Sumar fía su rearme a la reducción de la jornada laboral
El grupo se vuelca en la norma estrella del ministerio de Yolanda Díaz y apoyará las movilizaciones de los sindicatos para presionar desde la calle
Sumar se vuelca en la reforma estrella de Yolanda Díaz, la reducción de la jornada laboral. El pacto entre el Ministerio de Trabajo y los sindicatos para pasar de las 40 horas semanales a las 37,5 a partir del próximo año es inminente, y los partidos de la coalición se preparan para dar la batalla en un complejo trámite parlamentario que durará cerca de seis meses. Ante la incertidumbre sobre los Presupuestos, con un Sumar en crisis que busca recomponerse tras el golpe recibido por la caída de Íñigo Errejón entre acusaciones de acoso, el socio minoritario del Gobierno fía su rearme a hacer valer su utilidad en el Ejecutivo, impulsando medidas que “mejoren la vida” de los ciudadanos, como suelen repetir. La reducción de la jornada, que ya fue su principal bandera en la campaña de las generales, permitiría además apuntalar el liderazgo de Díaz y recuperar un perfil de gestora que la aupó la pasada legislatura.
Este miércoles, en un gesto poco común, prácticamente todas las fuerzas políticas del grupo parlamentario han acudido a la reunión celebrada con los líderes de CC OO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, una forma de cerrar filas dentro de la coalición con la propuesta de Díaz. En una nota de prensa, Sumar ha subrayado el “apoyo sin fisuras” a la medida y ha anunciado que respaldará las movilizaciones de los sindicatos —que están haciendo también una ronda de reuniones con las distintas formaciones— para presionar desde la calle y “situar este tema en la opinión pública”.
La oposición inicial de Junts y el PP a la norma complica los números en una Cámara baja de mayorías muy ajustadas y por eso Díaz ha elevado la voz en los últimos días contra el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo. La semana pasada, durante el congreso de UGT, la vicepresidenta le pidió públicamente que se posicionara: ”¿Vais a hacer lo mismo con la reducción de jornada que con la reforma laboral?”, le preguntó desde la tribuna, en referencia a la norma sobre la que el PP votó en contra, pero que salió adelante gracias al sí equivocado del diputado Alberto Casero. Feijóo ya se abrió de algún modo a debatir sobre este asunto en octubre, aunque el ala dura del partido rechazó la propuesta y el dirigente volvió a virar en su estrategia.
La reducción de la jornada laboral es una iniciativa que respaldan dos de cada tres españoles, según revelaba a comienzos de año una encuesta de 40dB. para EL PAÍS y la Cadena SER. En Trabajo creen, por tanto, que el debate está ganado y que ni siquiera los votantes de la derecha entenderían que su partido se opusiera a una modificación que afectará a 12 millones de asalariados en España. Un rechazo del PP daría un poderoso argumento al Gobierno para cargar contra la oposición, mientras que el sí permitiría a Sumar dar luz verde a la primera modificación de esa norma en 40 años y mandaría un mensaje fundamental sobre las posibilidades de acción del Ejecutivo, a pesar de lo complicado de la legislatura.
Dar visibilidad a la acción del Ministerio de Trabajo, desde el que la vicepresidenta Díaz ejerce la coordinación del grupo, a pesar de haber dado un paso atrás en la vida orgánica del partido, es una de las prioridades de Sumar, que quiere dejar a un lado los líos internos y poner el foco en la actividad legislativa. En estos días, el departamento también ha puesto mucho el énfasis en el arranque del proceso para la subida del salario mínimo el próximo año y ha sacado pecho de la decisión de la compañía de reparto Glovo, que ha anunciado que deja atrás su modelo de falsos autónomos, por el que acumula millones de euros en sanciones de Inspección y cotizaciones impagadas y por el que su consejero delegado, Òscar Pierre, está acusado de un delito contra los derechos de los trabajadores. Una de las siguientes batallas que dará el ministerio, además, será la reforma de la indemnización por despido, que quedó fuera de la ley laboral aprobada en 2022 y que Europa ya ha requerido. Economía no quiere tocar esta normativa, pero Trabajo, en línea con los sindicatos, insiste en marcar el cambio como prioritario.
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