El PP inunda el Senado de “leyes Feijóo” que acaban en el limbo parlamentario

A veces, en los pasillos del Senado, se escucha a trabajadores comentando en sus conversaciones que “esto nunca había sido así”. Con “esto”, los empleados públicos se refieren a la presente legislatura, en la que la Cámara alta ha cobrado un protagonismo inusitado debido a la mayoría absoluta del PP frente a la mayoría parlamentaria del Gobierno en el Congreso. Un desequilibrio de fuerzas que ha provocado no solo el choque institucional constante, sino también la lluvia de leyes registradas por parte del grupo popular. “Leyes Feijóo”. Así ha bautizado el PP la docena de iniciativas presentadas en el Senado, paralizadas luego en la Mesa de la Cámara baja. Y que previsiblemente quedarán para siempre en el limbo parlamentario pese al ruido generado.

Aunque está esencialmente concebida como una Cámara de segunda lectura, los grupos tienen la facultad de presentar en el Senado iniciativas legislativas que más tarde han de ratificarse en el Congreso. Gracias a su mayoría absoluta, el PP tiene meridianamente claro que cada norma que impulsen desde la Cámara alta pasará el filtro del pleno. Pero tampoco tienen dudas de que toda propuesta se topará con el muro de la Mesa de la Cámara baja, controlada por los socialistas. “El poder de la Mesa del Senado y de las comisiones es muy grande como para no seguir presentando” iniciativas, se justifican fuentes del PP sobre la profusión de normas que caen en saco roto, apelando al control absoluto que ejercen sobre la Cámara alta.

Uno de los principales objetivos que se ha marcado la formación de Alberto Núñez Feijóo es “evidenciar la debilidad parlamentaria” del PSOE al frente del Gobierno. Una estrategia con la que pretenden visibilizar en el Congreso que ganan más votaciones que Pedro Sánchez con sus socios, pero que desde hace meses aplican en el Senado aludiendo a la verdadera “mayoría social” que ha abandonado al presidente del Gobierno. Con ese término machaca una y otra vez la portavoz popular en el senado, Alicia García, en las sesiones de control para intentar trasladar la idea de que su representatividad en la Cámara alta es la que verdaderamente refleja el sentir de los españoles, en contraposición a la mayoría absoluta de la Cámara baja que invistió a Sánchez, la que realmente importa y legitima para conformar Gobierno según establece la Constitución.

Con esa “mayoría social”, el PP ha registrado 12 leyes en el Senado durante los últimos meses. Entre estas iniciativas se encuentran una proposición de ley orgánica contra la ocupación ilegal, otra para el reconocimiento como agentes de la autoridad a los funcionarios de prisiones, otra para bajar el IVA a las peluquerías, una norma enfocada en personas con discapacidad o la última y duodécima “Ley Feijóo”, que incorpora exenciones fiscales en las ayudas para afectados por la talidomida y salió adelante en el pleno celebrado este miércoles.

Pero los populares son conscientes de que, salvo sorpresas, estas normas seguirán en el fondo del cajón de la Mesa del Congreso. “Aquí sí se legisla. Y aquí hay hasta 12 proposiciones de ley que han sido aprobadas y que están siendo bloqueadas”, dijo este viernes la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, en una comparecencia ofrecida en la Cámara alta. Lo que sí consigue, y persigue, el PP con los debates de dichas propuestas es avivar el fuego parlamentario contra el Gobierno y en ocasiones conseguir el voto favorable de los socios de investidura de Sánchez.

Así ocurrió el miércoles 12 con la propuesta sobre talidomida, que fue aprobada con los apoyos de ERC, EH Bildu, PNV, Junts y el voto en contra del PSOE. “De nuevo los socios de Gobierno de Sánchez le han abandonado, una vez más en el Senado, y su soledad ha quedado más patente que nunca”, se vanagloriaron fuentes parlamentarias populares. “Varapalo para Sánchez de sus propios socios, que si mantienen la coherencia de su voto en el Congreso, esta Ley Feijóo saldría adelante con el apoyo de toda la Cámara, menos el PSOE”, remacharon. El senador socialista Mario Soler criticó desde la tribuna que el PP reclame la exención fiscal de unas ayudas que fueron aprobadas por el Ejecutivo socialista, porque cuando gobernó “no quiso subsanar esta injusticia”. Soler defendió que “todos” deben contribuir en el pago del IRPF y recordó que sin la recaudación de impuestos “no existiría esta ayuda”.

Eso sí, los socios de investidura suelen afear al PP en sus intervenciones el “uso partidista” que los populares hacen del Senado. La formación de Alberto Núñez Feijóo usó su mayoría absoluta para contrarrestar la decisión del Ministerio de Cultura de eliminar el Premio Nacional de Tauromaquia y promovió desde la Cámara alta su propio galardón. Una votación en la que el PSOE se abstuvo, desmarcándose así de Sumar en medio de la campaña de las elecciones europeas. Socialistas y Sumar sí se han puesto de acuerdo esta semana para, a través de una enmienda incorporada a la ley de paridad impulsada en el Congreso, quitar al Senado la potestad para tumbar el techo de gasto, la única iniciativa parlamentaria en la que la Cámara alta tiene la última palabra.

Pero la excepcionalidad que vive el Senado no está encarnada solo en las “Leyes Feijóo”, sino en el uso de herramientas hasta ahora inéditas. Como muestra, el PP planteó un conflicto de atribuciones entre la Cámara alta y el Congreso en una estrategia errática que terminó por dejar en evidencia a los populares al no consumar su amenaza recurriendo en última instancia ante el Tribunal Constitucional. Con su mayoría absoluta, el PP añadió un pleno más al mes y se ha saltado en las últimas semanas uno de los usos de la cortesía parlamentaria. Hay una regla no escrita que lleva a diputados y senadores a no convocar ni plenos ni sesiones de comisiones de investigación en las semanas previas a citas electorales. Un acuerdo tácito roto tanto en los comicios catalanes como en los europeos. En la semana previa al 9 de junio, el Gobierno se enfrentó a una sesión de control y la presidenta del Congreso y expresidenta socialista balear, Francina Armengol, tuvo que comparecer en la sesión del caso Koldo el viernes previo a las elecciones, dos días antes de que se abrieran las urnas para elegir el Parlamento Europeo. A quien no llamaron a comparecer los populares fue a Sánchez. Y eso que en esa misma semana se hizo público que su esposa, Begoña Gómez, había sido imputada por el juez Peinado.

El último movimiento lo ha hecho este viernes el PP al anunciar una nueva comisión de investigación sobre el Centro de Investigaciones Sociológicas, que los populares activarán en julio. El presidente del CIS, José Félix Tezanos, tendrá que comparecer ya en el próximo período de sesiones, a partir de septiembre.