El presidente del Poder Judicial reprocha al Gobierno no haber salido antes en defensa de los jueces

El presidente suplente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Vicente Guilarte, ha aplaudido este miércoles que el PSOE haya admitido que los jueces no tienen obligación de comparecer ante comisiones parlamentarias de investigación para hablar de su actuación, pero ha lamentado que esa posición no fuera defendida por los socialistas al firmar con Junts el acuerdo para la investidura de Pedro Sánchez hace un mes. “Bienvenidas esas palabras que, defendidas en otro momento o escenario, quizás hubieran evitado plasmar el perturbador anglicismo [lawfare] en documento alguno y a buen seguro nos hubiéramos ahorrado las tensiones que hemos vivido”, ha señalado Guilarte. El martes, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, señaló que los jueces “no tienen obligación de asistir a comisiones de investigación” y que llamarles sería “inútil” porque “la ley les impide” revelar hechos que hayan conocido por su función jurisdiccional.

Como ya hiciera el pasado viernes, Guilarte ha aprovechado de nuevo su intervención en un acto organizado por el CGPJ —la entrega de los premios del Foro Justicia y Discapacidad— para pronunciarse sobre la crisis abierta entre los jueces y el Gobierno. En su intervención de la semana pasada, el presidente interino sostuvo que llamar a jueces a las comisiones de investigación del Congreso, como pretenden los partidos independentistas catalanes, “implicaría un choque que se adivina brutal entre poderes del Estado”. Guilarte considera que las palabras de Bolaños defendiendo que los magistrados no tienen obligación de comparecer son una suerte de rectificación y ha pedido al Gobierno que siga “en la cabal línea emprendida”. “En la conciencia de su expresada inutilidad, no se comprendería el llamamiento (de jueces a esas comisiones) obediente, entonces, a fines que no se me alcanzan”, ha dicho el presidente, quien considera que, además, esta posibilidad de convocar a jueces al Parlamento “abortaría ad eternum cualquier posibilidad de acuerdo” para la renovación del CGPJ. “Por favor, no nos defrauden”, ha pedido a los políticos.

Guilarte ha vuelto a referirse otra vez a las palabras pronunciadas la semana pasada por la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, que calificó de “indecentes” a varios magistrados del Tribunal Supremo. “No somos indecentes. Me gustaría no volver a escucharlo”, ha afirmado Guilarte, para quien las manifestaciones de Nogueras “evidenciaban un desprecio infinito hacia la propia dignidad de las personas, designando a quienes no han hecho sino cumplir con las exigencias del orden constitucional”.

El presidente interino —el CGPJ lleva cinco años con el mandato caducado— ha pedido también al Gobierno que no desclasifique información clasificada, como los documentos secretos sobre las escuchas del CNI a Pere Aragonès. Estas palabras llegan después de que Bolaños dijera este miércoles que si un juez pide la desclasificación “y no afecta a la seguridad nacional, se hará. “Hay un compromiso público del Gobierno que viene de atrás y es que, en este asunto, transparencia absoluta. Con la conciencia tranquila y para que se aclare, desclasificaremos lo que nos jueces nos pidan, aunque primará la seguridad nacional”, aclaró Bolaños. Sin embargo, Guilarte ha cuestionado esta posibilidad. “Si está en sus manos el no llamarnos [a las comisiones de investigación] también lo está el no propiciar los mismos desencuentros desclasificando para su espuria difusión hechos totalmente fuera del contexto del que surgieron”, ha subrayado.

Fuentes del CGPJ han precisado que el presidente no se refería a las peticiones de desclasificación realizadas desde el ámbito judicial, sino a las que son ajenas, como las de los partidos políticos que puedan producirse, sobre todo, en el ámbito de las comisiones de investigación pactadas entre el PSOE y los independentistas. En el Supremo hay cierta preocupación por la posibilidad de que en esas comisiones se pida desclasificar las resoluciones de Pablo Lucas, el magistrado del alto tribunal encargado del control judicial de las actividades del CNI.