Qué investigarán las comisiones sobre el 17-A, el ‘caso Pegasus’ y la Operación Cataluña

Las tres comisiones de investigación que ha acordado este martes el Congreso tienen sobre el papel objetivos distintos, aunque todos ellos interrelacionados con el procés. Una de ellas pretende despejar las dudas alentadas por parte del independentismo catalán sobre los atentados del 17 de agosto de 2017 en Barcelona y Cambrils que dejaron 16 muertos y más de cien heridos. La segunda, aclarar el alcance del caso Pegasus, el espionaje que sufrieron tanto dirigentes independentistas como miembros del Gobierno de Pedro Sánchez con un programa informático israelí solo al alcance de gobiernos. Y la tercera, ahondar en las actividades en Cataluña de la llamada brigada patriótica, el grupo parapolicial surgido en el Ministerio del Interior durante los gobiernos de Mariano Rajoy. Antes que ellas, otras seis comisiones de investigación ―tres en el Parlament de Cataluña, una aún en marcha, y otras tantas en el propio Congreso― han abordado estos hechos. Además, en uno de los casos hay sentencia judicial firme, mientras que los otros dos están en los tribunales.

Atentados con sentencia firme. Junts y el PNV solicitaron crear una comisión sobre el “derecho a saber la verdad y las implicaciones derivadas de los atentados de Barcelona y Cambrils de 2017″. En el texto se recalcaba que el objeto, entre otros, era conocer “las responsabilidades políticas o de cualquier otra índole” de aquellos hechos. El interés del independentismo catalán por indagar este suceso no es nuevo, sino que arranca de una información periodística de 2019 que desveló los contactos que mantuvo el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en la cárcel con el cerebro de aquellos ataques, el imán Abdelbaki es Satty, muerto horas antes de los mismos en una explosión accidental. Esa información sirvió para alentar una teoría de la conspiración que, en su versión más extrema, culpaba al Gobierno de Rajoy de permitir la masacre para hacer fracasar al procés.

El Parlament de Cataluña acogió una comisión sobre este suceso que se inició en abril de 2018 y que, tras 24 sesiones y decenas de comparecencias, incluyó en su dictamen final, de julio de 2020, una propuesta del PSC que contó solo con el apoyo del PP y Ciudadanos en el que, si bien se daba por “acreditada” la condición de Es Satty como “confidente” del CNI, se descartaba que el servicio secreto conociera con antelación que se iban a cometer los atentados. Pese a ello, la teoría de la conspiración fue alentada meses después, durante el juicio por los atentados, por el diputado de Junts en el Parlament Jaume Alonso-Cuevillas, quien ejercía la acusación en nombre de la familia de una víctima. Alonso-Cuevillas llegó a plantear la hipótesis de que el imán seguía vivo. En mayo de 2021, la sentencia de la Audiencia Nacional que condenó a los tres supervivientes de la célula terrorista concluyó que la muerte de Es Satty era una “verdad científica constatada”. El pasado 27 de noviembre, el Tribunal Supremo lo ratificaba.

Espionaje a independentistas y ministros. ERC, BNG y EH Bildu presentaron la solicitud para crear la comisión “sobre el espionaje e intromisión a la privacidad e intimidad, a través de los malware Pegasus y Candiru, a líderes políticos, activistas, abogados, periodistas, instituciones y sus familiares y allegados”. El escrito fijaba entre su objetivos “conocer al detalle la implicación de las instituciones del Estado” en estos hechos. El punto de partida era el informe que, en abril de 2022, elaboró Citizen Lab ―un organismo de ciberseguridad de la Universidad de Toronto (Canadá)― en el que se apuntaba que 65 dirigentes y exdirigentes de ERC, CUP, Junts y EH Bildu, y entidades civiles habían sido espiados con el programa diseñado por la empresa israelí NSO Group.

La comparecencia entonces en el Congreso a puerta cerrada de la entonces directora del CNI, Paz Esteban, no apaciguó los ánimos del independentismo al admitir que, con autorización del Supremo, el servicio secreto había intervenido los teléfonos de 18 de sus líderes, entre ellos, el actual presidente de la Generalitat, Pere Aragonès. Esteban fue cesada cinco días más tarde. El Parlament de Cataluña creó en septiembre de 2022 una comisión que, hasta ahora, ha celebrado 11 sesiones ―la última, el 1 de diciembre― y que continúa. El caso es, además, investigado por un juzgado de Barcelona, que ha llamado a declarar a la exdirectora del CNI. No es el único movimiento en los tribunales. El Ejecutivo denunció en mayo del año pasado que cuatro de sus miembros, entre ellos Sánchez, habían sufrido en sus móviles un ataque con el mismo software. Este hecho fue investigado por la Audiencia Nacional, que finalmente acordó el 10 julio archivar las pesquisas ante la “absoluta” falta de cooperación de Israel.

Otra vez la ‘brigada patriótica’. La comisión sobre la Operación Cataluña ―la construcción de acusaciones, a menudo basadas en falsedades, contra dirigentes independentistas catalanes― será la cuarta que acoja el Congreso sobre la “brigada patriótica”. Las dos primeras acabaron con duros dictámenes contra el PP y sus dirigentes al concluir que este grupo parapolicial fue creado, en la etapa de Jorge Fernández Díaz al frente de Interior, con el fin de “obstaculizar la investigación de los escándalos de corrupción que afectaban al PP” y que Rajoy y su número dos en el partido, la exministra María Dolores de Cospedal, fueron los máximos responsables “políticos” de la Operación Kitchen, de espionaje ilegal al extesorero Luis Bárcenas. Fernández Díaz y otros presuntos integrantes de esta brigada aún deben ser juzgados en la Audiencia Nacional.

La tercera quedó interrumpida tras la disolución de las Cortes por la convocatoria electoral del 23-J. Solo se había celebrado una comparecencia, la del comisario jubilado José Manuel Villarejo, quien reconoció, precisamente, la existencia de la Operación Cataluña. Junts y el PNV plantean como objetivo de la nueva comisión conocer “el detalle de la implicación de las instituciones del Estado” e identificar a “todos los presuntos responsables políticos”. Cuando el Parlament investigó la Operación Cataluña ―con una veintena de sesiones celebradas entre abril y agosto de 2017― concluyó que la misma formó parte de la “guerra sucia” contra el independentismo.