Los agujeros en la denuncia de Aldama que envenena al Gobierno

El hombre que envenena el futuro del Gobierno y del PSOE a cuenta de graves acusaciones de corrupción dedicó la mitad de su vida al “mundo de los negocios” sin dejar rastro de su éxito en las declaraciones de la renta. El empresario Víctor de Aldama (46 años) fue detenido el pasado 20 de febrero a las ocho y cuarto de la mañana en su vivienda de la urbanización Ciudalcampo, en las afueras de Madrid. La Guardia Civil le informó sobre los motivos del arresto: pagar comisiones ilegales a Koldo García, asesor en 2020 del entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, tras conseguir un contrato multimillonario para suministrar mascarillas en lo peor de la pandemia. Los agentes también le leyeron sus derechos a “guardar silencio, a no declarar contra si mismo, a no confesarse culpable y a informar sobre su detención al familiar o persona” que desease. Víctor de Aldama facilitó dos nombres: Luis Alberto Escolano, socio al que supuestamente utilizaba para pagar sobornos con los que alimentar sus negocios, y Claudio Rivas, empresario con el que estaba vinculado en un proyecto del sector de hidrocarburos bajo sospecha.

Aldama quedó en libertad pronto, aunque imputado por graves delitos de corrupción en el caso mascarillas. Pero sólo ocho meses después de aquel suceso, Aldama y Rivas, la persona a la que primero quiso informar de su detención en febrero, fueron detenidos por orden del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, quién decretó prisión provisional para ambos por un supuesto fraude multimillonario en la venta de hidrocarburos.

El empresario Aldama pasó encerrado un mes y 10 días. Salió de la cárcel sólo unas horas después de declarar, a petición propia, ante el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, instructor del caso mascarillas. Su colaboración con la justicia, por la que fue excarcelado con el visto bueno de la Fiscalía Anticorrupción, consistió en confirmar los hechos delictivos por los que estaba imputado y sembrar sospechas sobre medio Gobierno, desde el presidente Pedro Sánchez hasta el número 3 del PSOE, Santos Cerdán, pasando por los ministerios para la Transición Ecológica, de Hacienda, de Transportes y de Política Territorial. Del caso hidrocarburos, por el que estaba encarcelado, no desveló nada.

En esa declaración, retransmitida en tiempo real durante el interrogatorio y cuya grabación en vídeo se filtró a las pocas horas, apenas dejó el empresario pruebas sólidas de las acusaciones contra medio Gobierno. La Fiscalía Anticorrupción se vio obligada a emitir un comunicado, con Aldama ya libre, donde intentaba negar que hubiera dado credibilidad al relato del comisionista.

El empresario se paseó en los días siguientes por varias emisoras de radio lanzando amenazas al Ejecutivo y registró el pasado miércoles en el Tribunal Supremo un documento de 155 páginas con las supuestas pruebas de sus acusaciones.

Una de esas pruebas recoge 75 páginas del “anexo de inversiones reales y programación plurianual” de los presupuestos generales del Estado correspondientes a 2021 donde se relacionan cientos de obras públicas del Ministerio de Transportes o sus organismos dependientes. Noventa de esas obras están subrayadas en rosa o en verde, colores que significan corrupción, según Aldama.

El empresario imputado sostiene que Ábalos cobraba una mordida por cada una de las obras subrayadas en rosa o en verde y que la comisión ilegal estaba entre el 3% y el 5% del contrato. Como garantía para blindar ese botín ilegal, el exministro firmó un contrato con Aldama para hacerse con una vivienda en el Paseo de la Castellana valorada en 1,9 millones de euros. Si no conseguía ingresar las mordidas previstas por las obras preadjudicadas, se quedaría con el inmueble. El entorno de Ábalos lo niega, aunque su firma aparece en un contrato de arrendamiento de la vivienda por 2.500 euros al mes.

Delito en el corazón del ministerio

“El crimen”, señala un dirigente socialista familiarizado con el caso, “es que este Aldama haya estado tan cerca de nosotros, aunque no haya hecho nada o no haya hecho gran cosa. Pero el crimen es que este individuo haya estado en el extrarradio nuestro”. El extrarradio era en realidad el corazón del ministerio de Transportes entre 2019 y 2021. “Alguno de los documentos que ha aportado para su denuncia los ha debido robar allí, porque estaba dentro todo el día”, explica otro alto cargo.

El actual ministro de Transportes, Óscar Puente, encargó un análisis preliminar de las siete obras sospechosas que vio publicadas en los medios de comunicación. Y descubrió que seis de ellas habían sido licitadas y adjudicadas por el ministro Iñigo de la Serna (PP) o por la ministra Raquel Sánchez que sucedió en el cargo a José Luis Ábalos.

Del resto de obras bajo sospecha, tampoco parece que haya mucha verdad en la denuncia promovida por Aldama, según quienes las han analizado. “Es un listado subrayado al tuntún, hay obras que no se ha licitado aún, hay incluso una obra de Ana Pastor (ministra de Fomento con el PP entre 2011 y 2016), otras de Íñigo de la Serna (2016-2018), pocas de Ábalos (2018-2021), algo de Raquel Sánchez (2021-2023) y alguna del actual ministro. Es una milonga”, señalan fuentes ministeriales.

La mayoría de las empresas que Aldama sí identifica con su nombre por supuesto pago de mordidas han declarado a EL PAÍS que la acusación es falsa. En algún caso, ni siquiera es el ministerio de Transportes el órgano que adjudica la obra.

La sospecha de una mentira persigue ahora al empresario cuya confesión amenaza la continuidad del Gobierno y la honorabilidad del PSOE.

Un inspector de la Agencia Tributaria encargado de analizar las declaraciones fiscales de Aldama denunció los engaños del empresario para proteger sus negocios. Según su relato, incluido en el sumario del caso mascarillas, Aldama es un comisionista que fundó en 2012 su primera empresa, Deluxe Fortune, con la que apenas tuvo éxito, a juzgar por su historial fiscal. “En los ejercicios anteriores a 2020, Aldama tampoco tributó absolutamente nada en la medida que esta sociedad sólo generaba pérdidas”, escribe el inspector. Sin embargo, se muestra extrañado por el nivel de vida de Aldama pese a que ni siquiera declaraba por IRPF ―sólo tenía asignado un sueldo de 10.000 euros al año por asesorar a su propia empresa―. “El hecho de no ser declarante de IRPF y no recibir ninguna imputación de ingresos de empresa alguna no le ha impedido mantener un elevado nivel de vida y realizar compras en su propio nombre de imposible encaje en su economía declarada”, escribe el inspector.

La suerte declarada de Aldama cambia en 2020, un año y medio después de ingresar en el corazón del ministerio de Transportes de la mano de Koldo García, mano derecha de Ábalos.

Con España cerrada a cal y canto en lo peor de la pandemia, Aldama convence a Ábalos para que compre ocho millones de mascarillas chinas a una empresa, Soluciones de Gestión, a cuyo dueño conocía por negocios de restauración. A ese contrato siguieron otros de Adif, el ministerio del Interior y las comunidades de Baleares y Canarias. La Fiscalía Anticorrupción, que investigaba este contrato tras una denuncia del grupo parlamentario del PP en la Asamblea de Madrid, descubrió que entre Soluciones de Gestión y dos empresas de Aldama, Deluxe Fortune (creada en 2012) y MTM 180 (fundada en 2019) habían ganado 15 millones de euros por la venta de mascarillas, compraban a 1,5 euros en China y vendía a 2,5 en España). “La contratación pública objeto de la denuncia”, escribió en su querella la Fiscalía Anticorrupción, “no presenta irregularidades significativas, sin que se hayan detectado fallos en el cumplimiento de los requisitos exigibles en cualquier proceso de adjudicación de contratos públicos por emergencia y Covid-19″. Sin reglas de contratación por la emergencia sanitaria, muchos empresarios sin escrúpulos hicieron un gran negocio a cuenta de la pandemia con beneficios multimillonarios sin que la Fiscalía pusiera reparos. Pero en este caso, uno más de los muchos analizados, la investigación detectó un incremento patrimonial en el asesor principal del ministro que decidía la compra de mascarillas y lo vinculó directamente al pago de comisiones ilegales, por lo que se abrió el proceso penal.

La causa abierta en la Fiscalía apunta a Víctor de Aldama como el “nexo corruptor” del ministerio de Transportes entre 2019 y 2021. Sus contactos, según la investigación, le permitieron entrar en otros ministerios para presionar a favor de los negocios de empresarios, que le pagaban supuestamente por el éxito de sus gestiones.

Su primer gran beneficio por la intermediación en la venta de mascarillas —anteriormente sus sociedades declaraban pérdidas― lo declaró sólo en parte ante Hacienda, ofreciendo explicaciones que la inspección consideró falsas. Aldama ganó casi seis millones de euros por supuestas tareas de intermediación con los proveedores de mascarillas y con las compañías aéreas que traían la mercancía desde China. Pero los proveedores y las compañías lo negaron y el inspector concluyó: “Lo que está pagando Soluciones de Gestión a Víctor de Aldama no es por su intermediación sino es por su intervención como conseguidor del contrato”.

La investigación de la Agencia Tributaria destapó así los engaños de Aldama: “el reparto del beneficio en sus dos sociedades es totalmente caprichoso porque detrás de ambas lo único que subyace es el trabajo personal de Aldama. Interponer sociedades para una mejor tributación cuando estamos ante servicios prestados de forma personal y sin intervención de estructura empresarial, como claramente es el caso, es un claro incumplimiento tributario, es una de las formas más comunes de defraudación”. El inspector fiscal concluyó que la cuota tributaria de IRPF correspondiente a Aldama superaba los 1,8 millones de euros y por tanto que el empresario había incurrido en un grave delito para ahorrarse el pago de los impuestos correspondientes.

Aldama dedicó su pelotazo de las mascarillas (casi seis millones de euros), a comprar una nave industrial donde aparcar los coches usados adquiridos en Desguaces la Torre, acceder a la presidencia del Zamora Club de Fútbol tras comprar acciones por cientos de miles de euros, o entrar en el negocio de la pizarra a través de la firma Brama Capital. Un pellizco de aquel botín lo dedicó supuestamente a pagar sobornos, un término que no le gusta y que él definía como “alimentar la máquina” del negocio. El principial beneficiario de los regalos de Aldama fue, según el empresario corrupto, José Luis Ábalos, exministro de Transportes y ex número tres del PSOE.