El Gobierno y los independentistas blindan a los CDR y a Puigdemont en la ley de amnistía

El Gobierno ha accedido a introducir otro retoque en la ley de amnistía para intentar blindar al máximo a activistas y dirigentes políticos independentistas, como el expresident Carles Puigdemont, de las acusaciones de terrorismo que les imputan algunos jueces. El texto que ha aprobado este martes la Comisión de Justicia del Congreso, para su debate final en el pleno de la próxima semana, establece que los acusados de terrorismo quedarán exculpados siempre que no hayan tenido “intención directa” de provocar “violaciones graves de los derechos humanos”. En esos casos, la amnistía se aplicará incluso a los condenados en sentencia firme, una posibilidad que se excluía en el primer borrador de la ley, pero que al final el PSOE y Sumar han accedido a retirar tras pactar con los independentistas catalanes y vascos ante algunos comportamientos judiciales de estos días, según fuentes de las formaciones independentistas.

El Gobierno señala que los cambios se hacen para blindar aún más la ley frente a posibles recursos ante el Tribunal Constitucional -la idea de excluir a los delitos con sentencia firme y no a los demás generaba dudas en algunos juristas- pero reivindica que lo importante, desde el punto de vista político, es que siguen excluidos los delitos de terrorismo grave, al contrario de lo que querían los independentistas, que pretendían eliminar la exclusión y por tanto incorporarlos a todos. “La línea roja es que el terrorismo esté exceptuado de la amnistía cuando sea violación grave de derechos humanos”, insistió Félix Bolaños.

Lo que se apunta como el texto final en el dictamen de la ley ha salido este martes de la comisión de Justicia con el aval de las formaciones del Gobierno (PSOE y Sumar) y sus aliados parlamentarios, y el rotundo rechazo de los partidos de la derecha. La portavoz del PP en la comisión, María Jesús Moro, ha llegado a decir que la propuesta “elimina el poder judicial, que es el garante de los derechos y libertades”.

La redacción inicial del artículo 2 de la proposición de ley ya blindaba considerablemente a Puigdemont, Rovira y los activistas imputados por terrorismo, porque solo dejaba fuera de la amnistía a los condenados por “sentencia firme”, y en las causas por terrorismo vinculadas al procés no hay sentencias firmes a la vista, ni remotamente. Pero Junts y ERC presionaban desde la pasada semana para eliminar directamente ese matiz entre sentencias firmes y no firmes —que había suscitado dudas jurídicas— y exigían que todos los delitos de terrorismo, sin distinción, fueran incluidos de forma expresa en la amnistía. Sobre la posición de los partidos independentistas pesaban las recientes actuaciones de varios jueces que acusan de terrorismo no solo a 12 activistas de los Comités de Defensa de la República (CDR) por actos de sabotaje y disturbios callejeros, sino al propio Puigdemont y a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, ambos huidos en el extranjero.

Los socialistas habían asegurado que el capítulo de terrorismo en la ley era una “línea roja” y que no iban a tocarlo, pero finalmente han accedido a introducir una enmienda pactada con Junts, ERC, Sumar, EH Bildu, PNV y Podemos. Así, los delitos de terrorismo se podrán amnistiar, incluso tras una condena judicial firme, “siempre y cuando, de forma manifiesta y con intención directa, no hayan causado violaciones graves de los derechos humanos, en particular las previstas en el artículo 2 y 3 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales y en el derecho internacional humanitario”. Las disposiciones del convenio citado abarcan sustancialmente asesinatos y torturas.

Fuentes parlamentarias al tanto de la negociación de estos días, desde que se cerraron la semana pasada en ponencia algunas correcciones técnicas entre el PSOE y varios socios, y las transacciones admitidas finalmente, reconocieron que habían sido determinantes para superar las líneas rojas marcadas entonces por el Gobierno algunas actuaciones del juez Manuel García-Castellón, de la Audiencia Nacional, y también el conocimiento de que una asociación judicial había distribuido entre los jueces un manual para instruir sobre cómo boicotear los posibles beneficios de la amnistía. En ese plazo la vicepresidenta tercera del Ejecutivo, Teresa Ribera, comentó en una entrevista en TVE que algunas decisiones del magistrado le parecían cuestionables y sesgadas políticamente.

La nueva redacción del artículo 2 evidencia la voluntad de salvaguardar a Puigdemont y Rovira ante las controvertidas acusaciones del juez Manuel García-Castellón en el caso Tsunami. El magistrado de la Audiencia Nacional insiste, contra la opinión de la Fiscalía, en atribuir a ambos un delito de terrorismo por los disturbios que se produjeron en Cataluña en 2019, tras la sentencia del procés, y durante los cuales falleció de un infarto un turista francés en el aeropuerto del Prat cuando el aeródromo se encontraba bloqueado por activistas. García-Castellón sostiene que hay indicios de que esas protestas fueron impulsadas o alentadas por Puigdemont y Rovira desde el extranjero.

La introducción de la cláusula que establece que, para quedar excluidas de la amnistía, las “violaciones graves de derechos humanos” tendrían que haber sido provocadas “de forma manifiesta y con intención directa” protege a Puigdemont y Rovira en al caso instruido por García-Castellón. Incluso si se diera por probado que el infarto sufrido por el ciudadano francés se debió a las protestas —algo que desmienten tajantemente el juzgado de Barcelona y los Mossos que lo investigaron— y que estas constituyeron un delito de terrorismo, sería casi imposible acreditar una “intención directa” de los políticos independentistas en esa muerte. Lo expresó con claridad el diputado de Junts Josep Maria Cervera al señalar que esta nueva disposición pretende “superar la imaginación de algunos jueces”. Otros portavoces como Gerardo Pisarello, de Sumar y Jon Iñarritu, de HB Bildu, aludieron de forma expresa, con durísimos ataques, al magistrado de la Audiencia Nacional.

Órdenes de detención

El PSOE y los partidos independentistas han pactado además una segunda enmienda que pretende garantizar que las medidas cautelares y las órdenes de detención como la que tiene vigente Puigdemont en España se retirarán en cuanto entre en vigor la ley, aunque los jueces que tengan que aplicarla planteen objeciones ante el Tribunal Constitucional o la justicia europea, informa Reyes Rincón. El texto inicial solo concretaba que esas medidas cautelares se levantarían “incluso cuando tenga lugar el planteamiento de un recurso o una cuestión de inconstitucionalidad”, pero no precisaba qué ocurriría si un juez preguntaba al Tribunal de Justicia de la UE, que es la vía por la que previsiblemente van a optar muchos tribunales. ERC y Junts habían presentado enmiendas para ampliar esos supuestos, rechazadas al principio por el PSOE y ahora consensuadas en un texto genérico.

ERC y Junts consideran que han logrado su propósito de avanzar hacia una “amnistía integral”, en palabras de Josep Maria Cervera. La norma, sostienen, no dejará fuera a ninguno de los encausados por su implicación en el procés. Ambas formaciones negaron con mucho énfasis que se pueda tildar de violento al independentismo catalán. Lo sucedido hace seis años, aseguró Pilar Vallugera, de ERC, no fue ningún delito de terrorismo sino “un acto de radicalidad democrática de la sociedad catalana”.

Francisco Aranda, del PSOE, defendió que la amnistía, lejos de vulnerar la Constitución, “fortalece los lazos que nos unen a ella”. “La Constitución no está en riesgo cuando se trabaja por la convivencia”, agregó. “Hoy es más fuerte que nunca”. La derecha alegó justo lo contrario y apeló para ello al informe de los letrados de la propia comisión que expresó dudas sobre la constitucionalidad de la propuesta. Carlos Flores, de Vox, hizo gala de su condición de catedrático de Derecho con una intervención muy jurídica, basada en el argumento de que la Ley Fundamental, aunque no alude a la amnistía, sí proscribe los indultos generales. “Y, si se prohíbe lo menos, entonces también se prohíbe lo más”, sentenció.

Los ataques del PP fueron incluso más lejos que los de Vox. Además de dar por liquidado el poder judicial, la diputada Moro manifestó que a partir de ahora “el Gobierno queda deslegitimado para exigir a los ciudadanos el cumplimiento de las leyes” tras haber cometido un acto de “corrupción en estado puro”. Moro llegó a atribuir a la ley un alcance que difícilmente se puede deducir de sus artículos, como la supuesta amnistía a “los trapicheos de la familia Pujol”. Mientras la comisión votaba las enmiendas y el texto final, el portavoz parlamentario del PP, Miguel Tellado, convocó a la prensa frente a la puerta de la sala donde tenía lugar el debate para denunciar, una vez más, la “humillación” que supondrá las medidas de gracia.

El culebrón político de la amnistía todavía no ha terminado. Junts todavía mantiene vivas algunas de sus enmiendas, rechazadas por ahora por el PSOE, como una que pretende suprimir cualquier alusión al terrorismo, sea de la naturaleza que sea. La llevará ante el pleno del Congreso, previsto en principio para el día 30, pero fuentes de las formaciones del Gobierno señalan que el margen para la negociación está agotado, un argumento que ya usaron la semana pasada cuando la norma pasó por el primer filtro de la ponencia.