Los socios de Sánchez ignoran las denuncias de Aldama

Una imagen, el pasado martes, en los pasillos del Senado describe el momento extraño que vive la legislatura en España, con dos mundos paralelos que no se tocan. Si alguien sin mucha información previa seguía el pleno, se podría imaginar a un Gobierno contra las cuerdas, acorralado por la oposición, que en esta Cámara tiene mayoría absoluta, angustiado por sucesivos golpes judiciales y tal vez a punto de verse forzado a adelantar elecciones. Pero en los pasillos, la ministra de Defensa, Margarita Robles, estaba orientando al portavoz de Junts, Eduard Pujol, sobre la manera en la que tenía que redactar una petición al Consejo de Ministros para que desclasifique documentos secretos del CNI sobre los atentados islamistas del 17-A de 2017 en Barcelona y Cambrils. Esta era una de las exigencias de Junts que se acordó para desbloquear en septiembre la negociación de la senda de déficit, paso previo a los Presupuestos. Robles garantizó que se cumplirá en breve.

Junts, explican diversas fuentes tanto del Ejecutivo como de los independentistas, tiene varias negociaciones abiertas con el Gobierno para rematar compromisos anteriores. Entre ellas figura la “gestión integral” de la competencia en materia de inmigración, que se firmó hace casi un año para lograr el apoyo de Junts a tres decretos económicos decisivos, y que ya está casi ultimada, según fuentes de los dos sectores implicados. Y hay muchos más temas aún secretos que se están negociando para crear el colchón que serviría para dar el salto definitivo, esto es, el apoyo a los Presupuestos que encarrilaría la legislatura. Después de un año, Junts ya está metido en los ministerios, con muchos temas abiertos, con decenas de reuniones discretas, haciendo política clásica. Como lo está ERC, que lleva años negociando decenas de temas sectoriales clave, aunque ahora que está fuera del Govern tiene una posición diferente, más ideológica, y en este momento muy pendiente de la batalla interna para ver si Oriol Junqueras consolida su liderazgo el próximo sábado.

ERC y Junts se miran todo el tiempo de reojo, y de la misma manera que esa guerra fue la que estuvo a punto de tumbar hace dos semanas el paquete fiscal que finalmente el Gobierno salvó, ahora de nuevo los Presupuestos están muy pendientes de la relación entre ambos. Esta semana es muy importante, porque ERC decide si sigue Junqueras, mientras la cúpula de Junts evalúa este lunes en Bruselas con el líder, Carles Puigdemont, lo que ha logrado este año, desde que decidió dar el salto, impensable hasta unos meses antes, de apoyar la investidura de Sánchez.

El Gobierno espera que Puigdemont salga con un discurso duro, exigente, en el que ponga condiciones difíciles para negociar los Presupuestos, pero también confía en que deje la puerta abierta. Si gana Junqueras el sábado la batalla interna en ERC, los dos hombres clave del independentismo seguirán siendo los mismos que aceptaron dar la investidura a Sánchez hace un año a cambio de la ley de amnistía y ahora tienen que decidir si pactan con él unos Presupuestos que desmontarían definitivamente todas las especulaciones sobre una caída anticipada del Gobierno de coalición que ya ni siquiera el PP contempla de forma seria . Técnicamente, Sánchez puede seguir sin Presupuestos, tiene fondos disponibles y capacidad de gestión con los vigentes, incluso más expansivos, pero políticamente los necesita para recuperar iniciativa y salir a la ofensiva, como prometió en el congreso del PSOE.

En esta jugada a muchas bandas, en la que el Gobierno primero tiene que llegar a un acuerdo interno entre el PSOE y Sumar, es clave la posición de Salvador Illa, president socialista de la Generalitat. Por primera vez en una negociación presupuestaria, tanto ERC como Junts están fuera del Govern, y casi todo lo que pacten lo debe ejecutar Illa. Por él pasa el desarrollo de la llamada “financiación singular” de Cataluña, que muchos definen como concierto catalán, acordada por Illa con ERC para ser presidente. Y por él pasa también la transferencia de la inmigración. Illa habla constantemente con Sánchez y ayudará en lo que sea necesario para que haya Presupuestos, que a él le facilitaría el cierre de sus propias cuentas en Cataluña. Vienen semanas de gestos, negociaciones secretas, amenazas de ruptura y tal vez un cierre final que nadie da por seguro, pero la mayoría de los consultados ven como la opción con más lógica política dadas las circunstancias: todos tienen algo que ganar.

Las denuncias de Víctor de Aldama, el empresario en el epicentro del caso Koldo, han alterado mucho a la oposición, que les da toda la credibilidad y por un momento pareció pensar que podían ser el arma definitiva contra Sánchez. Pero no han trastocado en nada la mayoría. Los socios de Sánchez no creen al empresario e incluso muchos de ellos en privado y algunos en público hablan abiertamente de “acoso judicial” y “lawfare” contra el Ejecutivo. El caso hasta puede tener el efecto contrario de rearmar la mayoría.

El propio Sánchez, este viernes en una conversación informal con periodistas, aseguró que el “acoso en el ámbito político, mediático y judicial” tendrá el efecto contrario al buscado y “se volverá contra los acosadores” porque activará el voto progresista como sucedió en julio de 2023. Queda mucho para saber si Sánchez cumple sus planes y acaba la legislatura. Él es el único que puede adelantar las elecciones y no hay ninguna moción de censura a la vista. Pero de momento parece claro que los casos contra su esposa, su hermano y el fiscal general, así como las derivadas del caso Koldo no están haciendo en los socios la mella que le gustaría a Alberto Núñez Feijóo, que ha llegado a llamar al PNV y Junts “cómplices” en su intento por convencerles de que le apoyen en una moción de censura.

El PNV, siempre con la mejor información y una especie de termómetro de la política española, ya ha dejado claro a través de su líder, Andoni Ortuzar, que a ellos todo esto que califican de “ruido” no les cambia en absoluto la estrategia. Ortuzar señaló el viernes que ya llevan dos semanas negociando los Presupuestos con el Gobierno y que harán “lo que esté en su mano” para que se aprueben. El líder nacionalista los separó completamente de las denuncias de Aldama que, insistió, “están más en el ruido que en la información”. Aun así, como pasó con el paquete fiscal, si el Gobierno logra desbloquear el pacto con los independentistas y demás socios, aún le quedará Podemos, que exige una reforma para bajar un 40% el precio de los alquileres y una ruptura de relaciones con Israel. A los Presupuestos aún le quedan muchos obstáculos por sortear, pero en el Congreso empieza a instalarse la idea de que pueden salir adelante en los primeros meses de 2025. Veremos.