Junts apremia al Gobierno con el traspaso del control de la inmigración para apoyar los Presupuestos

El mes de diciembre invita a hacer balances de final de año y Junts per Catalunya trata de acelerar las negociaciones con el Gobierno para mejorar su hoja de resultados. El partido independentista catalán apremia al PSOE para cerrar un trato que entregue a la Generalitat competencias en el control de las personas migrantes que llegan a Cataluña. La idea es cerrar un acuerdo que sirva de contrapartida para justificar su posible apoyo a los Presupuestos Generales del Estado. “Hay margen para el entendimiento”, manifiestan fuentes de Junts en el Congreso de los Diputados. El president de la Generalitat, Salvador Illa, reveló durante la sesión de control en el Parlament que hay avances en este tema: “Parece que las tendremos pronto”, afirmó, en relación con las competencias sobre inmigración. “Me voy a alegrar de ello”, abundó.

Junts, espoleado por el auge de la extrema derecha identitaria en Cataluña, ha endurecido su discurso contra la inmigración, e incluso ha mezclado la multirreincidencia con las personas migrantes: ‘’Si se expulsa o no a multirreincidentes se tiene que poder decidir desde Cataluña”, ha manifestado Jordi Turull. El partido se encomienda a datos del Instituto de Estadística de Cataluña (Idescat) para afirmar que un 22,4% de los 8 millones de catalanes han nacido en el extranjero. En la ponencia política aprobada durante el congreso de Calella (Barcelona), hace apenas un mes, la formación posconvergente expone que “la Administración de referencia para todas las personas que llegan tiene que ser la Generalitat y la policía de referencia, las policías locales y los Mossos d’Esquadra”.

El pasado mes de enero, después de las cabalgatas de los Reyes Magos, Junts anunció en un comunicado que había logrado arrancarle al Gobierno la cesión para Cataluña de las competencias sobre la gestión de la inmigración. Durante casi un año, el contenido del trato no se ha concretado. En su negociación con el Gobierno, Junts pone sobre la mesa la necesidad de crear una agencia catalana que tenga plenos poderes para controlar los flujos migratorios, pero este es un tema que parece lejano. El nudo de la discusión entre las dos partes está en consensuar qué facultades puede tener una administración autonómica en una materia que guarda relación directa con las fronteras del Estado. Fuentes conocedoras de la negociación señalan que el choque llega “en aquellos puntos que más tienen que ver con las políticas de seguridad e Interior”.

Con escaso margen para poner Mossos d’Esquadra en los pasos fronterizos, donde el control corre a cargo de la Policía Nacional y la Guardia Civil, Junts centra sus demandas en lograr para la Generalitat la competencia en la concesión de permisos de regularización. Unos permisos, de residencia o de trabajo, que irían condicionados a que la persona migrante acredite unos requisitos de “catalanidad” a través, básicamente pero no solo, del conocimiento de la lengua catalana. En las ponencias que aprobó en su congreso político en Calella, Junts hace constar que es “crucial” poner como reto de país “la supervivencia de la catalanidad”. El documento marco para fijar la estrategia de la formación afirma que “la llegada de un volumen importante de personas que no hablan catalán supone un reto añadido” y subraya que “no es ningún atrevimiento afirmar que, si no logramos cohesionar a toda la ciudadanía de Cataluña alrededor de nuestra lengua, independientemente del origen de cada uno, la supervivencia de la nación catalana y de la catalanidad está en riesgo”.

Junts defiende “el deber” de que los inmigrantes aprendan el catalán y acrediten dominarlo, como condición para poder renovar los permisos de residencia y trabajo. Míriam Nogueras y Jordi Turull, bajo las consignas de Carles Puigdemont, son los encargados de plantear las demandas al Gobierno. Fuentes del partido independentista ponen de manifiesto que “una cosa es la gestión de todos los permisos de residencia y trabajo, y otra cosa es quien firma oficialmente los permisos”. Para dar fe de la complejidad del asunto, se pone como ejemplo lo que sucede con los títulos universitarios, donde el reconocimiento de oficialidad del título tiene poco que ver con quién expida el diploma.

Jordi Turull, secretario general del partido, aludió en su día a un traspaso “integral”. Pedro Sánchez matizó que “todo lo que tiene que ver con el control de fronteras y las políticas de migración irregular está residenciado en la Administración general del Estado”, pero Junts siguió enarbolando aquel acuerdo para reivindicar sus supuestas dotes negociadoras. Un filón que exprimió también Carles Puigdemont durante la campaña de las elecciones catalanas. Pero el acuerdo apenas ha tenido alguna concreción, y Junts llega al examen de diciembre con la intención de poder lucir una buena nota. Más aún cuando sus siete diputados en el Congreso tienen un peso crucial para que el Gobierno pueda aprobar los Presupuestos.