Junts respalda el ataque de Miriam Nogueras a los jueces

Junts per Catalunya abunda en los ataques al poder judicial. Josep Rius, portavoz del partido independentista, ha avalado públicamente este lunes las acusaciones que lanzó la semana pasada la diputada Miriam Nogueras contra magistrados del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, a los que llamó “personajes indecentes” que “en un país normal serían cesados y juzgados de inmediato”. Rius, diputado de Junts en el Parlament y concejal en el Ayuntamiento de Barcelona, ha señalado, tras la reunión de la dirección del partido, que “los jueces, como cualquier estamento de un Estado democrático, pueden ser criticados”. Y ha advertido de que en la comisión de investigación del Congreso pactada entre Junts y el PSOE para fiscalizar la Operación Cataluña “se tendrá que investigar la actuación de la cúpula judicial”.

Rius ha subrayado que en esta comisión se podrá citar “a los jueces que han sido más activos en la guerra sucia contra el independentismo”, y ha manifestado que la comparecencia en las comisiones de investigación es “de obligado cumplimiento”, bajo amenaza de “consecuencias penales” (aunque la Ley del Poder Judicial señala, en sentido contrario, que “las autoridades civiles se abstendrán” de citar a los jueces “para que comparezcan a su presencia”). El portavoz de Junts ha acusado al CGPJ de estar mirando “cómo eludir” su comparecencia ante la comisión. Esquerra Republicana también ha mostrado sus intenciones de citar a declarar en el Congreso a todos los que pudieron intervenir en el supuesto asedio a los independentistas, “incluidos los jueces”, según han confirmado fuentes del partido republicano.

La afrenta de Nogueras a los jueces levantó la semana pasada una oleada de opiniones en contra y ha añadido gasolina a la hirviente relación que mantiene Junts con el poder judicial. La mayoría de asociaciones profesionales de jueces y fiscales han mostrado su “profunda preocupación” por el “intento de instrumentalizar la Justicia para fines políticos” por parte de altos cargos de Junts. Este lunes, Rius ha replicado que “tanto el Tribunal Supremo como el Consejo General del Poder Judicial son órganos politizados que han tenido un papel activo contra el independentismo, más allá de lo que establece la ley”. El portavoz de Junts ha señalado que “ha habido numerosos casos de lawfare” (persecución judicial por motivos políticos o ideológicos).

En los últimos meses, la presidenta del partido, Laura Borràs, ha insistido reiteradamente en presentarse como víctima de lawfare. En marzo, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) condenó a Borràs a cuatro años y medio de cárcel y a 13 de inhabilitación por falsedad en documento oficial y prevaricación administrativa. La sentencia considera probado que Borràs, cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), troceó contratos, de forma ilegal, para adjudicarlos a dedo a un informático conocido suyo.

La semana pasada, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, llamó a tres jueces muy relevantes vinculados a procesos contra los independentistas: Manuel Marchena, presidente de la Sala de Lo Penal del Supremo y, por tanto, del juicio del procés; Pablo Llarena, instructor de la causa del procés; y Carlos Lesmes, expresidente del Consejo General del Poder Judicial. Las llamadas tuvieron lugar después de que los tres fueran citados expresamente el martes en la tribuna del Congreso con palabras muy duras por la portavoz de Junts, Miriam Nogueras. Las declaraciones indignaron al estamento judicial. La andanada fue rematada por el senador de Junts Josep Lluís Cleries, que acusó a los jueces de emprender una batalla política para “intentar torpedear” la ley de amnistía. Al día siguiente llegó la llamada del ministro.

Josep Rius también se ha manifestado acerca de la reunión que, supuestamente, tienen agendada el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el expresidente catalán Carles Puigdemont. Ha asegurdo que se producirá “próximamente” en “alguno de los Estados de la Unión Europea”. No será en España, porque Puigdemont se marchó a Bélgica en 2017 para evitar rendir cuentas ante la justicia y sería detenido si pisara suelo español. Rius ha evitado concretar la fecha de la reunión y el lugar, aunque ha dicho que “a nadie se le escapa” que las cuestiones a abordar “irán en la línea de lo suscrito entre el PSOE y Junts” en Bruselas para la investidura de Sánchez.