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El Gobierno se abre a desclasificar papeles del CNI sobre los atentados de Barcelona y Cambrils

El PSOE y los independentistas acuerdan solicitar documentos sobre los encuentros entre el servicio secreto y el imán de Ripoll, ‘cerebro’ de los ataques

Mariano Rajoy, el Rey Felipe VI y Carles Puigdemont, en el minuto de silencio en Barcelona por los atentados del 17-A
Mariano Rajoy, el Rey Felipe VI y Carles Puigdemont, en el minuto de silencio en Barcelona por los atentados del 17-AEulogio Martín Castellanos
Jesús García Bueno

El Gobierno está dispuesto a desclasificar documentos del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) sobre los atentados de Barcelona y Cambrils, que en agosto de 2017 dejaron 16 muertos y más de 300 heridos. Según el plan de trabajo pactado entre el PSOE y sus socios, que se aprobará previsiblemente este jueves, la comisión de investigación del 17-A solicitará ocho documentos relacionados con los atentados. La desclasificación de esos papeles era una de las condiciones exigidas por Junts per Catalunya para desencallar una comisión que lleva meses paralizada. Si se rubrica el acuerdo, la comisión deberá solicitarlo al Consejo de Ministros, donde todo indica que se dará luz verde a la propuesta, aunque está por ver su alcance. Fuentes del Ministerio de Defensa han señalado a este diario que el Gobierno tiene una “total predisposición a desclasificar lo que haga falta”, porque “no hay nada que esconder” y porque el ejecutivo “es partidario de la transparencia”.

El plan de trabajo pactado incluye la desclasificación de la “información reservada y secreta” en manos del CNI sobre los atentados y, en particular, el registro de visitas del servicio secreto al imán de RIpoll, Abdelbaki Es Satty (considerado el cerebro de los atentados) y las entrevistas que mantuvieron con él en prisión. El plan propone incorporar el permiso de larga duración de Es Satty, así como el expediente de solicitud de residencia, y también que se aporte el voluminoso sumario del caso. Los socialistas y sus socios han pactado además recabar los acuerdos adoptados por las juntas de seguridad autonómicas desde 2011 y la información sobre “amenazas terroristas” en poder de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en 2016 y 2017.

La desclasificación de documentos del CNI fue una de las condiciones que fijó Junts en la propuesta de plan de trabajo que presentó hace seis meses. El PSOE la rechazó entonces y se abrió, como mucho, a que algún miembro del CNI declarase en la comisión de secretos oficiales. El cambio de posición es un gesto más de los socialistas hacia Junts para retomar la negociación de la senda de déficit, indispensable para sacar adelante los Presupuestos, y lograr el apoyo del partido de Carles Puigdemont para encarrilar la legislatura.

En aquel plan de trabajo que quedó en punto muerto, la diputada de Junts Pilar Calvo exigió, además, reabrir la investigación de los atentados —a pesar de que ya existe sentencia judicial firme sobre esos hechos—, aclarar las conexiones entre los servicios de inteligencia y el imán Abdelbaki Es Satty (cerebro de los ataques) e “investigar la posible responsabilidad del Estado” en la compra de precursores de explosivos que sirvieron a la célula yihadista de Ripoll para almacenar hasta 500 kilos de explosivos en la casa que habían ocupado en Alcanar (Tarragona).

Los atentados de Barcelona y Cambrils de 2017 dejaron 16 muertos, más de 300 heridos y una herida que aún supura en el pueblo que vio crecer a los autores, Ripoll (Girona). El 17 de agosto de 2017, el joven Younes Abouyaaqoub atropelló a decenas de personas en la Rambla de Barcelona y, a medianoche, cuatro de sus compañeros de célula irrumpieron en el paseo marítimo de Cambrils (Tarragona) y provocaron el caos. Todos ellos fueron abatidos por los Mossos d’Esquadra, por lo que solamente fueron juzgadas (y condenadas) tres personas que no participaron directamente en la masacre, pero que eran miembros de la célula: Driss Oukabir, Mohamed Houli y Said Ben Iazza.

El plan inicial de los yihadistas era cometer un gran atentado con explosivos en lugares emblemáticos de Barcelona, como la Sagrada Familia o el Camp Nou. El 16 de agosto, sin embargo, se produjo una enorme deflagración en la casa de Alcanar por la acumulación de sustancias inflamables. El imán Es Satty, que impartía sus sermones en la mezquita de Ripoll, murió en el acto junto con otro de los yihadistas. El accidente obligó al grupo, ya sin el liderazgo espiritual del imán, a improvisar un nuevo plan, que llevó a cabo al día siguiente, el 17 de agosto, con una furgoneta alquilada (Barcelona) y unos cuchillos y hachas (Cambrils).

Las teorías sobre el imán de Ripoll

A medida que se conocían detalles del ataque, en pleno fervor por el procés, una parte del independentismo (en especial, la ligada a Junts) empezó a recelar de la investigación de los atentados pese a que fue dirigida por los Mossos d’Esquadra. En especial, por las relaciones del imán con las fuerzas de seguridad del Estado. En 2010, Es Satty fue detenido por tráfico de drogas y condenado. Durante su estancia en la cárcel de Castellón, mantuvo “cuatro entrevistas policiales”, según el informe que Instituciones Penitenciarias entregó en su día al juzgado y que consta en el sumario de la Audiencia Nacional: dos con miembros de la Guardia Civil y otras dos con agentes del CNI. El objetivo de esos encuentros era, supuestamente, captar a Es Satty como informante.

Esas entrevistas (la última fue en 2012, dos años antes de que Es Satty quedara en libertad y cinco años antes de los atentados) son las que alimentan las sospechas de una parte del espectro independentista. En su versión más extrema, esas teorías sostienen que el Estado conocía de antemano los planes de la célula de Ripoll y no impidió que se desarrollasen para frenar en seco el proceso independentista en Cataluña. Personas como Javier Martínez, padre de Xavi (el niño de tres años muerto en el atropello de la Rambla) exigen desde entonces, al menos, una comisión de investigación para conocer “toda la verdad” de los atentados.

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Sobre la firma

Jesús García Bueno
Periodista especializado en información judicial. Ha desarrollado su carrera en la redacción de Barcelona, donde ha cubierto escándalos de corrupción y el procés. Licenciado por la UAB, ha sido profesor universitario. Ha colaborado en el programa 'Salvados' y como investigador en el documental '800 metros' de Netflix, sobre los atentados del 17-A.
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