Bulos e hipérboles sobre la amnistía: del “esto es la dictadura” a “inocentes a la cárcel”

La oposición ha explotado el cambio de posición del PSOE y de su líder, Pedro Sánchez, respecto a la amnistía para los condenados, procesados o imputados por el procés. En efecto, antes de las elecciones del 23 de julio, los socialistas negaron que fuera constitucional y presumieron de no haber cedido ante esa pretensión de los independentistas. La firma de los acuerdos con Junts y ERC para favorecer la investidura de Sánchez ha provocado un salto hiperbólico en las críticas del PP y de Vox, que han llegado a asegurar que el pacto convierte a España en una dictadura. El catedrático de Derecho Constitucional Juan José Solozábal, la doctora en Derecho Mariola Urrea y el magistrado Ximo Bosch, miembro de la Asociación Juezas y Jueces para la Democracia, desmontan los bulos coreados a la par por dirigentes de la derecha y de la extrema derecha.

“Esto es una dictadura”

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, del PP, aseguró el jueves que el pacto para la ley de amnistía acaba con la democracia. “Han estado con el señuelo de que viene Franco, la ultraderecha, el blanco y negro… y nos han colado una dictadura por la puerta de atrás”. Ella misma admitió, en una entrevista en Antena 3, lo llamativo de sus declaraciones. “Entiendo que la gente puede decir: ‘¿Qué exagerado, no?’ Claro, vas por la calle y todavía no te están pidiendo el DNI. Todavía no estamos en eso, pero cuando uno piensa que es exagerado vive en un mundo feliz, un mundo de ayer (...). En el momento en que un Gobierno es legislativo, ejecutivo y poder judicial, eso es una dictadura. En el momento en que periodistas, políticos... no pueden hablar (...). En el momento en el que los votos están por encima de las leyes, eso es dictatorial porque podemos hacer lo que nos da la gana”. En términos muy parecidos se expresó el líder de Vox, Santiago Abascal: “Se ha puesto en marcha el golpe definitivo contra la democracia. Los golpistas del PSOE y de Junts han sellado su amenaza a la unidad nacional con un acuerdo que implica la abolición del Estado de derecho, el principio del fin de la democracia y una clarísima amenaza a la soberanía nacional. El autócrata de la anterior legislatura no se conforma, en esta legislatura quiere ser, directamente, un dictador”. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, opinó, por su parte, que el acuerdo supone “un hito más en la erosión de la democracia en España” y lo comparó con “otros ataques” al sistema como el 23-F, el terrorismo de ETA o la declaración unilateral de independencia de Cataluña en 2017.

Para el catedrático de Derecho Constitucional Juan José Solozábal, esas declaraciones son “hipérboles” no ajustadas a la realidad. “En el sistema democrático que tenemos”, recuerda, “el Tribunal Constitucional es la vía que asegura que predomina la Constitución y el Estado de derecho. Estas declaraciones alarmistas no responden a la situación, no hay riesgo efectivo para la democracia”. El magistrado Ximo Bosch, de la Asociación Juezas y Jueces para la Democracia, coincide: “Las medidas que se están negociando se hacen dentro del Estado de derecho y todas las instituciones de nuestra democracia constitucional van a funcionar exactamente igual después del acuerdo”. Mariola Urrea, doctora en Derecho, añade: “Ni la ley de amnistía ni afrontar políticamente la solución del conflicto de Cataluña debilitan a España como Estado de derecho o como democracia, sino todo lo contrario, la fortalecen. Esto no impide que muchas personas tengan dudas acerca de si esto es oportuno, conveniente o merecido y ese debate, incluso de posición contraria a los mecanismos de gracia, no solo es posible, sino razonable. Lo que no lo es es realizar manifestaciones violentas o recurrir al lenguaje grueso para suscitar miedo en la ciudadanía”.

El fin del Código Penal...

La presidenta madrileña llegó a sugerir que dejaría de funcionar el Código Penal y la ley: “Ahora mismo, nosotras dos [le dijo a su entrevistadora, Susana Griso] decidimos que nos quedamos con el coche del cámara que nos está grabando porque somos dos contra uno y este hombre dirá: ‘Ya, pero hay unas leyes que me amparan’. En el momento en el que las leyes ya no sirven, que dos contra uno está por encima de lo que dicen los propios jueces, eso es una democracia sin ley, o sea, otra cosa”. Declaró el líder de su partido, Alberto Núñez Feijóo: “Se está sacrificando el Estado de derecho de todos (...). Esto es un golpe en los cimientos del poder judicial”. Abascal, que vinculó el tiroteo a Alejo Vidal-Quadras con los atentados de Hamás, los socios del Gobierno y la amnistía, fue más lejos: “Debemos ser conscientes del peligro que enfrentamos. Quien saca de la cárcel a los criminales para mantenerse en el poder está a un paso de meter en la cárcel a los inocentes para mantenerse en el poder”.

Solozábal aclara: “El Código Penal se seguirá aplicando. La amnistía es una medida de gracia que borra la responsabilidad penal de una actuación, pero no implica la derogación de delitos”. Bosch insiste en que afecta a “hechos concretos y personas determinadas” y “no se modifica el Código Penal, es decir, que en el futuro, esas conductas no quedarían amparadas por la amnistía. La ley únicamente opera sobre el pasado”. Preguntados por si podría volver a aplicarse el artículo 155 de la Constitución si fuera necesario, ambos juristas explican que sí.

... y el fin de la separación de poderes

El acuerdo, declaró Feijóo, “socava la separación de poderes y humilla al poder judicial”. Tanto el PP como Vox coinciden en ese planteamiento. Urrea afirma que es rotundamente falso. “La amnistía es un instrumento de gracia que, a diferencia del indulto, cuya competencia es del Gobierno, corresponde tramitar y aprobar al poder legislativo. Requiere ser tramitada como ley orgánica, es decir, con unas mayorías amplísimas, y después de un proceso deliberativo en el que podrán tomar parte y presentar enmiendas todos los grupos parlamentarios. En este caso, el poder ejecutivo ni siquiera impulsa la ley, porque está en funciones, y queda intacta la función del poder judicial, al que le corresponde aplicarla”. La jurista recuerda, además, que “podrá ser recurrida ante el Tribunal Constitucional por un grupo de parlamentarios y que, si un juez tiene dudas de la constitucionalidad de la ley cuando le toque aplicarla, puede plantear una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional y el proceso quedará en suspenso hasta que decida”.

Urrea, Bosch y Solozábal sí consideran insólita la intervención contra la amnistía realizada por miembros del Consejo General del Poder Judicial. Afirma la primera: “Las declaraciones de la APM [la Asociación Profesional de la Magistratura, que aseguró que la amnistía es “el principio del fin de la democracia”] no tienen el menor rigor jurídico y son burdas e impropias de personas que se ocupan profesionalmente de conocer y aplicar el derecho, pero no creo que atenten contra la separación de poderes, aunque sí pueden generar dudas en la ciudadanía sobre la imparcialidad de los jueces. Pero el Consejo General del Poder Judicial es un órgano constitucional y ha decidido pronunciarse sobre una ley que no conoce, lo que resulta extravagante, y sobre la que no tiene competencias cuando exista, porque va a tener naturaleza de proposición de ley y no de proyecto de ley, de modo que puede deducirse que detrás hay una intencionalidad política. Si esto es así, está interfiriendo en la separación de poderes. Y todo eso teniendo en cuenta que llevan cinco años con el mandato caducado, lo que afecta a su legitimidad”. “Me parece especialmente grave”, añade Bosch, “que un órgano constitucional emita declaraciones de tipo político. Es un salto cualitativo peligrosísimo de seria intromisión de la cúpula judicial en la actuación del poder legislativo y en la configuración del poder ejecutivo”. Solozábal insiste: “Hay que ser cuidadoso con la actuación de cada rama del Estado. Esas declaraciones, sin tener siquiera el texto, me han parecido imprudentes e intempestivas”.

“Habrá referéndum”

El acuerdo no lo dice, pero tanto el PP como Vox han asegurado que el PSOE acepta el referéndum de autodeterminación en Cataluña. “No se puede deducir eso del texto”, aclara Mariola Urrea. “Lo que contiene es un profundo desacuerdo: el PSOE considera que la solución al conflicto de Cataluña pasa por el desarrollo estatutario, y Junts por el referéndum, es decir, no incorpora nada nuevo y desde luego, no va en la línea del referéndum”.

La igualdad de los españoles

Una de las principales críticas es que la futura ley atenta contra el principio de igualdad entre españoles. “Es cierto”, explica el magistrado Bosch, “que una amnistía supone una desigualdad en la aplicación de la ley y afecta a la actuación judicial, pero son unos efectos que están previstos en la propia Constitución, que dice que se puede ejercer el derecho de gracia. Cuando todos los gobiernos de este país han acordado miles de indultos, a veces por delitos gravísimos, eso afecta a la igualdad de la aplicación de la ley porque hay gente que cumple condenas y otra que no y se deja sin efecto lo que ha realizado el poder judicial, pero son excepciones que permite la propia Constitución. Si no se quiere que haya situaciones de este tipo, de aplicación de medidas desiguales, lo que se tiene que hacer es eliminar el derecho de gracia de la Constitución y decir que queda prohibido, pero que yo sepa nadie ha planteado hasta ahora modificar la Constitución en ese apartado”. Solozábal coincide: “El trato desigual es posible si está justificado, si hay razones especiales. Toda regulación, toda norma, en realidad establece una diferencia entre la situación anterior y la nueva. El cambio, digamos, es consustancial al derecho”.