El PP cambia en una semana y sin hacer ruido toda la cúpula de letrados del Senado

El PP, que dispone de mayoría absoluta en el Senado, ha cambiado en una semana tanto al secretario general y letrado mayor de esa Cámara alta como a sus dos adjuntos, es decir, a toda la cúpula del equipo de expertos jurídicos de la etapa anterior y de muchos lustros más. Ese grupo llevaba casi 25 años en esos puestos clave. El recambio se ha ejecutado sin explicaciones y sin polémica o ruido mediático, en contra de lo que sucedió con el relevo que efectuó la presidenta del Congreso, Francina Armengol, con el secretario general de la Cámara baja. El presidente del Senado, el popular Pedro Rollán, nominó para ese puesto clave en el funcionamiento interno de la Cámara, y para la seguridad jurídica de sus actuaciones, a la letrada Sara Sieira Mucientes, que será la encargada de evaluar como experta el contenido del proyecto de ley de amnistía que el Congreso remitirá más que probablemente la semana que viene. Sieira Mucientes es considerada una especialista en distintos aspectos del proceso independentista catalán.

El anterior secretario general y letrado mayor del Senado, Manuel Cavero, llevaba casi 25 años en ese cargo y según fuentes de la Presidencia de la Cámara alta en el pasado mes de agosto, tras las elecciones y la renovación de puestos al obtener el PP la mayoría absoluta en esa institución, le comunicó al presidente, el popular Pedro Rollán, que llevaba mucho tiempo con esa tarea y quería pasar a ocupar unas funciones de menor relevancia. Cavero, de 65 años, siguió sin embargo varios meses en esa representación y este diciembre, sin previo aviso ni más justificaciones, remitió una carta a la Presidencia en la que comunicó que renunciaba a la secretaría general. Está a la espera de destino. Algo similar ocurrió este miércoles con sus dos adjuntos, uno de ellos, Fernando Dorado, también un veterano de la casa, y la otra, Ana María Álvarez Pablos, en un escrito que ambos remitieron a la Mesa de esa Cámara.

Fuentes de distintos grupos parlamentarios del Senado aseguran que coincidiendo con el recambio del letrado mayor se han producido más fugas y renuncias, que podrían llegar a la media docena de componentes de ese cuerpo de élite de los letrados de las Cortes. Otras dos letradas han solicitado el cambio de destino al Congreso. De las doce direcciones generales del Senado, ocho las ocupan normalmente letrados y solo quedan de la etapa anterior en sus tareas tres. En la Presidencia del Senado explican que esas decisiones no tienen nada que ver con la política o con la posición del PP con respecto a la ley de amnistía y remachan que las ha tomado la nueva secretaria general para conformar con total libertad y autonomía su equipo.

La nueva secretaria general, Sara Sieira Mucientes, es letrada de las Cortes desde 2010 y en la actualidad estaba destinada en la Comisión de Igualdad del Congreso. Es licenciada en Derecho, Ciencias Económicas y Empresariales y Doctora en Derecho. Ha escrito artículos sobre distintos protagonistas del procés independentista en Cataluña y en 2020 publicó en la Revista de las Cortes Generales uno titulado La suspensión de la investidura del candidato a presidente en prisión provisional y el derecho de representación y acceso a los cargos públicos.

En las próximas semanas, la letrada y secretaria general del Senado tendrá que fijar posición sobre la ley de amnistía, cuando sea ratificada por el Congreso en pleno la semana que viene y se traslade el texto a la Cámara alta. El PP ya ha avanzado que tiene la intención de frenar lo máximo posible, en teoría dos meses, esa ley en el Senado, donde tiene mayoría absoluta. El letrado mayor del Congreso, Fernando Galindo, se decantó por permitir el debate de esa norma en noviembre en la Cámara baja porque no le encontró “defectos formales”, pero fue cuestionado por el PP, Vox y la derecha mediática porque había trabajado como director general en el Ministerio de Presidencia del Gobierno del PSOE. Galindo, sin embargo, nombró como letrada de su confianza en la comisión de Justicia que abordó las enmiendas al proyecto a Piedad García Escudero, que redactó un informe crítico contra esa ley porque podría ser contraria a directivas europeas.