ERC, PSC y comunes impulsarán una reforma legal sobre el catalán aunque Junts no la apoye

Esquerra, PSC y En Comú Podem han dado este martes un plazo de 24 horas a Junts per Catalunya para que decida si se suma al pacto sobre el catalán después de que los cuatro partidos firmaran el pasado 24 de marzo una reforma de la Ley de Política Lingüística de la que horas después el partido de Carles Puigdemont se descolgó. Su objetivo es, con o sin Junts, solicitar este miércoles la celebración de una junta de portavoces extraordinaria para debatir y aprobar en el Pleno de la próxima semana en el Parlament el cambio legal, que pretende sortear la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña sobre el la aplicación del 25% de castellano en las escuelas. ERC explora un acuerdo de última hora con sus socios de Govern para que apoyen una nueva norma que recoja en la esencia del pacto del 24 de marzo.

El tiempo apremia porque el TSJC ha dado de margen hasta el 30 de mayo para que el Govern aplique la sentencia, que obliga a utilizar el castellano como lengua vehicular en Cataluña ―ahora mismo sólo lo es el catalán― e impartir por tanto al menos el 25% de las clases (es decir, al menos una asignatura troncal, además de la de Lengua Castellana) en esa lengua. PSC, ERC y En Comú Podem acordaron reformar la Ley de Política Lingüística y definir por primera vez al castellano como “lengua de aprendizaje” y consideran que con ello se evitaría tener que aplicar el porcentaje del 25% dictaminado por los jueces.

El Govern, mientras, ha desplegado su estrategia legal para hacer frente al auto del TSJC. El gabinete jurídico de la Generalitat ha presentado este martes un recurso de reposición ―el plazo acababa hoy― para frenar, de entrada, la premura que manda el auto judicial. El recurso pivota sobre el argumento de que alterar las clases para establecer un mínimo de castellano “supone un grave perjuicio para la comunidad educativa, apenas a unas semanas para que termine el curso”, según la portavoz del Ejecutivo catalán, Patrícia Plaja.

La alteración del modelo educativo vía mandato judicial supone un línea roja para el Govern. “No hacer nada sería regalar la victoria a aquellos que quieren acabar con el modelo de escuela catalana, un modelo de éxito”, ha dicho Plaja. Los abogados de la Generalitat sostienen que la asociación Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) no tiene legitimidad para exigir la ejecución forzosa de la sentencia, aunque el tribunal sí le ha reconocido esa legitimidad. “Es una evidencia que hace falta una respuesta en distintos ámbitos a la vez”, ha abundado la portavoz tras la celebración del Consell Executiu.

A la “batalla judicial” para congelar la aplicación de la resolución del TSJC se le suman los movimientos políticos para impulsar una “modificación legislativa” que permita esquivar la obligatoriedad del 25% de castellano. Junts sostiene que el cambio legal que abanderan PSC, ERC y En Comú Podem no ampara la inmersión lingüística (el modelo basado en que el catalán es la única lengua vehicular en la escuela), y por eso es partidario de que el Govern blinde el sistema actual por decreto ley y no aplique la sentencia. Defiende, además, que ese decreto establezca que el consejero de Educación asume las responsabilidades políticas de esa desobediencia.

ERC, PSC y En Comú Podem suman juntos 74 diputados ―la mayoría está fijada en 68― y por tanto tienen una mayoría holgada para aprobar cualquier modificación de la ley de política lingüística. Sin embargo, su objetivo es ampliar al máximo ese consenso, que con Junts pasaría a ser de 106 sobre 135 escaños, para estar más legitimados ante los tribunales. Mónica Salas, portavoz de Junts, ha afirmado que no se sienten interpelados por ningún ultimátum y que no votarán esa reforma legal.

“Necesitamos una norma con rango de ley. La propuesta en su momento fue la reforma de la Ley de política lingüística. Exploramos todas las vías”, afirma Raquel Sans, diputada de ERC

La portavoz de ERC, Raquel Sans, sostiene que el Govern prepara un decreto que va en la línea de dar “cobertura” a los centros educativos, pero que igualmente el Parlament necesita una norma para defender la inmersión. Con esa voluntad, los tres grupos intentarán que Junts regrese al pacto. Queda la duda ahora si se ceñirán a la reforma de la ley de política lingüística o si preparan un nuevo instrumento legal. “Necesitamos una norma con rango de ley. La propuesta en su momento fue la reforma de la ley de política lingüística. Exploramos todas las vías. No entramos más concreción porque priorizamos el consenso”, ha dicho Sans. Plaja ha evitado dar detalles sobre qué tipo de modificación normativa trabaja la Generalitat: “No puedo avanzar detalles, no porque no los tenga sino porque este tema exige la máxima discreción para lograr el máximo consenso”, ha dicho.

Jéssica Albiach, líder de los comunes, ha afirmado que aunque se busquen fórmulas complementarias el eje central es el acuerdo del 24 de marzo, esto es, que el catalán sigue siendo la lengua vehicular y que se excluyen los porcentajes. “La semana que viene vamos a blindar el catalán con o sin Junts. Les hemos dado un ultimátum. Protegeremos a las direcciones [de los colegios} y a las familias de las injerencias judiciales. Y blindaremos la inmersión”, ha asegurado Albiach, que ha pedido al president Pere Aragonès que deje de hacer equilibrios con sus socios.

Ciudadanos ha mostrado su estupor y ha lamentado los “trilerismos” de los grupos soberanistas y el PSC para “no cumplir la ley”. “El Govern sigue sin ordenar a los centros que apliquen ese 25%. Es increíble que los únicos a favor del bilingüismo seamos nosotros”, ha protestado el diputado Nacho Martín Blanco, de Cs. En las antípodas, la CUP cree que PSC, ERC y En Comú Podem no han hecho más que allanar el camino para asumir y aplicar la sentencia. “Que dejen de marear la perdiz. La sentencia trincha la inmersión, la destruye. Que sean claros”, ha zanjado el diputado Xavier Pellicer.

Puedes seguir a EL PAÍS Catalunya en Facebook y Twitter, o apuntarte aquí para recibir nuestra newsletter semanal