El Senado se convierte en el nuevo campo de batalla

Casi no hay día en el Congreso en que el fogoso portavoz del PP, Miguel Tellado, deje pasar la ocasión de atacar a la presidenta, la socialista Francina Armengol, pintándola como una suerte de títere de La Moncloa. Desde el comienzo de la legislatura, los populares se han lanzado a la estrategia de deslegitimar la Cámara baja, hasta el punto de que Alberto Núñez Feijóo ha llegado a sentenciar que “ya no representa la soberanía nacional”. Para los populares, la verdadera democracia reside ahora en el Senado, donde gozan de mayoría absoluta.

Con el fin de ensanchar ese espacio presentado como el auténticamente democrático, el PP va a ampliar de dos a tres el número de plenos mensuales que se celebran en la Cámara alta. La medida fue anunciada la pasada semana “no por la portavoz parlamentaria del partido [Alicia García] ni por el presidente del Senado [Pedro Rollán], sino por el propio presidente del PP”. Con estas palabras resalta un portavoz del PNV la singularidad de que el anuncio lo hiciera Feijóo, que ni siquiera es senador, mientras en el Congreso los suyos cuestionan la independencia de Armengol. “El PP está patrimonializando la Cámara alta”, concluyen los nacionalistas vascos, en un diagnóstico compartido por todos los grupos menos Vox. “Está utilizándola sin ningún pudor para sus intereses partidistas”.

Nadie puede negar que los populares han sido transparentes al expresar desde el principio sus intenciones. Con la áspera franqueza con la que comentan fuentes de Génova: “Ir al Senado será para ellos [el Gobierno] como ir al dentista”. O con las formas más edulcoradas de su portavoz, Alicia García: “Los españoles tienen que saber que la esperanza está en el Senado”.

Feijóo reconoce que con sus palabras está “restando legitimidad al Congreso”, pero culpa de ello al Gobierno y resume la situación creada en esa Cámara, donde el PP se encuentra en minoría: “[Allí] da igual lo que digamos”. En el Senado, en cambio, la voz cantante la lleva el PP. “La función de controlar al Gobierno es de las Cortes Generales, y el Gobierno quiere adormecer la vida parlamentaria en el Congreso y tener unas Cortes hemipléjicas. No lo vamos a permitir”, argumentan fuentes populares. Así que han cavado una trinchera en esa Cámara de utilidad permanentemente en duda y actividad a menudo desconocida con el propósito de lograr la atención de los focos. De algún modo, ya sucedió en la recta final de la pasada legislatura, cuando Feijóo, entonces senador, mantuvo allí sus primeros escarceos dialécticos con el presidente del Gobierno, concitando una expectación pocas veces vista en el segundo brazo de las Cortes españolas.

Desde esa trinchera, los populares ya preparan la munición para lo que han convertido en la madre —y casi la única— de todas sus batallas: la proposición de ley de amnistía, que llegará a la Cámara alta la próxima semana si, como es previsible, el martes el Congreso aprueba el texto final pactado por el PSOE y el resto de grupos que la promueven. Los de Feijóo llevan preparando ese combate desde el primer minuto. Nada más comenzar la legislatura, impusieron una reforma del reglamento del Senado para que las proposiciones que el Congreso declare de urgencia no se liquiden en 20 días sino en dos meses. El objetivo, apenas disimulado bajo el rótulo de “mejorar la calidad democrática”, era prolongar el debate sobre la amnistía.

Paradójicamente, el cambio reglamentario se aprobó por el procedimiento exprés y con dudas legales que han llevado a los socialistas a recurrirlo al Tribunal Constitucional. El plazo de 20 días para liquidar las iniciativas declaradas de urgencia lo establece la propia Ley Fundamental, aunque en su literalidad habla de los proyectos de ley, los que emanan del Gobierno, y no de proposiciones, que son las promovidas por los grupos, como es el caso de la amnistía. “Estiraron y estrujaron el reglamento a su propia conveniencia”, insiste el PNV.

Otra de las primeras decisiones fue convocar a los presidentes autonómicos en la Comisión de las Comunidades Autónomas para que se pronunciasen sobre la ley de amnistía cuando esta era apenas un borrador. El PP se dispone ahora a repetir la jugada, entre las protestas de los demás grupos. “Esa comisión está para que los presidentes debatan cuestiones como la financiación autonómica”, apunta el portavoz socialista, Juan Espadas. “Pero esto es un mero instrumento para llevarlos a dar caña”. Los populares arguyen que la amnistía “afecta de forma directa, entre otras cuestiones esenciales, a la vigencia de nuestro Estado autonómico”.

Frente al trepidante paso de la ley de amnistía por el Congreso, el PP aprovechará los dos meses de tramitación en el Senado para pedir informes y comparecencias a expertos e instituciones exteriores, como el Consejo General del Poder Judicial o el Consejo Fiscal. El de este último lo ha negado ya el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, alegando que queda fuera de sus competencias. “Vamos a mandar un mensaje a todos los españoles de que en el Senado se puede hablar y se puede debatir, y no se impone, como se nos ha impuesto desde Waterloo [en alusión a Carles Puigdemont], un texto que va contra los principios básicos de la democracia”, manifestó Feijóo el pasado viernes.

Al margen de aprovechar un altavoz institucional en la campaña contra la amnistía, esa estrategia reconocidamente obstruccionista no puede ir más allá de demorar los trámites. Vox ha insistido al PP —e incluso amenazado con querellas— para que bloquee la propuesta en el Senado sin devolverla al Congreso. Pero los populares admiten la inviabilidad jurídica de tal maniobra. Si transcurridos los dos meses de plazo la Cámara alta no se hubiese pronunciado sobre la ley, la doctrina del Tribunal Constitucional establece que el Congreso podría aprobarla definitivamente.

Decisiones unilaterales

Los grupos aliados del Gobierno acusan al PP de actuar de forma unilateral. Y vinculan esa actitud con lo que califican de “desbandada” de los letrados de la Cámara: el máximo responsable de la asesoría jurídica y sus dos adjuntos han renunciado tras 25 años en sus cargos. Espadas habla directamente de “purga”. “El PP ha puesto el Senado al servicio de Génova”, sostiene el socialista. “Como en el Congreso no puede generar una mayoría, ha decidido que no le interesa esa Cámara y ha convertido el Senado en una caja de resonancia. Es una estrategia de acción total para intentar atacar la estabilidad institucional”.

El diagnóstico resulta idéntico entre los nacionalistas. “Están utilizando el Senado como cámara de resistencia para equilibrar la debilidad en el control de los resortes de decisión en el Congreso”, denuncia el PNV. Con mayor crudeza lo expone Josep Lluís Cleries, de Junts: “Es una situación propia de un cortijo, puro filibusterismo político”. Cleries llegó a la Cámara hace 10 años, en las filas de la desaparecida Convergència, y ya vivió bajo otras mayorías absolutas del PP. “Pero jamás se habían traspasado las líneas como ahora”, arremete. “Han llegado incluso a degradar la figura institucional del presidente”.

Los grupos pequeños como Junts y PNV tienen su particular lista de agravios. Denuncian que la Mesa retrasó la constitución de sus respectivos grupos pese a que cumplían los requisitos. Y que se les ha privado de las remuneraciones de sus portavoces adjuntos, que sí disfrutan los grupos mayoritarios. La celebración del tercer pleno mensual también suscita fuertes críticas. Los opositores al PP señalan que muchos senadores son a la vez diputados autonómicos, alcaldes o concejales y van a tener dificultades para compatibilizar ambos cargos.

Cuestión de ruido

¿Y qué efectos prácticos puede obrar esta ofensiva? “Muy pocos”, responde la portavoz de ERC, Sara Bailac. “La estrategia es hacer ruido e intentar desplazar el foco mediático a una Cámara que siempre ha tenido muy poco. Pero, como se verá con la amnistía, se va a quedar solo en eso, en ruido”. Las competencias del Senado son de una Cámara de segunda lectura, cuyas decisiones siempre tienen que ser refrendadas por el Congreso. El PP puede buscarle las cosquillas al Gobierno creando comisiones de investigación o dilatando los trámites legislativos. O forzando a los ministros a comparecer tres veces al mes, como se dispone a aprobar tras haber introducido también en la reforma del Reglamento la obligatoriedad de responder a la llamada de la Cámara.

Solo hay una cuestión en la que verdaderamente el PP puede acorralar al Gobierno: la aprobación del techo de gasto y los objetivos de déficit, indispensables para sacar adelante los Presupuestos. En este caso, la decisión del Senado no es revisable por el Congreso. Y en la Cámara baja los populares ya votaron en contra. Si el Senado lo rechazase, los Presupuestos quedarían paralizados y el Ejecutivo tendría un mes para presentar de nuevo una propuesta de techo. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tranquiliza afirmando que guarda en la manga un plan b para el caso de un rechazo. Fuentes socialistas confían en disuadir al PP, ya que si el Senado tumbase la propuesta que incluye los objetivos de déficit, las consecuencias sobre la disponibilidad de fondos también las sufrirían las comunidades autónomas, mayoritariamente en manos de los populares.

Pase lo que pase, el Senado se ha convertido en un campo de batalla político como no se conocía desde 1978. Uno más para un Gobierno obligado a atender a múltiples frentes de combate. Puede que en la práctica las consecuencias resulten escasas, pero los aliados del Ejecutivo barruntan una época que el senador Cleries define con sorna como de “sangre, sudor y lágrimas”.