Los socios del Gobierno aprietan con sus demandas

La pena y la condena es el proceso, al menos políticamente. Esto lo saben el Gobierno, sus socios parlamentarios y la oposición. En qué quedarán las imputaciones en marcha, que afectan a la esposa y al hermano del presidente Pedro Sánchez es lo de menos. El tránsito que deberá recorrer el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, es el verdadero calvario; no el final, no la sentencia. La causa abierta contra Koldo García, el asistente del exministro de Transportes José Luis Ábalos y contra este mismo, son de la suficiente entidad y trascendencia como para que desde las tribunas del Congreso y del Senado, desde los mítines, desde cualquier foro, se puedan lanzar condenas de culpabilidad, al menos política, hacia el presidente del Gobierno.

Las precisiones, las dudas, las sorpresas que se derivan del informe público elaborado por el ministro de Transportes, Óscar Puente, respecto a la declaración acusatoria del empresario Víctor de Aldama hacia el propio Ábalos, van a ser obviadas por el PP. Tampoco se darán por enterados de que las pruebas que el empresario se comprometió a presentar, al parecer para salir de prisión, en las que involucraba en distintos delitos a miembros del Gobierno y del PSOE, siguen sin aparecer. Es más, en algunos casos reconoce que no las tiene.

Nada de eso importa. El próximo miércoles, en la sesión de control al Gobierno, el PP dirigirá sus baterías hacia esos ministros mencionados por Aldama. Si no hay reconsideración en las próximas horas, los populares no preguntarán a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ni al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, por sus áreas de responsabilidad. El contraste con esa actitud de los populares vendrá por las posiciones de los socios externos del Gobierno, muy centrados en sus demandas de antiguos y nuevos compromisos. Para ellos, la corrupción deberá ser probada en los tribunales, caso a caso. Y entre tanto, su interés se ciñe al programa.

“¿Comparte el presidente del Gobierno la necesidad de mantener políticas de protección social?” Detrás de esta pregunta de la portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, a Sánchez, en la sesión de control del miércoles, se encuentra todo un listado de materias en las que, a juicio de la diputada vasca, las políticas sociales no llegan. Junts, sin embargo, opta por una fórmula críptica para no dar pistas al jefe de Gobierno sobre sus pretensiones al pedirle su opinión sobre “la situación política del Reino de España”. Sin misterios, no obstante, Junts negocia con el Ejecutivo el traspaso de las políticas de inmigración para Cataluña.

No hay duda de que el ministro Ángel Víctor Torres es un objetivo en la ofensiva del PP, después de que el presunto corrupto Aldama lo mencionara, aunque días después de salir de la cárcel rebajara sustancialmente sus insinuaciones contra él. El PP se dirige al ministro para que se juzgue a sí mismo y, por tanto, responda si debe seguir al frente de su departamento. Quien da las órdenes al director de gabinete de la vicepresidenta primera quiere saber el PP con el fin de que Montero necesariamente se señale y ponga la plataforma a los populares para que recaiga en ella cualquier hecho delictivo que hubiera podido cometer una persona de su equipo. Aldama señaló al director de gabinete de la vicepresidenta, Carlos Moreno, como receptor de favores que aún están por determinar. Qué relación tiene el Ministerio de Defensa “con la trama de corrupción del PSOE” es la pregunta a su titular, Margarita Robles. La respuesta resulta perfectamente adivinable. A Óscar López, ministro de Transformación Digital y desde el pasado fin de semana flamante secretario general del PSOE de Madrid, tras la dimisión del anterior líder regional, Juan Lobato, le espera una bienvenida parlamentaria de alto voltaje en la sesión de control del miércoles.

El clima será duro, pero, en paralelo, el Gobierno se centrará en la negociación con los grupos que le sostienen en materias muy concretas. El objetivo del PSOE y de Sumar, como Gobierno de coalición, es recabar apoyos para los Presupuestos. Pero no solo ERC, PNV, Junts, Podemos, BNG y Coalición Canaria (CC), los socios más o menos fijos, negocian con el Gobierno. También hay una negociación dentro del Ejecutivo y con los agentes sociales. El PSOE y Sumar “son el Gobierno” ambos, como recalcan en las dos formaciones, por lo que el nivel de interlocución entre ellos resulta muy diferente y, a pesar de las divergencias, van al unísono, aseguran sus miembros. Con discusión, pero juntos. El Ministerio de Trabajo, a través de su titular y vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, está empeñado en la reducción de la jornada laboral, un afán que lo es también de CC OO y UGT. El optimismo gubernamental es variable y en estos días ven más posible sacar los Presupuestos que lograr la aprobación parlamentaria de la reducción de las horas de trabajo, cuestión sobre la que en Junts se han mostrado muy reacios.

Estos asuntos no figuran en los contenidos de la estrategia política del PP. El Gobierno es consciente de la dificultad de hacerse escuchar aunque el presidente exprese que “el acoso político, mediático y judicial” se volverá contra quienes lo provocan, según señaló en conversación informal con los periodistas en la celebración, el pasado viernes en el Congreso del Día de la Constitución.

La calle es otro escenario de dificultad para el Gobierno. Los votantes o simpatizantes de la derecha expresan con rotundidad su rechazo al Ejecutivo y lo centran en el presidente. Esta realidad es incuestionable tanto como la de que el PSOE mantiene su potencial apoyo electoral en torno al 30%, tres puntos menos que el PP, según el barómetro de diciembre para EL PAÍS y la Cadena SER de 40dB. La catástrofe de la dana tiene su reflejo en la opinión de los electores de la Comunidad Valenciana, según un estudio específico del mismo instituto demoscópico. El PP ha bajado cuatro puntos desde las elecciones autonómicas de mayo de 2023 y el PSOE ha escalado dos, de manera que la ventaja de los populares sobre los socialistas en este trabajo queda en unas décimas a favor del primero. Pero falta mucho tiempo para las elecciones, según reitera Sánchez. Y el PP lo ha empezado a creer también.