -dieron incluso un ultimátum a Junts- para cambiar el orden del día del Pleno de la próxima semana para debatir la reforma de la ley. No solo eso. Anoche, el Govern tampoco había convocado un Consell Executiu extraordinario para aprobar el decreto-ley que blinde a las direcciones de los colegios. El president Pere Aragonès exhortó a los cuatro grupos desde Bruselas a seguir trabajando para logra “el acuerdo más amplio posible”. “Haré todo lo posible para que así sea”, dijo sin descartar convocar hoy al Govern. En la agenda del president no figuraba ninguna referencia a esa convocatoria. El decreto-ley, según Junts, recoge sus principales reivindicaciones: que Educación sea responsable de los proyectos educativos, recuperar las aulas de acogida y eliminar porcentajes.

El objetivo de Esquerra es poder impulsar de forma paralela tanto la aprobación de una nueva norma en el Parlament como el decreto-ley. Pero parece que la dificultad es encontrar el doble acuerdo tanto con Junts como con los socialistas que aprecian detalles en la nueva propuesta inasumibles. Illa se resistió a dar datos sobre ese reforma de ese marco legal pero desde primera hora de la mañana, en unas declaraciones en Vilanova, fue taxativo al afirmar: “No la vemos (la última propuesta). No mantenemos donde estábamos. Somos de fiar y respetamos lo que firmamos. Siempre hemos dicho que se han de cumplir las resoluciones judiciales, que el catalán tiene que ser la lengua central, el centro de gravedad y que defenderlo no quiere decir ir contra el castellano”, afirmó insinuando que el texto no garantiza el cumplimiento del fallo. Fuentes parlamentarias citadas por Efe señalan que el documento cita textualmente que no se permitirán porcentajes y cómo queda reflejado el tratamiento del castellano.

El acuerdo del 24 de marzo incluía por primera vez al castellano como lengua de aprendizaje, que es sinónimo de vehicular, para poder hacer frente a la sentencia. La ley de Política Lingüística dice: “El catalán se debe utilizar normalmente como lengua vehicular y de aprendizaje en la enseñanza no universitaria”. Mientras la propuesta de modificación establece: “El catalán, como lengua propia de Cataluña, es la lengua normalmente utilizada como lengua vehicular y de aprendizaje del sistema educativo. También es utilizado el castellano en los términos que fijen los los proyectos lingüísticos de cada centro”. Mientras no se resuelve la incógnita, Ramon Espadaler, diputado del PSC-Units per avançar, ha lamentado la actual situación y ha apuntado que parece que algunos estén más interesados en expulsar a los socialistas del acuerdo que no de preservar un acuerdo “transversal y de larga mirada” como el firmado. “Los partidos tienen que escoger entre el interés particular o el general”, ha dicho. “Excluir a los socialistas del acuerdo en catalán es el peor servicio que se puede hacer a la lengua”.

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