El Govern intenta aprobar un decreto ‘in extremis’ para no aplicar el 25% de castellano en las aulas

El reloj corre demasiado rápido para los ritmos de la Administración. El día 31 finaliza el plazo de 15 días que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) dio al Departamento de Educación de la Generalitat para que envíe las instrucciones a los centros educativos explicando cómo se va a aplicar la sentencia que obliga a impartir al menos el 25% de las clases en castellano en todo el sistema. Y el Govern trabaja in extremis para tener listo, antes de que finalice el plazo, un cambio normativo que dé respuesta a la sentencia pero evitando aplicar ese porcentaje.

ERC y Junts, los dos socios de Gobierno, ultiman las negociaciones para que la nueva normativa, que tendría formato de decreto ley, se pueda aprobar este mismo viernes en un Consejo Ejecutivo extraordinario. Eso permitiría que el texto entrara en el orden del día del pleno del Parlament de la próxima semana para ser convalidado. Paralelamente, los dos socios negocian un nuevo marco normativo sobre una ley del catalán para blindar el sistema.

Aunque el decreto todavía no está listo, ambos partidos trabajan sobre la idea de no hacer ningún tipo de mención al 25%, ya que de forma reiterada el Govern se ha negado a fijar porcentajes en el uso de las lenguas en la escuela (en la actualidad, sólo el catalán tiene condición de lengua vehicular o docente). Sostienen, además, que quien debe regular el nivel del uso de las lenguas oficiales en las aulas es la propia Generalitat, no los jueces.

El porcentaje del 25% fue establecido por el TSJC en 2014 (aunque fue en 2020 cuando lo hizo extensivo a todo el sistema) después de que tanto ese tribunal como el Supremo instaran en vano a la Generalitat durante años a que asegurara una presencia adecuada del castellano en las aulas.

Otro de los pilares del decreto ley es la protección del profesorado. El texto, según fuentes de las negociaciones, señalará que los proyectos lingüísticos de los centros educativos serán validados por el Departamento de Educación. Con este gesto, sostienen estas fuentes, sería la consejería que dirige Josep Gonzàlez-Cambray (ERC) la que asumiera la responsabilidad en caso de demandas judiciales, y se evitaría que los jueces señalasen a los directores. Además, Educación asesorará a las direcciones en la elaboración de los proyectos lingüísticos. Actualmente, esos documentos son aprobados por el consejo escolar de cada centro (formado por los docentes y las familias) y se envían, a título informativo, a los Servicios Territoriales, que no están obligados a revisarlos. Ahora falta por ver si este cambio normativo, junto a la sentencia, implicará que las direcciones deban rehacer todos los proyectos lingüísticos.

El nuevo decreto ley podría coincidir en el pleno del Parlament con otra de las normativas con las que los partidos intentan frenar la sentencia. Se trata de la reforma de la Ley de Política Lingüística de 1998, que han pactado ERC, PSC y En Comú Podem esperando que Junts, que se había descolgado, vuelva a sumarse en el último momento. Ese cambio normativo, que también evita citar el porcentaje del 25%, establece que el castellano “tendrá garantizada una presencia adecuada en los currículums y en los proyectos educativos” con el objetivo que los alumnos consigan un pleno dominio de las dos lenguas oficiales.

ERC, PSC y En Comú Podem dieron este martes 24 horas a Junts para que se sumara al pacto. Su previsión era, pasado ese plazo, solicitar una junta de portavoces para incluir en el orden del día del pleno de la próxima semana la reforma de la ley de Política Lingüística. El PSC hizo un llamamiento a Junts para que regrese a ese pacto. Pese al ultimátum, verbalizado por los comunes, ninguno de esos grupos ha presentado en el Registro de la Cámara petición alguna. Esquerra y Junts están negociando una eventual nueva “ley del catalán” como alternativa. Socialistas y comunes se mantienen a la expectativa en aras del consenso. Junts insiste en que no votará la reforma de la ley de política lingüística y apuntan que el decreto-ley del Govern suplirá las lagunas que atribuían a esa norma.

A pesar de la inesperada entrada en escena del decreto ley del Govern, el Departamento de Educación asegura que sigue adelante la elaboración del otro decreto, anunciado hace unas semanas pero que no estará listo en todo caso hasta el próximo año. Cambray no ha dado nunca detalles de esta normativa, aunque sí ha deslizado que debería recoger el informe que está ultimando el Consejo Asesor Lingüístico con propuestas para aumentar el uso del catalán en las aulas.

Dudas por resolver

La incógnita principal, no obstante, es si todos estos cambios normativos ―el decreto ley y la reforma de la Ley de Política Lingüística― serán suficientes para el tribunal y los jueces darán por cumplida la sentencia. Hasta ahora, aunque los cambios estaban ya anunciados, el TSJC ha dicho que eso no era suficiente, y su última decisión, el pasado 9 de mayo, fue el auto en el que daba hasta el 30 de mayo a la Generalitat para aplicar la sentencia sin más dilación.

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