Aldama presenta en el Supremo un listado de supuestas obras “preadjudicadas” por Ábalos a cambio de comisiones

El empresario Víctor de Aldama, presunto cabecilla de la trama desmantelada en el caso Koldo, ha registrado ante el Tribunal Supremo un documento de 37 páginas con el que aporta supuestas pruebas sobre la presunta implicación del exministro de Transportes José Luis Ábalos en la red corrupta que tuvo su epicentro en ese departamento. El escrito, adelantado por El Español y al que tuvo acceso EL PAÍS, incluye un listado de obras de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Transportes en la etapa de Ábalos, en el que aparecen destacados contratos que él asegura que estaban “pre-adjudicados” supuestamente por el entonces ministro y ex número tres del PSOE a determinadas empresas. Según Aldama, se tratarían de mercantiles “que habrían adquirido el compromiso de pago de comisiones si resultaban adjudicatarias”. El documento también detalla un supuesto contrato para ceder una vivienda de lujo al exministro, y reincide en sus acusaciones contra altos cargos del PSOE, como el ministro Ángel Víctor Torres y Carlos Moreno, jefe de gabinete de María Jesús Montero, ministra de Hacienda.

Este es el primer documento presentado por el abogado de Aldama que ha trascendido desde que, en noviembre pasado, quedó en libertad tras declarar ante la Audiencia Nacional. En esa comparecencia, Aldama señaló como beneficiarios de la trama corrupta a varias personas del entorno del Gobierno y del PSOE, como el actual secretario de Organización, Santos Cerdán, quien lo ha negado. Entre otras mordidas, el empresario aseguró que entregó 250.000 euros a Ábalos y 100.000 euros a su asesor Koldo García por las operaciones de compraventa de mascarillas en lo peor de la pandemia. Tras quedar en libertad, Aldama avanzó que presentaría pruebas de todo lo declarado; y aunque, por ahora, no ha trascendido que haya registrado documentos que avalen todas esas acusaciones, el escrito presentado ahora en el Supremo sí contiene más indicios sobre la implicación del exministro y su asesor en la trama que se investiga.

En el listado de obras que ha entregado Aldama “aparecen subrayados en color rosa los contratos públicos, ya pre-adjudicados a empresas previamente seleccionadas, a quienes debían ser adjudicados” a cambio de comisiones ilegales. “La investigación acreditará las empresas a las que fueron adjudicadas las obras subrayadas en ‘rosa’. Adicionalmente, los contratos subrayados en ‘verde’ corresponderían a las posibles adjudicaciones”, explica. El documento incluye anotaciones manuscritas que, según el abogado del comisionista, “pueden corresponder con la letra de José Luis Ábalos, quizás de don Koldo García [asesor del exministro], sin poderlo afirmar con seguridad”. “Se aporta el documento original a los efectos de comprobación que sea oportuna”, añade.

Para corroborar sus palabras, el empresario añade que tres de las empresas que, según asegura, resultaron presuntamente beneficiadas de estos supuestos amaños ―Lantania SAU, Levantina Ingeniería y Construcción SL y Ortíz, Construcciones y Proyectos SA― también le abonaron a él comisiones “en retribución de la mediación realizada frente al Ministerio de Transportes, para su adjudicación”. En concreto, detalla que estas sociedades realizaron trabajos a favor de Aldama en diferentes propiedades suyas “sin contraprestación” a cambio. Todo ello, recalca, “sin perjuicio de las comisiones abonadas a los otros investigados en esta causa especial”, en referencia a Ábalos y Koldo.

Sobre el exministro, en otro punto de su escrito, Aldama señala que “la solicitud de dádivas” por su parte “fue constante”, y que fueron más allá de los supuestos ingresos en efectivo que le hizo y el pago del alquiler de un piso en Torre Madrid para la pareja de Ábalos. En concreto, asegura que “se proyecto una operación por la cual el señor Ábalos adquiriría, sin contraprestación, el inmueble del Paseo de la Castellana número 164, de Madrid”, propiedad de Aldama, y que ello serviría “como garantía en favor de don José Luis Ábalos del cumplimiento del compromiso por parte de determinadas constructoras de abonar comisiones si resultaban adjudicatarias de determinados contratos públicos pre-adjudicados, esto es, decidido antes de su licitación”. Este inmueble estaba valorado en 1,9 millones de euros, una cantidad que Ábalos “no tenía capacidad financiera para afrontar”, según destaca el empresario en su escrito.

Como prueba de este acuerdo, Aldama aporta el contrato de arrendamiento con opción de compra ―“una especie de fiducia de garantía”, la describe― que ambos firmaron el 24 de abril de 2019 y que expiraba el 14 de febrero de 2024. El empresario admite que el inmueble nunca fue ocupado por el exministro, ya que en el mismo se estaban realizando “obras de reforma que impedían su ocupación”, y que “obviamente no se pagó renta alguna, al tratase de un mero contrato de fiducia”. Este piso, de 252 metros cuadrados y situado en una de las zonas más exclusivas de la capital, se encuentra actualmente bloqueado por orden del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, dentro de la causa en la que se investiga, entre otros, al propio Aldama por un presunto fraude millonario en el IVA de hidrocarburos.

Otros altos cargos

Durante su declaración en la Audiencia Nacional, Aldama había señalado a Carlos Moreno, jefe de gabinete de María Jesús Montero, ministra de Hacienda. Según relató el comisionista, supuestamente se le entregaron 25.000 euros a este asesor del Gobierno para que interviniera en el aplazamiento de una deuda tributaria que acarreaba una de sus compañías, Pilot Real Estate. Para reforzar este relato, el empresario afirma en el escrito remitido al Supremo que puede comprobarse que tenía a Moreno guardado en la lista de contactos de su teléfono; y ha relatado que mantuvieron varias conversaciones de WhatsApp entre ambos. “Moreno solicitó a Aldama que le facilitara oportunidades de inmuebles, toda vez que quería adquirir uno con su pareja, comenzando una relación de interés”.

“Finalmente, la vivienda adquirida por Moreno no fue facilitada por Aldama”, reza el documento aportado por el abogado del empresario, que añade: “Una vez fraguada la relación, Aldama solicitó a Moreno que le ayudase a obtener para la sociedad Pilot Real Estate un aplazamiento de una deuda tributaria, ante la amenaza de un embargo inminente”. La defensa del comisionista aporta una copia de la tarjeta de visita de Moreno. Y, según ha añadido, la agenda de Koldo García refleja cómo este se reunió con el asesor de Montero en cuatro ocasiones entre diciembre de 2019 y mayo de 2021. “Pues bien, el expediente tributario sobre Pilot Real Estate se tramitó en estas fechas”, recalca.

El escrito de Aldama fija la diana en otro cargo socialista: Ángel Víctor Torres, actual ministro de Política Territorial y expresidente de Canarias. En su declaración, el empresario afirmó que Koldo García le pidió 50.000 euros para el dirigente del PSOE como “comisión” por las operaciones de compraventa de material sanitario, pero que él se negó a pagar más dinero. Ahora, el documento presentado por la defensa no solo incide en esa acusación, sino que añade que Aldama realizó gestiones para “facilitar inmuebles para encuentros de diversa naturaleza en los que participaba junto a otras personas el señor Torres”. “En particular fue recurrente el alquiler de un piso en la calle Atocha”, detalla. Fuentes del entorno de Torres niegan esas “graves acusaciones” y aseveran que el equipo jurídico del actual ministro “ampliará las acciones legales que sean oportunas ante las graves injurias y calumnias vertidas sin prueba por Aldama”.

El empresario, que fue presidente del Zamora CF, insiste en su escrito que se “relacionó” con un elevado “elenco de altos cargos” del Gobierno de Sánchez, donde adquirió un importante “grado de penetración”. Según expone, intentó incluso organizar un encuentro entre el jefe del Ejecutivo y Cipriano García, director general de Caja Rural, “patrocinador principal” de su equipo de fútbol”, con la finalidad de que se le expusieran las necesidades de inversión en la provincia de Zamora”. Una cita que, según su versión, fue rechazada el 1 de diciembre de 2020 por Iván Redondo, entonces director del gabinete de Sánchez. Esta negativa contrasta con el relato que ofreció Aldama de su supuesta relación con el presidente, pues en la Audiencia Nacional dijo que este pidió verlo expresamente en un acto del PSOE celebrado el 3 de febrero de 2019 (donde se fotografiaron juntos) para agradecerle unas gestiones que el empresario presuntamente habría hecho en México.

Citados a declarar en el Supremo

El movimiento de Aldama, asistido por su letrado José Antonio Choclán, se produce cuando se avecinan dos semanas frenéticas en las pesquisas. El Supremo ha llamado a Ábalos a declarar como imputado el próximo 12 de diciembre. Y el ex secretario de Organización del PSOE ya ha confirmado que asistirá a esa cita —al estar aforado tenía la posibilidad de rechazarlo hasta que el Congreso resolviera la petición de un suplicatorio—. Esta comparecencia servirá, además, como prólogo para otros dos interrogatorios que deben producirse a los pocos días. El propio comisionista debe acudir el 16 de diciembre al alto tribunal para responder a las preguntas del juez instructor Leopoldo Puente (que se encarga de la parte del sumario que ha asumido el Supremo). El 17 de diciembre debe hacer lo mismo Koldo García.

El Supremo abrió hace unas semanas una investigación contra Ábalos, que está aforado al haberse pasado al Grupo Mixto del Congreso tras ser expulsado del PSOE. El tribunal ha decido también asumir la parte de la investigación de Aldama y Koldo García que considera “inescindible” de la causa contra el exministro, mientras que el resto de actividades de la trama se siguen investigando en la Audiencia Nacional. El juez instructor de esta parte, Ismael Moreno, ya ha ordenado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que “proceda a la comprobación y/o verificación” de las “manifestaciones” que Aldama hizo ante el propio magistrado el pasado 21 de noviembre, cuando protagonizó una explosiva declaración en el tribunal.