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Arranca la guerra de cifras para subir el salario mínimo: del 3% de la patronal al 10% de los sindicatos

Díaz fija la postura de salida de Trabajo en esta negociación en un alza del 3,7% de esta renta para 2024

Los secretarios generales de UGT y CCOO, Pepe Álvarez y Unai Sordo, junto al presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, en el acto de toma de posesión de Yolanda Díaz como vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, el martes.
Los secretarios generales de UGT y CCOO, Pepe Álvarez y Unai Sordo, junto al presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, en el acto de toma de posesión de Yolanda Díaz como vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, el martes.Juan Carlos Hidalgo (EFE)

El Ministerio de Trabajo tiene previsto convocar en breve a los empresarios y a los sindicatos para escuchar sus propuestas de incremento del salario mínimo interprofesional (SMI) para 2024. Pero antes, unos y otros han empezado a hacer públicas sus peticiones. Los primeros en hacerlo fueron los empresarios de CEOE-Cepyme, que el miércoles se mostraron dispuestos a que esta renta básica subiese un 3% el próximo año, desde los actuales 1.080 euros al mes (en 14 pagas) hasta los 1.112 euros. Sin embargo, los sindicatos rechazaron este jueves dicha propuesta por considerarla insuficiente, ya que CC OO y UGT pretenden que el incremento se sitúe más en el entorno del 10%.

Por su parte, Yolanda Díaz, también sugirió este jueves una posición de partida de su departamento para esta negociación, al hacer referencia a lo que subirá el IPC promedio anual con los datos hasta noviembre (un 3,7% o 3,8%), que será, además, lo que suban las pensiones el próximo año. En esta ecuación para fijar la subida del SMI suele estar presente también el Ministerio de Economía —aunque lo habitual es que no sea de forma púbica—, que aún no ha hecho saber su posición.

Ambas centrales sindicales valoraron este jueves positivamente la voluntad manifestada por los empresarios para subir el SMI un 3%, pero consideraron que la subida del SMI debe priorizar el cumplimiento del mandato de la Carta Social Europea, donde se estipula que esta renta debe equivaler al 60% del salario medio del país, tal y como se recoge en el acuerdo de investidura. Este pacto también incluye que esta renta debe garantizar que sus beneficiarios no pierden poder adquisitivo. El sindicato UGT ya calculó en septiembre a cuánto debería ascender esta retribución para cumplir con el 60% citado: 1.200 euros mensuales, según sus estimaciones con datos de la Agencia Tributaria.

Además, CC OO y UGT, en un comunicado conjunto hecho público este jueves, han introducido un nuevo elemento a tener en cuenta para determinar el alza del SMI: la evolución de los precios de los productos básicos, como la alimentación, que constituyen la parte fundamental de la cesta de la compra de quienes perciben ese salario (alrededor de tres millones de personas), para garantizar que este salario cubre las necesidades básicas de las personas trabajadoras y sus familias. El IPC de los alimentos está subiendo en estos momentos en el entorno del 10%. De ahí que sea este umbral (10%-11%) la cifra de partida que defienden los sindicatos en la nueva negociación.

Esta posición de arranque de los sindicatos queda lejos del 3,7% barajado por la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz. Por el contrario, la oferta de Trabajo queda algo más próxima a la de los empresarios (3%), si bien Díaz hizo hincapié en que el salario mínimo no podría perder poder adquisitivo. Eso aproxima su oferta al 4%, una cifra también próxima a las previsiones de inflación para el próximo año. El SMI subió en 2023 un 8%, frente al 4% que propusieron los empresarios y el 8,5% que defendían los sindicatos. Aunque fuentes de aquella negociación aseguraron que en Trabajo hubieran estado dispuestos a firmar una subida algo inferior si se hubieran sumado los empresarios al acuerdo.

Actualización de contratos públicos

Otra de las explicaciones dadas por los sindicatos para rechazar la propuesta empresarial de elevar el SMI un 3% es que este porcentaje es idéntico al compromiso de subir los salarios pactados en convenio en 2024, tal y como quedó recogido en el V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) firmado en mayo pasado. El argumento de las centrales para no replicar las subidas de los salarios de la negociación colectiva en el salario mínimo es que lo acordado en el AENC “recoge cláusulas vinculadas a la evolución de la inflación, habituales en los convenios colectivos, pero de difícil aplicación en el SMI”. La propuesta de Díaz también vincula el incremento del SMI al IPC, en este caso al promedio anual de noviembre de 2023 sobre diciembre de 2022.

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, volvió a defender este jueves su propuesta para esta renta, “porque así es el compromiso [del AENC] al que llegamos”. Pero, al tiempo, arremetió contra el Gobierno por no actualizar los precios de la contratación pública lo mismo que ha subido el SMI en los últimos cinco años (un 47%). El jefe de la patronal ironizó: “Te invito a cenar, pero pagas tú la cena. Es el Estado el que se tiene que comprometer a actualizar la contratación pública, porque no puede ser que se estén subiendo los salarios en empresas a las que están aplicándoles los costes, y muchas están en pérdidas, y, sin embargo, el Estado no aplica ese margen en los contratos públicos”. Además, el líder de los empresarios recordó el problema de muchas empresas con contratos públicos es que no pueden rescindirlos mientras no haya otra oferta pública.

Trabajo, que deberá tomar una decisión sobre cuánto subir esta renta en las próximas semanas tras escuchar las propuestas de los agentes sociales, aún no ha convocado a patronal y sindicatos a la reunión pertinente, si bien esto podría producirse de un día para otro, según fuentes de la negociación. En cualquier caso, CC OO y UGT manifiestan su disposición a negociar, “como siempre”, el incremento del SMI y, en ese sentido, solicitan al Gobierno que cuanto antes proceda a convocar a los interlocutores sociales para abordar este proceso, “con la voluntad de llegar a un acuerdo sobre una cuestión tan importante para las personas trabajadoras”.

El polémico "comité de expertos"

G. R. P.

El ajuste del salario mínimo sobre el 60% del sueldo medio al que se ha comprometido el Gobierno exige una delimitación precisa de esa cuantía. Una tarea que el Ministerio de Trabajo ha encargado recurrentemente a un comité de expertos (integrado por personas procedentes del ámbito académico, los agentes sociales y el propio Gobierno), y que los empresarios miran con recelo. "Tampoco estamos de acuerdo con que nos saquemos de la manga, como suele ser habitual en este caso, un grupo de expertos, de sabios, que realmente los expertos son las empresas, especialmente las pequeñas empresas, los agricultores, los comerciantes, los hosteleros", subrayó este jueves el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi. Otro reproche habitual de los patronos, y que volvió a recordar su presidente, es que, en su opinión, el salario medio nacional no tiene el mismo impacto en los distintos territorios del Estado, y que en muchas comunidades "ya se sitúa por encima del 60% de su sueldo medio".

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Sobre la firma

Raquel Pascual Cortés
Es periodista de la sección de Economía, especializada en información sobre empleo, Seguridad Social, pensiones y relaciones laborales. Licenciada en C.C. de la Información por la U. Complutense, empezó a trabajar en Cinco Días en 2000 y antes pasó por las secciones de política y economía de la agencia Europa Press y por el diario Soria 7 Días.
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