El tormentoso periplo de la ley de amnistía

El acuerdo que llevarán al Congreso este jueves el PSOE y sus socios, anunciado a las ocho de la tarde de este miércoles, es la tercera versión de la proposición de ley de amnistía. Desde que se registró la primera, en noviembre pasado, los impulsores del texto se han visto forzados a negociar cambios para intentar blindar su objetivo común: que la medida de gracia beneficie a todos los encausados por el procés —más de 400, según cálculos de los negociadores— y que consiga el aval del Tribunal Constitucional y de la justicia europea cuando les toque pronunciarse sobre la norma. La tarea de aunar estos dos propósitos, complicada por sucesivas resoluciones judiciales, es la que explica los sucesivos cambios en el texto que han llevado a apurar al máximo el plazo marcado antes de que la ley pudiera decaer.

García-Castellón irrumpe en la negociación. Al margen de modificaciones puntuales para aclarar algunos aspectos que en el primer texto podían resultar ambiguos, el debate hasta ahora se ha centrado en el alcance de la amnistía para los encausados por terrorismo. Cuando empezó a negociarse la medida de gracia, esta imputación ya afectaba al caso de los CDR —los Comités de Defensa de la República, surgidos para defender la secesión tras el referéndum ilegal del 1-O— y a Tsunami Democràtic —la plataforma que impulsó las protestas tras la sentencia del procés—, por lo que desde el principio se buscaron fórmulas para incluir en la amnistía a los encausados por ese delito. Pero las alarmas saltaron el 6 de noviembre. Ese día, cuando se daba por hecho que el PSOE y los partidos independentistas iban a anunciar un acuerdo sobre la proposición de ley, García-Castellón irrumpió en la negociación implicando por primera vez en el caso Tsunami, tras cuatro años de investigación, a Carles Puigdemont, líder de Junts y que está llamado a ser uno de los principales beneficiarios de la amnistía.

En esa resolución, el magistrado señala también a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, e insiste en investigar como delito de terrorismo las protestas contra la sentencia del Tribunal Supremo sobre el procés, apoyándose en un informe de la Guardia Civil que consideró que la plataforma que impulsó esas movilizaciones era una herramienta de “desestabilización y de presión política” que pretendía “movilizar a miles” de personas para “comprometer la estabilidad económica, social, empresarial e institucional de España”.

El PSOE presenta en solitario el texto. El paso dado por García-Castellón llevó al PSOE y sus socios a revisar de extremo a extremo el texto que ya tenían casi cerrado. Las conversaciones se alargaron una semana a la búsqueda de una redacción que garantizara la medida de gracia para Puigdemont, Rovira y el resto de encausados en Tsunami. Finalmente, el PSOE registra en solitario, el 13 de noviembre, una proposición de ley que implicaba amnistiar todos los delitos de terrorismo relacionados con el desafío independentista, salvo aquellos que ya tuvieran sentencia firme, una circunstancia que estaban muy lejos de alcanzar tanto la causa del CDR —donde también se investiga este delito— como la que persigue las protestas contra la sentencia del procés.

Los impulsores de la norma confiaban en que esa redacción blindaba la medida de gracia, pero, a medida que avanzaba la tramitación, muchos juristas, incluidos los letrados del Congreso, advirtieron de que esa diferencia de trato entre casos con sentencia firme o sin ella podía ser cuestionada por el Constitucional o por la justicia europea. Ese temor llevó a los partidos a una nueva negociación contra el reloj para pactar cambios que salvaguardasen la constitucionalidad de la norma sin dejar fuera a ninguno de los encausados.

Enmienda para blindar el terrorismo. Tras una primera negociación fallida, el PSOE, ERC y Junts acordaron a finales de enero una enmienda para los delitos de terrorismo que eliminó la referencia a casos con sentencia firme. La diferencia ya no se establecía en el momento procesal en el que estuviera la causa, sino en la gravedad de los hechos: se amnistiarían todos los supuestos de terrorismo vinculados al desafío independentista salvo aquellos que hayan causado, “de forma manifiesta y con intención directa”, violaciones graves de los derechos humanos, en particular las previstas en el artículo 2 (derecho a la vida) y 3 (derecho a no ser sometido a tortura ni a trato inhumano o degradante) del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y el derecho internacional humanitario.

Los negociadores estaban convencidos de que esa redacción garantizaba que la norma se aplicase a Puigdemont, Rovira y el resto de encausados por terrorismo. Hasta entonces, García-Castellón había vinculado las movilizaciones contra la sentencia del procés con la muerte de un ciudadano francés por un infarto en el aeropuerto de Barcelona, pero, en el caso de que los tribunales confirmaran esa relación —rechazada por informes judiciales, de los Mossos y de los servicios de emergencia—, difícilmente se les podría atribuir intencionalidad.

Junts se descuelga del pacto tras nuevas resoluciones judiciales. La confianza del partido de Puigdemont en la redacción duró apenas 48 horas, el tiempo que tardó García-Castellón en dictar un nuevo auto en el que, por primera vez, advertía de que los implicados en Tsunami podían violar “el derecho a la vida e integridad física reconocido en el artículo 15 de la Constitución española y el artículo 2 del Convenio Europeo de los Derechos Humanos”, justo la línea que marcaba la enmienda pactada por el PSOE sus socios. Si prosperara esa interpretación, el expresidente catalán y el resto de encausados en este proceso se quedarían fuera de la medida de gracia.

A ese movimiento de García-Castellón, se une el del juez que instruye la trama rusa del procés en un juzgado de Barcelona, Joaquín Aguirre, quien, en un auto dictado el 29 de enero —un día antes de la votación del Pleno del Congreso sobre la proposición de ley—, sostiene que desde el entorno de Puigdemont se realizaron maniobras para alterar la unidad territorial de España y buscar alianzas con Rusia para desestabilizar a la UE. El texto de la ley dejaba fuera de la amnistía los “delitos de traición” y contra la paz del Estado o los delitos que afecten “a los intereses financieros de la Unión Europea”, lo que, según cómo avance la investigación, podía acabar frustrando la aplicación de la medida de gracia para los implicados en este caso.

Estos pronunciamientos llevaron a Junts a votar en contra de la amnistía en el Congreso, lo que devolvió el texto a la Comisión de Justicia y forzó una nueva negociación. En las cinco semanas que se ha prolongado esta, la implicación de Puigdemont en Tsunami ha recibido el espaldarazo del Tribunal Supremo, que ha abierto una causa por terrorismo contra el expresident, en contra del criterio de la Fiscalía.