ERC y Junts exigirán explicaciones al PSOE por vetar que jueces comparezcan en el Congreso

ERC y Junts, dos de los socios de investidura del Gobierno de Pedro Sánchez, continúan firmes y adelante con su plan de pedir la convocatoria de determinados jueces del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional en las comisiones de investigación que se acaban de aprobar en el Congreso y que relacionan con casos de lawfare o persecución judicial contra líderes del proceso independentista en Cataluña. El Gobierno y el PSOE descartan esa posibilidad y reafirman su intención de rebajar la tensión con el poder judicial, con el que se han abierto varias vías de contactos para comunicarles que el Ejecutivo defiende su independencia. Los socios separatistas catalanes no renuncian a sus intenciones y reclamarán que ciertos jueces acudan a alguna de esas comisiones y avanzan que si el PSOE se opone y lo veta “tendrán que explicar con quién lo pactan y por qué”, pero no consideran de momento que esta divergencia pueda desencadenar una crisis de posible ruptura tras el acuerdo de investidura. PP y Vox catalogan esa posibilidad de investigar a magistrados en el Congreso como un ataque a la división de poderes. Al PNV tampoco le agrada nada y teme su repercusión ante la Unión Europea. El Reglamento del Congreso no contempla esa opción, citar a magistrados en ejercicio en comisiones de investigación, pero tampoco la prohíbe.

El veto que este martesanunció el Gobierno a las intenciones de los partidos independentistas de citar a determinados jueces ante las distintas comisiones de investigación ha abierto el primer frente de discrepancia del Ejecutivo con ERC y Junts sin que apenas haya transcurrido un mes desde la reelección de Pedro Sánchez. Si el PSOE se opone, esa idea no podrá prosperar, aunque está por ver qué consecuencias políticas tiene.

El choque llega mientras el Ejecutivo hace esfuerzos diarios por mejorar su relación con la cúpula judicial e intentar convencer al PP de Feijóo para renovar el Consejo General del Poder judicial, cuyo mandato lleva bloqueado por los populares más de cinco años. Este órgano tiene en la actualidad mayoría absoluta de vocales conservadores que han levantado una trinchera contra el Gobierno de coalición y denuncian reiteradamente lo que consideran una persecución ilegal por parte de los partidos que apoyan al Ejecutivo para acusar a los jueces de prevaricación a través de las comisiones de investigación recién creadas tras los pactos firmados por el PSOE con Junts y ERC.

El Gobierno, según indicaron ayer el presidente Sánchez y su ministro de Justicia, Félix Bolaños, se opone a ese plan de Junts y ERC de fiscalizar a los jueces en el Parlamento, un escenario que acrecentaría la tensión entre el poder legislativo y el judicial y del que no escapa el Ejecutivo. En ERC y Junts admiten las graves diferencias con el PSOE. La formación liderada desde Bruselas por Carles Puigdemont no precisa más detalles de ese malestar, pero varios de sus portavoces y dirigentes han abundado en las últimas horas en su determinación de citar a diferentes jueces que incluyen en la categoría de lawfare contra el proceso independentista.

En ERC sí reafirman que llamarán a esas comisiones a esos jueces, que pedirán explicaciones al PSOE sobre su oposición y que pondrán de manifiesto que los socialistas votarán con PP y Vox para vetar la citación a los magistrados. Fuentes del partido republicano avanzan que han estudiado el Reglamento del Congreso y no observan ningún artículo que prohíba ese tipo de citaciones, por lo que adelantan que solicitarán un informe al respecto al Secretario General del Congreso. También abundan que si hasta ahora no había sucedido es sencillamente porque en las comisiones de investigación aprobadas y desarrolladas los jueces no habían tenido un papel determinante. El portavoz de ERC en la Cámara, Gabriel Rufián, ratificó: “No quiero entrar en guerra con nadie con esto (...) pero seguro que no hay ningún artículo del Reglamento que lo impida. Aquí no hemos citado antes a un juez porque no tenía sentido, pero si hacemos una comisión de investigación en torno a su actuación, tiene sentido, igual que han venido altos funcionarios en otros tipos de casos, y nosotros simplemente queremos poder hablar con aquellos comparecientes que consideremos oportuno”.

Fuentes de la Presidencia del Congreso reconocen que el Reglamento no indica nada al respecto y admiten que es el Consejo del Poder Judicial el que interpreta el artículo 399 de su ley orgánica en el sentido de que está prohibido que comparezcan. En la Cámara baja, sin embargo, se recuerda el precedente del criterio planteado por el presidente de la Comisión de Investigación sobre utilización partidista en el Ministerio del Interior cuando se llamó en abril de 2017 al magistrado Daniel de Alfonso, responsable de la oficina antifraude en Cataluña. Pero en aquel momento De Alfonso no ejercía y el Consejo le autorizó a acudir con algunos límites en sus exposiciones.

El portavoz del PNV, Aitor Esteban, precisó ante la prensa: “No, yo ahora no lo veo”. Y pidió cautela hasta que los grupos sepan exactamente qué quieren hacer. Fuentes de esa formación sí apuntaron que la idea de ver a jueces siendo interrogados sobre asuntos de su competencia por diputados en el Congreso no les agrada y que puede ser negativa incluso para que la Unión Europea dude de la separación de poderes en España.

“Las comisiones de investigación no pueden ni revisar resoluciones judiciales ni vincular a los tribunales. La ley también establece que los jueces y magistrados no tienen obligación de asistir a comisiones de investigación. Además, no tendría ninguna utilidad: todo el conocimiento que tienen los jueces y magistrados de esas causas penales es por haber sido los jueces y magistrados de esos procedimientos. Y es justo lo que la ley prohíbe que se pueda revelar”, sentenció ayer el titular de Justicia, Félix Bolaños, tras el Consejo de Ministros. Bolaños llamó hace unos días a tres de los jueces aludidos por la portavoz de Junts, Miriam Nogueras, para explicarles que el Gobierno rechaza esos ataques.

Nogueras, de la total confianza de Puigdemont hasta el punto de haber acudido a las negociaciones con el PSOE en Bruselas y en Ginebra, atacó a determinados jueces españoles el martes cuando afirmó en el atril del Congreso que “en un país normalizado estos personajes [refiriéndose de forma expresa a Manuel Marchena, presidente de la Sala de Lo Penal del Supremo y, por tanto, del juicio del procés; Pablo Llarena, instructor de la causa del procés; y Carlos Lesmes, expresidente del Consejo General del Poder Judicial] serían cesados y juzgados”. Una estrategia que no fue casual: el mismo día el portavoz de Junts en el Senado, Josep Lluís Cleries, empleó términos durísimos y puso en cuestión la separación de poderes.

“Este debate, solo de la lectura de la Constitución, de la ley orgánica del Poder Judicial y del propio reglamento del Congreso, es un debate que se resuelve con mucha claridad”, apostilló Bolaños, contrario a las comparecencias de magistrados en alguna de las tres comisiones de investigación aprobadas sobre la Operación Cataluña, los atentados del 17-A y el caso Pegasus.

Fuentes gubernamentales confirman que el PSOE se opondrá a que los jueces sean citados por la comisión, aunque entienden que no sería necesaria una votación ni siquiera en la Mesa del Congreso. “Las comisiones de investigación en nuestro país están muy claramente reguladas en la Constitución en el artículo 76 y también en la ley orgánica del Poder Judicial en relación con los jueces y magistrados y en el propio reglamento del Congreso”, remachó Bolaños. El artículo citado de la Ley Fundamental establece que las conclusiones de las comisiones de investigación en las Cortes “no serán vinculantes para los tribunales, ni afectarán a las resoluciones judiciales, sin perjuicio de que el resultado de la investigación sea comunicado al Ministerio Fiscal para el ejercicio, cuando proceda, de las acciones oportunas”.