La reducción de jornada, la inflación y el avance del resto de salarios condicionan la nueva negociación para subir el SMI

El salario mínimo interprofesional (SMI) ha crecido muchísimo en los últimos años, un 54% desde 2018. Ha pasado de 736 euros brutos al mes en 14 pagas en 2018 a 1.134 en 2024. Este martes el Gobierno da el primer paso para pavimentar una nueva subida en 2025, con la convocatoria del comité de expertos que recomendará cuánto debería subir la menor retribución posible para situarse en el 60% del salario medio. Ese es el compromiso de PSOE y Sumar en su acuerdo de Gobierno, en línea con la recomendación de la Carta Social Europea. Pero, más allá de lo que aconseje este grupo de expertos, el incremento se concretará en la negociación de ministerio, sindicatos y patronales, con varios puntos que condicionan la conversación: el avance de los precios este año (que rondará un promedio del 2,55%), la subida de los salarios pactados por convenio (un 3,8% entre los firmados en 2024, lo que eleva la cifra en que se sitúa el 60% del salario medio) y la posible reducción de jornada, que se traduciría en un alza de los costes salariales para las empresas, con mayor incidencia en pymes de hostelería o comercio.

“Vamos a seguir mejorando los salarios en nuestro país, singularmente el salario mínimo. Como sabéis, mañana mismo convocamos la comisión de expertos para arrancar el debate del salario mínimo interprofesional en nuestro país”, dijo este lunes la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en el Congreso Federal de UGT. La Comisión Asesora para el Análisis del Salario Mínimo ya ha hecho dos recomendaciones al Gobierno. Una en junio de 2021 y otra en diciembre de 2022. La última, cuando el SMI era de 1.000 euros brutos al mes en 14 pagas, proponía elevarlo hasta 1.046, 1.054, 1.066 o 1.082 euros, en función de distintos escenarios. Trabajo terminó optando por el rango alto, con un incremento hasta 1.080 euros. El año pasado no hubo informe de la Comisión y el SMI creció hasta los 1.134 euros, un 5%.

Este grupo de expertos, que en años anteriores contó con académicos, sindicalistas y miembros del propio Gobierno, cambia su persona al frente. En las dos ocasiones anteriores estuvo liderado por la profesora de la Universidad de Alcalá Inmaculada Cebrián. El ministerio, de momento, no detalla quién coordinará el grupo esta vez. Según explica Trabajo, el equipo tomará como referencia la Encuesta de Estructura Salarial del Instituto Nacional de Estadística, el mejor registro salarial de España, según los analistas. El problema es que se actualiza con mucho retraso, los últimos datos son de 2022. Para tomar una visión más actualizada, los expertos cruzarán los datos con la Encuesta Trimestral de Costes Laborales (ETCL), que sí recoge retribuciones de este mismo año.

Lo previsible es que la cifra que los expertos pongan en la mesa fije la posición del Ministerio de Trabajo. A partir de ahí empezará el diálogo con sindicatos y patronales, para el que aún no hay fecha. Y en esa negociación cobrarán relevancia varias circunstancias, que pesarán más o menos en los argumentos de los negociadores en función de sus postulados.

Precios y convenios

La primera variable es la inflación, la evolución de los precios. De enero a octubre, la media de los incrementos interanuales del IPC se sitúa en un 2,55%, a falta del dato de noviembre y diciembre. Que el SMI crezca tanto como los precios del año anterior es un punto de partida irrenunciable tanto para sindicatos como para el Gobierno en los últimos años, de forma que la menor nómina posible no pierda poder adquisitivo. Los tres últimos incrementos son un ejemplo: En 2022 el SMI creció un 3,63%, frente a un aumento de precios en 2021 del 3,1%; en 2023 creció un 8%, cuando la inflación de 2022 fue de un 8,4%; y en 2024 se elevó un 5%, frente a un IPC de 2023 del 3,5%. Así, de partida, cuesta imaginar un alza inferior al 2,55%.

La segunda variable clave es la evolución de los salarios en conjunto. Si tomamos en cuenta la ETCL, con el dato del segundo trimestre, las retribuciones crecieron un 4% en los 12 meses anteriores. Es un registro muy parecido al último de la estadística de convenios, que sigue la evolución de los salarios pactados: los convenios firmados a lo largo de 2024 recogen un incremento salarial del 3,8%. Estos avances condicionan la negociación del salario mínimo porque elevan la cifra concreta en que se sitúa el 60% del salario medio. Y como el compromiso del Gobierno es que el SMI se empareje con esta cifra, en consonancia con lo que defiende la Carta Social Europea, si el conjunto de los salarios crece por encima de la inflación, el salario mínimo también debería hacerlo. Fuentes sindicales apuntan que sus reclamaciones, con toda seguridad, superarán ese 4% que ahora marca la evolución salarial interanual. A la vez, indican que también reclamarán que España se ajuste a la directiva europea de salarios mínimos.

El Ministerio de Trabajo defendió con insistencia tras la última subida, la del 5% para 2024, que el SMI ya se sitúa en el 60% del salario medio. Así, una incremento que se acompase con el del resto de salarios bastaría para seguir cumpliendo con la Carta Social Europea. UGT rechaza este planteamiento. El sindicato calcula que el SMI no ha alcanzado el 60% del salario medio. Por ello, defendió un incremento hasta 1.296 euros brutos en la última negociación. “No hemos llegado al 60% del salario medio. Quien da los datos del salario medio en nuestro país, desde nuestro punto de vista, es Eurostat, es la Seguridad Social, es la Agencia Tributaria, y las tres están en esa dimensión [1.296 euros]”, dijo entonces el líder ugetista, Pepe Álvarez.

Reducción de jornada

Otro factor que condicionará la negociación del salario mínimo es la reducción de jornada. El número dos del ministerio, Joaquín Pérez Rey, anunció la semana pasada un acuerdo “inminente” con los sindicatos, una vez consumado el rechazo patronal a la iniciativa. Las centrales rebajan el entusiasmo de Trabajo, creen que aún faltan bastantes detalles por pulir, pero todo apunta que el pacto cristalizará en las próximas semanas. El recorte de jornada enfilará entonces un difícil trámite parlamentario, con todos los ojos puestos en el voto de los nacionalistas de derechas, de los que depende el éxito de la iniciativa. El SMI es competencia exclusiva del Ejecutivo, no necesita el refrendo del Congreso.

Fuentes empresariales señalan que una hipotética reducción de jornada aleja aún más a las patronales de un posible acuerdo para incrementar el salario mínimo. Cabe destacar que los sectores con jornadas pactadas más largas (hostelería, empleo doméstico, comercio y el campo), los que más notarían el alza de costes laborales por la reducción de jornada, también son aquellos en los que el SMI marca más nóminas. “Si nos recortan la jornada va a haber muchos convenios que se paralicen. Yo creo que es evidente”, dijo en julio en una entrevista con este periódico el presidente de la patronal, Antonio Garamendi.

El líder de CC OO, Unai Sordo, señaló recientemente que el retraso en la negociación para reducir la jornada está estancando la negociación de muchos convenios, ya que las patronales pueden aferrarse a la hipotética contracción de jornada para no comprometerse a un cambio de condiciones sin tomar el recorte horario en cuenta. “Ya estamos en periodo de denuncia de convenios colectivos [cuando, antes del vencimiento, empieza la renegociación] y hay una coartada en las organizaciones empresariales, hasta cierto punto lógica, a la hora de decir: es difícil abordar la negociación de un convenio cuando no tengo seguro a ciencia cierta cuál va a ser la jornada laboral el año que viene o el año siguiente”, dijo el 23 de octubre.

Trabajo, CC OO y UGT han acordado las cuatro últimas subidas del SMI (de 950 euros brutos en 14 pagas a principios de 2020 a 965 en septiembre de 2021, de ahí a 1.000 en septiembre de 2022, de esa cifra a 1.080 en enero de 2023 y hasta 1.134 en febrero). A ellos se sumó la patronal en el acuerdo de enero de 2020, que elevaba el SMI a 950 euros mensuales. Ese fue el primer incremento con Díaz como ministra de Trabajo, pero antes hubo otro acelerón, en diciembre de 2018. El entonces Gobierno en solitario del PSOE, que tomó las riendas tras la moción de censura a Mariano Rajoy, se comprometió con sus socios parlamentarios de Unidas Podemos a incrementar el SMI de 736 a 900 euros, pacto que cristalizó en el BOE en el inicio de 2019.