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El independentismo abraza la teoría conspirativa sobre el 17-A

El Govern alienta la tesis de que el Estado conoció los planes del grupo terrorista de Ripoll y pide explicaciones

Quim Torra y Carles Puigdemont en Berlín en mayo de 2018.
Quim Torra y Carles Puigdemont en Berlín en mayo de 2018. GTRES

Detrás de todo gran atentado hay una gran teoría de la conspiración. Por ejemplo: las Torres Gemelas fueron derribadas, en realidad, por el Gobierno de Estados Unidos. Y la masacre de los trenes de Madrid fue obra de ETA y no de los yihadistas. Hasta ahora, los ataques de Barcelona y Cambrils, que dejaron 16 muertos el 17 de agosto de 2017, parecían inmunes al virus. Ya no. Las informaciones periodísticas sobre los vínculos entre el CNI y el cerebro de los atentados, el imán Abdelbaki es Satty, han alimentado su propia teoría de la sospecha, a la que se apuntan quienes se muestran tan escépticos con la investigación oficial como crédulos con teorías alternativas. En Cataluña, una parte del independentismo la ha alentado con entusiasmo, esperando sacar rédito de ella.

En su versión extrema, esa teoría de la conspiración sostiene que el Gobierno permitió la masacre para cambiar el rumbo del procés. “¿Qué queréis, negociar con un Estado que escoge un atentado para parar un referéndum?”, se preguntó, en Twitter, la exdiputada de la CUP Mireia Boya. Otros políticos soberanistas no llegan tan lejos. Pero plantean que la inteligencia española miró a otro lado mientras se preparaba el ataque frente a sus narices; que pudo evitarlo; o bien que actuó con una imperdonable negligencia.

A esas tesis se han abonado políticos como Pablo Iglesias, líder de Podemos: “El silencio de los grandes medios sobre lo que el CNI sabía de los terroristas de La Rambla revela cómo funciona el poder en España”, tuiteó. Pero quienes las han abrazado con mayor ímpetu han sido el Govern y una parte del independentismo. Empezando por el expresidente Carles Puigdemont —fugado en Bélgica— y su sucesor, Quim Torra: “Es un escándalo gravísimo. Exigimos explicaciones y que se asuman las más altas responsabilidades”, anunció el president.

Carta a los cónsules

Torra dio respaldo solemne a las sospechas en el último pleno

La sesión de control del Parlament de esta semana sirvió para que Torra diese respaldo solemne a unas informaciones que “ponen en duda la gestión de un Estado que siempre mira hacia otro lado”. La “gravedad que insinúan”, agregó, exige “explicaciones y toda la verdad de lo que pasó”. Torra abona así la tesis de que se ocultan datos a sabiendas y pone en cuestión la instrucción que lleva a cabo la Audiencia Nacional desde el mismo día del atentado.

La Generalitat ha puesto en marcha su maquinaria. Solicitó una reunión a la vicepresidenta, Carmen Calvo, y a la ministra de Defensa, Margarita Robles. Por su parte, el consejero de Exteriores, el republicano Alfred Bosch, envió una carta a todos los cónsules de los países con víctimas en los atentados de Barcelona y Cambrils —algunos fallecidos en el atropello de La Rambla eran turistas— para “intercambiar impresiones”. La comisión de investigación sobre el 17-A que se celebra en el Parlament ha acordado, a petición de Junts per Catalunya, citar a la directora del CNI, Paz Esteban. Además del respaldo del Govern, el relato alternativo ha tenido también cierta acogida en la calle: el pasado fin de semana aparecieron pegatinas en la cabecera de La Rambla, donde Younes Abouyaaqoub irrumpió con la furgoneta aquella tarde: “17-A. Basta. Silencio cómplice”, decían.

Todas esas manifestaciones se alimentan de unos artículos publicados por el digital Público que han encontrado enorme eco en los medios de comunicación catalanes, especialmente los de la Generalitat, como TV-3, que ha abierto con ellos varias ediciones de sus informativos.

Ya se sabía que agentes del CNI visitaron a Es Satty mientras este se encontraba preso por tráfico de drogas, entre 2010 y 2014, como era habitual con los reclusos susceptibles de radicalización. Así lo publicó EL PAÍS y así lo reconoció el entonces director del espionaje español, el general Félix Sanz, cuando compareció en la Comisión de Secretos Oficiales en marzo de 2018. Sanz explicó a los diputados que sus agentes se equivocaron gravemente al no dar trascendencia al imán y se desentendieron de él cuando salió en libertad.

El digital sostiene, sin embargo, que el CNI mantuvo como confidente a Es Satty hasta el verano de 2017, pocos días antes de los atentados. Como prueba, cita un correo electrónico de gmail que supuestamente sirvió de “buzón muerto” entre el controlador y el confidente. Pero el informe de los Mossos que consta en el sumario apunta que ese correo pudo ser utilizado entre terroristas para intercambiar “mensajes, órdenes y planificación”. El nombre de la cuenta (adamperez) coincide en parte (Adam) con el que emplearon los terroristas como “identidad falsa” para gestiones de preparación del atentado, como la compra de tarjetas SIM.

“Es una irresponsabilidad”, afea el diputado del PSC Carles Castillo

La acusación más grave, basada en un informe sin fecha, sello ni firma que Público atribuye al CNI y ha publicado por fragmentos, es la que sostiene que el Estado tuvo conocimiento previo de los ataques. El servicio secreto, según el digital, conoció todos los pasos del comando de Ripoll porque “escuchaba los móviles de los asesinos” en los días anteriores al atentado. Lo probaría el hecho de que, en una conversación entre Mohamed Hichamy (abatido en Cambrils) y Younes Abouyaaqoub (que atentó con una furgoneta en La Rambla), este último “corta las frases”, según el citado informe, lo que solo podía saber alguien que le estuviera escuchando.

Fuentes de la investigación señalan que esas conversaciones se escucharon, en efecto, pero con posterioridad a los atentados, porque uno de los miembros del comando (Hichamy) grababa todas las llamadas con una aplicación de móvil llamada Call Recorder.

David Torrents es un agente de los Mossos, especializado en yihadismo, con serias dudas sobre los tratos del CNI con Es Satty. “Cuando preguntas por él y no contestan ni te dan datos...”, explica Torrents, que está en excedencia y ejerce como edil de Junts per Catalunya en Badalona. Pero incluso él rechaza que el CNI siguiera al comando de Ripoll antes del 17-A. Sus pasos, dice, se reconstruyeron con posterioridad. “No hay pruebas por ahora de que el Estado esté detrás, pero hay negligencia”, considera.

“Negligencia”

Torrents niega haber formado parte de un grupo de investigación “alternativo” que cuestiona la versión oficial. Estos días ha estado activo en Twitter y ha pedido una comisión de investigación, en línea con otros políticos independentistas y con el autor de las informaciones. El periodista Carlos Enrique Bayo compareció en la comisión del Parlament. Rechazó por “aberrante” la teoría de la conspiración, pero aseguró que hubo una “negligencia temeraria” y que el 17-A “se pudo evitar”.

En esa misma sesión, tanto Junts per Catalunya como ERC abonaron las sospechas de que se oculta deliberadamente lo ocurrido el 17-A. “Queremos saber toda la verdad”, dijo la republicana Montserrat Fornells. El diputado del PSC Carles Castillo, en cambio, desacreditó las informaciones y tiró de ironía: “Es una irresponsabilidad. Si tienen pruebas que no se pueden enseñar, se convierte en un acto de fe. Al final es alimento para las teorías de la conspiración, que están a la par con la que dice que el ser humano no llegó a la luna”.

Ajeno al ruido político, el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu guarda silencio y sigue investigando para conocer “toda la verdad de lo que pasó”.

El abogado de Puigdemont lleva la conspiración al juzgado

El mosso y ahora concejal de Junts per Catalunya David Torrents visitó a Carles Puigdemont en Waterloo —la localidad belga en la que el expresident se encuentra fugado de la justicia— junto a su “amigo” Javier Martínez, padre de Xavi, el crío de tres años asesinado en La Rambla. “Cada día nos vemos y hablamos”, dice. Añade que el padre se ha reunido con el exjefe de los Mossos, Josep Lluís Trapero, con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y hasta con el juez que investiga los atentados, Fernando Andreu.

Martínez sospecha que se oculta la verdad a las víctimas. “Tengo información. Todo eso del imán sube aún más arriba. La realidad supera a la ficción”, afirma. Asegura que ha recibido “amenazas” —“le han llamado dos veces de un número oculto amenazándole de muerte”, puntualiza Torrents— y que si tiene problemas llamará a los Mossos.

El padre de Xavi ya ha llevado sus sospechas a la Audiencia Nacional. En un escrito, su abogado dice que “no se han investigado suficientemente” (en realidad, la investigación no ha concluido todavía) los atentados y que, “teniendo en cuenta las recientes noticias en prensa”, conviene explorar los vínculos del imán y el CNI. Pide que declaren un jefe de Prisiones —que informó sobre cuatro visitas de las Fuerzas de Seguridad a Es Satty en la cárcel de Castellón— y que los servicios secretos aporten documentos. El CNI “podría tener información” que “podría haber evitado el fatal desenlace”, sostiene. El autor del escrito y abogado del padre es Jaume Alonso-Cuevillas, uno de los letrados de cabecera de Puigdemont y ahora diputado de Junts per Catalunya.

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