Camps, al acabar su juicio tras nueve meses de sesiones: “Quedo a disposición del tribunal”

Punto final. Este jueves, casi nueve meses después de comenzar la vista oral contra Francisco Camps por su presunta implicación en el caso Gürtel, el magistrado José Antonio Mora la ha dado por concluida. El exdirigente del PP, que se enfrenta a una petición de la Fiscalía Anticorrupción de un año de cárcel, ha utilizado su turno de última palabra para dirigirse al tribunal de la Audiencia Nacional: “Quiero agradecer esta oportunidad. Dar las gracias a sus señorías y a los funcionarios de esta casa, que han hecho un trabajo extraordinario. Como ciudadano, quedo a disposición de ustedes”, ha dicho el expresidente valenciano.

Su breve discurso ha resonado en una sala ya prácticamente vacía, después de que Pablo Delgado, abogado del antiguo presidente de la Generalitat autonómica, expusiese antes, durante más de dos horas, sus conclusiones. Un turno que ha aprovechado para negar todas las acusaciones del ministerio público y para minimizar la relación de Camps con Álvaro Pérez, alias El Bigotes, el representante en la región de la red corrupta de Francisco Correa. “Camps es un hombre honrado. Un hombre honesto”, ha asegurado el letrado del político.

Sentado en la primera fila del banquillo, Camps ha optado por marcar este jueves un perfil más bajo. Lejos quedan ya los sucesivos incidentes que protagonizó en las primeras sesiones del juicio (antes de que dejara de asistir): un día salió de la sala al grito de “hijo de puta” tras la declaración en la vista de Correa, que lo implicó en la trama; otra jornada, un abogado de un acusado afirmó que el expresidente lo había insultado durante su intervención; los magistrados le llamaron la atención por mal comportamiento y por hacer chascarrillos; el presidente del tribunal le obligó a sentarse a pocos metros de ellos para evitar más enfrentamientos con otras partes... “En un juzgado de pueblo, el juez habría levantado ya la sesión”, llegó a comentar por lo bajo, de forma despectiva hacia el tribunal.

Precisamente, la línea de ataque de Camps la ha ejercido este jueves su defensa, que ha presentado su alegato final. Las primeras palabras de Pablo Delgado se han traducido en sucesivas arremetidas contra el ministerio público, al que ha acusado de someter al expresidente a una “persecución inmisericorde” fruto de una obsesión “psicopatológica”, que “desborda” la legalidad. Le ha atribuido, incluso, un interés político y la ha definido como la “Fiscalía Anticorrupción del PSOE”. “¿Quién controla a la Fiscalía?”, se ha cuestionado irónico.

Esta estrategia de Camps, que ha intentado desacreditar a todos los testigos que lo han señalado, también coloca a la Policía Nacional en el punto de mira. Su defensa ha cargado igualmente contra el inspector jefe Manuel Morocho, principal investigador del caso Gürtel. Ha dicho, sin ambages, que el agente incumplió órdenes del juez instructor para emprender una investigación “prospectiva” contra el exdirigente del PP: “Morocho sabía que estaba cometiendo delitos”, ha remachado. Su tesis no resulta casual. La declaración de Morocho, junto a la de otros dos compañeros del Cuerpo, infligió al político el peor golpe del juicio. Los policías describieron la dinámica de favores que se tejió en el seno de la Administración autonómica; la estrecha relación de Camps y El Bigotes; e, incluso, desgranaron los “regalos” que la trama entregó a los padres, la esposa y los hijos del antiguo jefe del Ejecutivo regional. “Trabajaba para el presidente: esa es la visión que tenía la estructura de Correa”, concluyó el inspector Morocho.

La Fiscalía, que solicitaba inicialmente dos años de cárcel para el expresidente, modificó su petición de pena en la recta final del juicio. El ministerio público reclama finalmente un año de prisión para Camps por delitos de prevaricación y tráfico de influencias, así como su inhabilitación durante un periodo de seis años para cualquier cargo público. En el banquillo, junto al exjefe del Ejecutivo, se han sentado otros 25 acusados: entre ellos, tres de sus consejeros (Alicia de Miguel, Luis Rosado y Miguel Cervera) y una decena de técnicos de la Administración.

Anticorrupción sostiene que Camps “facilitó” el desembarco de la trama en la comunidad debido a la “estrecha y fluida relación” que tejió con Álvaro Pérez, El Bigotes, hombre de confianza de Correa en la región. La Fiscalía insiste en que dio órdenes concretas a sus subordinados para que concediesen a una de las compañías corruptas (Orange Market) los trabajos relativos al montaje del stand de Grandes Proyectos de la feria de turismo Fitur 2009. La acusación pública define a la ex máxima autoridad autonómica como el primer cargo público “parasitado” por Gürtel en Valencia: “Es el paciente cero”.

Indicios contra el expresidente

El abogado de Camps ha construido su defensa sobre la base de que “no existe” ninguna prueba documental directa de que el expresidente diese órdenes: “No hay nada. No hay ni un correo, ni una conversación grabada, ni un informe...”. Por tanto, ha añadido, “no hay influencia y no hay instrucción”. Sin embargo, la Fiscalía no comparte esa tesis: “Hay prueba abundante, sólida y contundente”, señaló el ministerio público el lunes, antes de describir que todo se explica desde la dinámica que seguía Gürtel para “colonizar” las instituciones. Utilizaban siempre a un alto cargo que les abría las puertas de par en par: “Y es Camps quien va introduciendo a [Álvaro Pérez] en actos”. Así lo indicó Ricardo Costa, el ex secretario general del PP valenciano y su antigua mano derecha: “El Bigotes trabajaba con el partido y el Gobierno porque el presidente lo decidió”.

“Camps permitió que Pérez contratara con la Generalitat”, subrayó Anticorrupción. En el juicio, Enrique Navarro, jefe de gabinete de la consejera Alicia de Miguel entre 2003 y 2007, apuntó en esa dirección al asegurar que contrataban con la red corrupta para “congraciarse” con el presidente. En esa línea, la sentencia de la Audiencia Nacional sobre la visita de Benedicto XVI en junio de 2006 a Valencia, en la que se desviaron fondos en favor de la Gürtel, ya consideró “acreditado” que el entonces presidente “puso en contacto” a Pérez con Juan Cotino, coordinador de facto de la fundación que organizó aquellos actos, después de que Correa le ordenase a El Bigotes que hablase con Camps sobre ello.

La relación entre Pérez y Camps ha sido otra de las claves de esta última jornada. La defensa insiste en que ambos no tenían una relación de amistad, pese a las conversaciones telefónicas intervenidas —en una de ellas, el presidente califica al hombre de Gürtel como “amiguito del alma”— y a que El Bigotes invitó al presidente a su boda y le dirigió unas palabras cariñosas durante su discurso en el convite. Según el abogado del exdirigente del PP, eso no demuestra nada: “El día de su boda se vendría arriba y diría lo que le salió de las narices. O del bigote”, ha dicho. A su vez, el letrado del político ha tratado de tirar abajo las afirmaciones de los líderes de la trama sobre su llegada a la Comunidad Valenciana. Estos hicieron hincapié en que el propio Camps le dijo a Pérez que trasladaran sus negocios a Valencia. La defensa ha tratado de minimizar esa presunta invitación: “Los valencianos decimos a todo el mundo que se venga a vivir a Valencia. En Valencia se vive muy bien y a los valencianos nos sale del alma. Supongo que a los de Cuenca y Teruel no les sale”.

Otra acusada: “Quiero pedir perdón”

Solo tres procesados han asistido al juicio este jueves y han ejercido su derecho a la última palabra. Además de Camps, han acudido Isabel Jordán, trabajadora de las empresas de Gürtel; y María Patricia Callaghan, funcionaria de la Generalitat. Jordán ha asegurado: “Quiero pedir perdón a la sociedad y a los ciudadanos por haber cometido esas irregularidades o por haber pensado que esas conductas eran normales. Y no, son reprochables”. “No tengo animadversión a ningún otro acusado”, ha recalcado. Ella es una de las acusadas que ha señalado a Camps como la vía de entrada de la red corrupta en la comunidad.

Por su parte, la funcionaria autonómica, María Patricia Callaghan, ha expuesto: “Soy inocente. He seguido siempre la ley. Desde mi imputación, hace 10 años, sufro un verdadero shock por estar imputada sin saber por qué. Y sigo sin saber por qué”.