ERC, PSC y comunes impulsarán una reforma legal sobre el catalán aunque Junts no la apoye
Los republicanos exploran un acuerdo de última hora con sus socios de Govern para que respalden una nueva norma
Esquerra, PSC y En Comú Podem han dado este martes un plazo de 24 horas a Junts per Catalunya para que decida si se suma al pacto sobre el catalán después de que los cuatro partidos firmaran el pasado 24 de marzo una reforma de la Ley de Política Lingüística de la que horas después el partido de Carles Puigdemont se descolgó. Su objetivo es, con o sin Junts, solicitar este miércoles la celebración de una junta de portavoces extraordinaria para debatir y aprobar en el Pleno de la próxima semana en el Parlament el cambio legal, que pretende sortear la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña sobre el la aplicación del 25% de castellano en las escuelas. ERC explora un acuerdo de última hora con sus socios de Govern para que apoyen una nueva norma que recoja en la esencia del pacto del 24 de marzo.
El tiempo apremia porque el TSJC ha dado de margen hasta el 30 de mayo para que el Govern aplique la sentencia, que obliga a utilizar el castellano como lengua vehicular en Cataluña ―ahora mismo sólo lo es el catalán― e impartir por tanto al menos el 25% de las clases (es decir, al menos una asignatura troncal, además de la de Lengua Castellana) en esa lengua. PSC, ERC y En Comú Podem acordaron reformar la Ley de Política Lingüística y definir por primera vez al castellano como “lengua de aprendizaje” y consideran que con ello se evitaría tener que aplicar el porcentaje del 25% dictaminado por los jueces.
El Govern, mientras, ha desplegado su estrategia legal para hacer frente al auto del TSJC. El gabinete jurídico de la Generalitat ha presentado este martes un recurso de reposición ―el plazo acababa hoy― para frenar, de entrada, la premura que manda el auto judicial. El recurso pivota sobre el argumento de que alterar las clases para establecer un mínimo de castellano “supone un grave perjuicio para la comunidad educativa, apenas a unas semanas para que termine el curso”, según la portavoz del Ejecutivo catalán, Patrícia Plaja.
La alteración del modelo educativo vía mandato judicial supone un línea roja para el Govern. “No hacer nada sería regalar la victoria a aquellos que quieren acabar con el modelo de escuela catalana, un modelo de éxito”, ha dicho Plaja. Los abogados de la Generalitat sostienen que la asociación Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) no tiene legitimidad para exigir la ejecución forzosa de la sentencia, aunque el tribunal sí le ha reconocido esa legitimidad. “Es una evidencia que hace falta una respuesta en distintos ámbitos a la vez”, ha abundado la portavoz tras la celebración del Consell Executiu.
A la “batalla judicial” para congelar la aplicación de la resolución del TSJC se le suman los movimientos políticos para impulsar una “modificación legislativa” que permita esquivar la obligatoriedad del 25% de castellano. Junts sostiene que el cambio legal que abanderan PSC, ERC y En Comú Podem no ampara la inmersión lingüística (el modelo basado en que el catalán es la única lengua vehicular en la escuela), y por eso es partidario de que el Govern blinde el sistema actual por decreto ley y no aplique la sentencia. Defiende, además, que ese decreto establezca que el consejero de Educación asume las responsabilidades políticas de esa desobediencia.
ERC, PSC y En Comú Podem suman juntos 74 diputados ―la mayoría está fijada en 68― y por tanto tienen una mayoría holgada para aprobar cualquier modificación de la ley de política lingüística. Sin embargo, su objetivo es ampliar al máximo ese consenso, que con Junts pasaría a ser de 106 sobre 135 escaños, para estar más legitimados ante los tribunales. Mónica Salas, portavoz de Junts, ha afirmado que no se sienten interpelados por ningún ultimátum y que no votarán esa reforma legal.
“Necesitamos una norma con rango de ley. La propuesta en su momento fue la reforma de la Ley de política lingüística. Exploramos todas las vías”, afirma Raquel Sans, diputada de ERC
La portavoz de ERC, Raquel Sans, sostiene que el Govern prepara un decreto que va en la línea de dar “cobertura” a los centros educativos, pero que igualmente el Parlament necesita una norma para defender la inmersión. Con esa voluntad, los tres grupos intentarán que Junts regrese al pacto. Queda la duda ahora si se ceñirán a la reforma de la ley de política lingüística o si preparan un nuevo instrumento legal. “Necesitamos una norma con rango de ley. La propuesta en su momento fue la reforma de la ley de política lingüística. Exploramos todas las vías. No entramos más concreción porque priorizamos el consenso”, ha dicho Sans. Plaja ha evitado dar detalles sobre qué tipo de modificación normativa trabaja la Generalitat: “No puedo avanzar detalles, no porque no los tenga sino porque este tema exige la máxima discreción para lograr el máximo consenso”, ha dicho.
Jéssica Albiach, líder de los comunes, ha afirmado que aunque se busquen fórmulas complementarias el eje central es el acuerdo del 24 de marzo, esto es, que el catalán sigue siendo la lengua vehicular y que se excluyen los porcentajes. “La semana que viene vamos a blindar el catalán con o sin Junts. Les hemos dado un ultimátum. Protegeremos a las direcciones [de los colegios} y a las familias de las injerencias judiciales. Y blindaremos la inmersión”, ha asegurado Albiach, que ha pedido al president Pere Aragonès que deje de hacer equilibrios con sus socios.
Ciudadanos ha mostrado su estupor y ha lamentado los “trilerismos” de los grupos soberanistas y el PSC para “no cumplir la ley”. “El Govern sigue sin ordenar a los centros que apliquen ese 25%. Es increíble que los únicos a favor del bilingüismo seamos nosotros”, ha protestado el diputado Nacho Martín Blanco, de Cs. En las antípodas, la CUP cree que PSC, ERC y En Comú Podem no han hecho más que allanar el camino para asumir y aplicar la sentencia. “Que dejen de marear la perdiz. La sentencia trincha la inmersión, la destruye. Que sean claros”, ha zanjado el diputado Xavier Pellicer.
La Generalitat alega: “Unas instrucciones no tienen carácter normativo”
La Generalitat ha pedido la suspensión del plazo de 15 días que dio el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) -y que finaliza el próximo día 30- para aplicar el 25% de castellano en las aulas, por “los graves perjuicios” que, en su opinión, causaría cuando "quedarán apenas tres semanas para que acabe el curso". Así lo solicita en el recurso de reposición que el Govern ha presentado este martes, y al que ha tenido acceso EL PAÍS. En el escrito, la Generalitat también pide la anulación del auto porque considera que “unas simples instrucciones” -las que el Departamento de Educación debe enviar explicando cómo hacer cumplir la sentencia- no tienen carácter normativo suficiente para modificar aspectos tan importantes del sistema educativo.
El recurso del Govern recuerda que quedan pocas semanas para que acabe el curso y aplicar el 25% supone modificar los proyectos lingüísticos, alterar la programación, cambiar las dinámicas de clase y cambiar el material didáctico (coste que cifra en 20 millones de euros).
La Generalitat cuestiona también la decisión del TSJC de considerar la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) como entidad legitimada para pedir la ejecución forzosa de la sentencia, en tanto que asociación que defiende “intereses colectivos de todos los alumnos del sistema educativo”. Educación sostiene que la jurisprudencia del Supremo establece que para este fin “la asociación tiene que estar legalmente habilitada”, como lo está, por ejemplo, una asociación de consumidores.
Asimismo, el recurso argumenta que el auto de ejecución de sentencia “no se ajusta a derecho”, entre otras cosas, porque la resolución de la semana pasada “altera los términos” de la sentencia original del 16 de diciembre de 2020. Esta indicaba que la Generalitat tenía que “adoptar las medidas que sean necesarias” para aplicar el 25%, pero el auto de ejecución entra en concreción indicando al consejero que “adopte unas instrucciones” para hacerlo efectivo. El Govern alega que unas instrucciones no pueden tener carácter normativo. “Unas instrucciones que tienen por finalidad emitir criterios o directrices de actuación a los órganos jerárquicamente dependientes no pueden llenar vacíos normativos ni alterar el marco jurídico vigente”, defiende el recurso, que añade que primero es necesario aprobar la nueva normativa y, posteriormente, las instrucciones.
En este sentido, Educación incide en que no se pueden modificar “los derechos lingüísticos de los alumnos” y el uso de la lengua en la escuela con “unas simples instrucciones”. Además, reprocha al tribunal que haya adoptado el criterio de la AEB -en cuanto a pedir unas instrucciones-, mientras que la parte que impulsó la demanda, el Gobierno central, se conformaba con dejar margen de maniobra a la Generalitat.
En el recurso, la Generalitat también niega “inacción” ante la sentencia y alega que ha impulsado cambios normativos, como un decreto de despliegue de la parte lingüística de la Ley de Educación de Cataluña (todavía en fase inicial) o la reforma de la Ley de Política Lingüística (ahora encallada en el Parlament).
En definitiva, el Govern solicita que se anule el auto de ejecución de la sentencia y que se reconozca que Educación “está llevando a cabo todas las actuaciones necesarias para garantizar normativamente el uso de las dos lenguas oficiales” en la escuela, pero sin citar porcentajes.
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