Junts quiere que el consejero de Educación, de ERC, cargue con las consecuencias de desobedecer la sentencia del 25% de castellano

Junts per Catalunya ya tiene su propio plan para preservar el uso del catalán como lengua vehicular en las aulas de Cataluña: este pasa por incumplir la sentencia judicial que obliga a que ―antes del próximo 30 de mayo― al menos un 25% de las clases sean en castellano, y cargar la responsabilidad de ello al departamento de Educación, que está en manos de su socio y a la vez rival: ERC. Tras varias semanas sin dejar clara su postura, Junts finalmente ha hecho público este lunes que apuesta por aprobar un decreto ley que “blinde” el estatus del catalán en la escuela y que descargue en la Consejería de Educación, dirigida por Josep González Cambray, toda la responsabilidad sobre el modelo educativo de cada centro. “Es una propuesta que trasladaremos al Govern para garantizar la lengua y proteger a los directores de las escuelas”, ha dicho Josep Rius, portavoz de JxCat. “Es urgente que los directores reciban instrucciones de parte del Govern”, añadió.

El grupo parlamentario de Junts ha registrado en el Parlament la retirada de su firma en la propuesta para reformar la Ley de Política Lingüística, que había pactado inicialmente con el PSC, ERC y En Comú Podem y en la que se reconocía cierto papel al castellano como lengua de aprendizaje (aunque sin darle la condición de vehicular que los tribunales han exigido reiteradamente). La formación busca ahora el consenso político que la propia dirección de Junts rompió al descolgarse de ese acuerdo solo horas después de firmarlo. Junts aspira a que ERC apoye en sede parlamentaria un documento que dejaría “en manos del departamento de Educación” el modelo lingüístico de cada centro, sin aplicar así de forma general, como ha ordenado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, un mínimo del 25% de clases en castellano. “Lamentamos que les pese más el partido que el país y que tomen decisiones en función de los intereses personales en lugar de los colectivos”, denunció ya la semana pasada Marta Vilalta, portavoz de ERC.

Un eventual acuerdo de los dos socios en el Govern no bastaría, en todo caso, para que el decreto ley prosperase. Haría falta sumar más aliados, y las miradas están puestas en la CUP y en los comunes. Más difícil parece que el PSC acepte participar de la nueva estrategia. Los socialistas han hecho bandera del pacto a cuatro para reformar la Ley de Política Lingüística como herramienta óptima para limar las tensiones sociales en torno a la lengua en las escuelas. “La propuesta no es solo para que se una Esquerra, sino todos los partidos”, ha señalado este lunes el portavoz de Junts. “No nos adaptamos a la sentencia del 25%, sino que le hacemos frente”, ha dicho.

La estrategia pasa por impulsar una nueva norma que dificulte la aplicación de la sentencia judicial. Dándole forma de decreto ley, sostiene Junts, los posibles recursos serían competencia del Tribunal Constitucional y no del TSJC. Fuentes judiciales cuestionan la validez del argumento de Junts y señalan que el Decreto Ley lo que posibilita es mayor “agilidad de aprobación”. Rius ha insistido en que la reforma de la Ley de Política Lingüística ―que al principio Junts apoyó y de la que ahora se desmarca― no servirá para preservar la enseñanza en catalán” y ha sostenido que “no tiene el consenso” de las entidades que trabajan por la promoción del catalán. El portavoz ha destacado que el plan del partido llega avalado por Plataforma per la Llengua y la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y que cuenta con el respaldo del sindicato USTEC y de la Asociación Catalana de Universidades Públicas. Rius no ha nombrado, en cambio, a Òmnium Cultural.

La supuesta falta de “consenso social” fue el principal argumento de Junts para descolgarse del pacto a cuatro para reformar la ley. Ir a defender el modelo lingüístico de la mano de En Comú Podem y, sobre todo, de los socialistas generó una erupción interna en Junts y, a las pocas horas de hacerse público el acuerdo parlamentario, la formación dio marcha atrás. La retirada de la firma en el registro evita cualquier equívoco.

Los comunes insisten, no obstante, en celebrar un pleno extraordinario para aprobar la reforma de la Ley de Política Lingüística, al contar los tres grupos (ERC, En Comú Podem y el PSC) con suficientes diputados para que prospere (73 escaños, por encima de los 68 de la mayoría absoluta). El artículo 72 del reglamento del Parlament permite solicitar una sesión extraordinaria a al menos dos grupos parlamentarios o a una quinta parte de los diputados ―socialistas y comunes suman 41, frente a los 27 necesarios―, pero el PSC no dará ese paso mientras ERC no aclare su postura. Los socialistas solicitarán este martes en la junta de portavoces que esa reforma legal se incluya en el orden del día del pleno ordinario de la semana que viene, para lograr la aprobación del texto sin hacer un ruido “innecesario”. “Queremos que el acuerdo vaya adelante. Exploraremos cualquier cosa que no cuestione nuestro posicionamiento y apueste por la convivencia”, ha sostenido la socialista Maria Lluïsa Moret.

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