La estrategia de la dirección del PP de intentar ir más allá de la confrontación con el Gobierno por sus pactos con las fuerzas independentistas catalanas —como la amnistía o la financiación singular para Cataluña— ha llevado este lunes a Alberto Núñez Feijóo a anunciar una medida centrada en la educación. El líder del PP pretende universalizar la enseñanza de 0 a 3 años en toda España a través de una propuesta de ley sobre conciliación que registrarán este mes en el Congreso. La iniciativa supone abrir el debate sobre la cuestión en la Cámara baja y permite a Génova percutir sobre la “debilidad parlamentaria” de la que adolece Pedro Sánchez, a juicio del PP, cuando vaya a recabar apoyos en el hemiciclo. Las comunidades populares de Galicia, Castilla y León y Comunidad Valenciana ya ofrecen la enseñanza gratis para niños de 0 a 3 años. Los expertos advierten, sin embargo, que la medida requiere multiplicar las plazas escolares y no solo bonificar al 100% las escuelas privadas, lo cual beneficia las clases altas. Los fondos destinados por las administraciones autonómicas a tal fin podrían destinarse, en cambio, a ampliar el número de plazas gratuitas.

“La marca del Partido Popular va a estar unida a la gratuidad de las escuelas infantiles. Habrá un antes y un después de este curso escolar”, ha dicho Feijóo en su visita a una escuela infantil en Alicante, este lunes, junto al presidente de la Comunidad de Valenciana, el popular Carlos Mazón. La elección del centro alicantino no ha sido casual, pues el Ejecutivo de Mazón ha empezado justo este curso a implementar ya esa universalización de 0 a 3 años con un sistema público-privado. Una iniciativa incluida en algunos programas electorales del PP en los comicios autonómicos del 28 de mayo del año pasado y del Partido Popular a nivel nacional para las subsiguientes urnas generales del 23 de julio. Como presidente de la Xunta, Feijóo fue el primero en ponerla en marcha en Galicia en 2022.

También desde su fortín del Senado, el PP incorporó a su vez la universalidad de la enseñanza de 0 a 3 años en una ley de familias presentada el pasado 28 de junio en la Cámara alta, donde los populares ostentan la mayoría absoluta y tienen por seguro que la norma obtendría el visto bueno del pleno. Pero igualmente son conscientes de que se sumaría a la docena de leyes Feijóo acumuladas en el cajón de la Mesa del Congreso, donde el PSOE controla los tiempos por su mayoría parlamentaria. En cualquier caso, el PP no llegó a registrar formalmente su ley de familias en el Senado y el movimiento de hacerlo en los próximos días directamente en el Congreso permite al Partido Popular sondear a otras formaciones como el PNV.

Al respecto, fuentes parlamentarias del PNV señalan a EL PAÍS que “las escuelas de 0 a 3 años (haurreskolak) son gratuitas desde el curso pasado en la Comunidad Autónoma Vasca. Además, esta es una competencia exclusiva de las CC.AA”. Pero no descartan su apoyo a la norma. “En cualquier caso, cuando planteen la iniciativa, la estudiaremos y valoraremos”, remachan las mismas fuentes. En cualquier caso, la formación jetzale, advirtió la semana pasada de que mantiene su apoyo al Ejecutivo de Sánchez pese a que votase a favor de reconocer al candidato opositor Edmundo González como presidente electo de Venezuela. El PP propone que las clases se financien en un 50% por el Estado y en otro 50%, por las comunidades autónomas. Según los números elaborados en Génova, el coste para el Ejecutivo central sería de 2.000 millones de euros.

Problema de la equidad social

Feijóo ha hecho este lunes hincapié en que la medida supone “ampliar” el “Estado del bienestar”. Al hablar de gratuidad del 0-3 y tomar como ejemplo lo que están haciendo comunidades gobernadas por el PP como Galicia y la Comunidad Valenciana hay que tener en cuenta, sin embargo, el problema de equidad social que supone dicha apuesta, al tratarse de una etapa que no está ni mucho menos universalizada. La tasa de cobertura, es decir, el porcentaje de niños en edad de estar escolarizados en el primer ciclo de Infantil que efectivamente lo están, se sitúa en el 48,2% en el conjunto de España, en el 60,6% en Galicia y en el 45,2% en la Comunidad Valenciana. Ello se debe, en gran medida, a la falta de plazas, algo que no ocurre, por ejemplo, en el segundo ciclo de infantil, el 3-6, en el que sí hay oferta disponible para todas las familias que lo desean, y la tasa de escolarización, pese a no ser una etapa obligatoria, es casi completa.

En dicho contexto, el modelo de gratuidad gallego o valenciano implica pasar a destinar decenas de millones de euros a financiar al 100% plazas privadas de hijos de las clases media alta y alta que ya están matriculados en la etapa (porque pueden pagarlo), lo cual implica que dicha inversión pública no va a traducirse, por ese lado, en un aumento de la cobertura. Los fondos destinados por las administraciones autonómicas a tal fin podrían destinarse, en cambio, a ampliar el número de plazas gratuitas. El Ministerio de Educación, que ha invertido 670 millones de euros en ello desde 2021. Y que ha conseguido impulsar con ello un aumento histórico tanto de la cobertura, que en el último curso del primer ciclo de infantil ha pasado del 63,6% en el curso 2019-2020 a un 73,3% en el 2023-2024, como del número absoluto de niños matriculados, que ha pasado, en el mismo periodo y para el conjunto del 0-3, de 469.758 a 484.056 a pesar de la caída de nacimientos registrado.

Las nuevas plazas públicas y gratuitas son mucho más susceptibles de ser aprovechadas por los hijos de las familias de clase media baja y baja, que están escolarizados en una proporción inferior, que las plazas privadas subvencionadas al 100%. Para empezar porque las escuelas infantiles privadas, cuya distribución geográfica ha orientado el mercado a lo largo de los años, se concentran especialmente en los barrios de clase media y alta. Según un informe publicado por Save the Children en 2019, lo estaba el 26,3% de los niños del quintil inferior de renta frente al 62,5% de los que vivían en los hogares con mayores recursos económicos. Y ello pese a que la investigación muestra que los niños de entornos vulnerables son los que más se benefician, tanto durante su trayectoria académica como a lo largo de su vida adulta, en términos laborales y de salud, de contar con una escolarización temprana que compense los entornos de bajo nivel sociocultural en los que suelen criarse.

El problema de equidad de la fórmula de subvencionar completamente las plazas privadas ya existentes (en una especie de concierto educativo encubierto) antes de asegurar la universalización ha sido señalado por expertos como Vicenç Arnaiz, referente en educación infantil e impulsor del modelo de Escoletas de Menorca, y Sheila González, socióloga de la Universidad de Barcelona. Arnaiz subraya igualmente que con los niños más pequeños, y especialmente los que podrían asistir al 0-1, resultaría más conveniente, en términos generales, adoptar otras medidas de carácter social, como incrementar los permisos de maternidad y paternidad, para que el cuidado pudiera desarrollarse en el seno de la familia sin que ello implicara consecuencias negativas desde el punto de vista económico y laboral.