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Costa apunta sin tregua a Camps en el juicio de Gürtel: “El Bigotes trabajaba con el partido y el Gobierno porque el presidente lo decidió”

La antigua ‘mano derecha’ del exjefe de la Generalitat sitúa a Camps en la cúspide de la trama para adjudicar contratos a la red corrupta que anidó en el PP

Ricardo Costa, 'ex número dos' de Camps, durante su declaración en el juicio contra el expresidente valenciano, este martes.
Ricardo Costa, 'ex número dos' de Camps, durante su declaración en el juicio contra el expresidente valenciano, este martes.
J. J. Gálvez

El testimonio de Ricardo Costa, ex mano derecha de Francisco Camps, ha impactado de lleno este martes contra la defensa del expresidente valenciano en el juicio que se celebra contra él por su presunta implicación en el caso Gürtel, la red corrupta que anidó en el PP. Durante casi dos horas, Costa ha ofrecido en la Audiencia Nacional numerosos detalles sobre el desembarco de la trama en la comunidad; los trabajos que desarrolló para la formación conservadora y la Administración regional; la relación de “amistad” entre Camps y Álvaro Pérez, El Bigotes —hombre de confianza de Francisco Correa, líder de la trama— y su acceso prioritario a altos cargos de la Generalitat. Todo ello, ha insistido, bajo el auspicio y el favor del entonces máximo responsable del PP valenciano y del Govern: “Pérez trabajaba con el partido y el Gobierno porque el presidente lo había decidido”, ha sentenciado: “Era el jefe”.

El relato de Costa resulta tan contrario a los intereses de Camps, que el abogado del ex jefe del Ejecutivo le ha llegado a espetar irónico: “Agradezco su esfuerzo incriminatorio”. Esas palabras han provocado que el tribunal llamara la atención al letrado, que ya había tratado antes de desacreditar a otros testigos incómodos.

La expectación había rodeado esta sesión del juicio: la número 26 desde que comenzara a finales de enero. Ricardo Costa no es un cualquiera. Fue una persona muy cercana a Camps. Ejerció de secretario general en el PP autonómico, asumió la portavocía del grupo popular en las Cortes regionales e, incluso, se sentó junto al expresidente en el banquillo en el famoso caso de los trajes —del que salieron absueltos en 2012—. Pero tras años de silencio, en enero de 2018, en pleno juicio por la financiación irregular del partido valenciano, confesó: asumió su responsabilidad y apuntó por primera vez al presidente. En esa vista, Costa acabó condenado a cuatro años de cárcel, pero el tribunal otorgó una “notable credibilidad” a sus declaraciones y le reconoció su “trascendente” colaboración con la justicia. Sin embargo, sobre Camps (que no estaba acusado y solo fue interrogado como testigo), el juez aseguró: “Su declaración ha sido totalmente infructuosa para aclarar los hechos: nada sabe, nada recuerda, nada reconoce”.

Poco ha cambiado desde entonces. Este martes, de nuevo, Costa ha apuntalado la tesis de la Fiscalía Anticorrupción, que pide dos años y medio de cárcel para Camps por dar “instrucciones verbales” para que se diera a Orange Market, una empresa de Francisco Correa, los trabajos del stand de Grandes Proyectos de la feria de turismo Fitur 2009, celebrada en Madrid. Al igual que el juez instructor José de la Mata, el ministerio público sostiene que el presidente favorecía a la trama por su cercana relación con El Bigotes, al que había ayudado a aterrizar en la Comunidad Valenciana.

—¿Cuándo y cómo conoció usted a Álvaro Pérez? —ha preguntado la fiscal a Costa.

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—Mis primeros recuerdos de Pérez son de algún congreso nacional [del PP]. En 2002, prepara el acto de Camps como candidato a la Presidencia de la Generalitat. En verano de 2003, [durante un encuentro] casual en una cena en un municipio de Alicante, fui a saludarlo y me dijo que iba a venir a Valencia a trabajar porque se lo pidió el presidente. No me pareció nada extraño.

A partir de ahí, las aseveraciones de Costa se han sucedido en cascada contra Camps: “En Valencia, Pérez hacía todos los actos del PP porque lo decidía el presidente, y trabajaba con la Administración. Entiendo que esa oferta de abrir una empresa en Valencia de eventos venía unida con lo que posteriormente fue realizando”; “Camps, en determinados momentos, siempre me dijo: ‘Me gustaría que esto lo hiciese Álvaro”; “Pérez tenía acceso a muchas personas de la Administración: varios vicepresidentes y consellers, además del presidente”...

—¿Cuál era la relación entre Camps y Pérez? ¿De amistad y confianza? —ha insistido la fiscal a Costa.

—Yo la definiría como usted la acaba de decir [...].

—¿La boda de Pérez [a la que Costa y Camps acudieron], se les anunció como un acto político, como dijo el expresidente?

—Es absolutamente sorprendente lo que me dice. Una boda es una boda. Era un evento personal.

Imagen de un acto del PP, donde Álvaro Pérez conversa con Camps, exhibida en el juicio contra el expresidente valenciano.
Imagen de un acto del PP, donde Álvaro Pérez conversa con Camps, exhibida en el juicio contra el expresidente valenciano.

“Camps me había confirmado en los últimos cinco años que se veía para comer con Pérez y su familia. Era una cosa recurrente”, ha reiterado Costa a preguntas de la defensa del expresidente, quien había negado en el juicio cualquier relación de amistad con El Bigotes. El ex jefe del Ejecutivo dijo a la Fiscalía: “Nunca tomé un café con Álvaro Pérez, ni estuvo en mi casa, ni me fui de viaje con él. No teníamos una relación personal. [...] Nunca jamás he comido con Álvaro Pérez, salvo el día de su boda. Nunca jamás”.

Sin embargo, Costa ha puesto este martes sobre la mesa otra versión: “Yo veía la relación personal que tenían. Camps y Pérez me lo decían. Yo he comido con ellos en el Palau de la Generalitat, y hablaban de encuentros familiares”. “Pérez podía pedirle a Camps cualquier cuestión. No me necesitaba a mí”, ha remachado el ex número dos del PP valenciano.

Costa ha vuelto a narrar este martes que telefoneó directamente a Camps durante una reunión con El Bigotes y Pablo Crespo, otro socio de Correa. En esa cita, la trama reclamaba que se pagara la deuda que el PP valenciano había contraído con Orange Market y que, según el secretario general, se abonaba de forma irregular (mediante aportaciones de empresarios y un sistema de facturas falsas). “Camps era conocedor de ese procedimiento”, ha dicho Costa: “Yo llamé al presidente. Le dije que había ciertas discrepancias sobre la emisión de facturas. Camps me dijo que era la única forma de pagar esa deuda”.

—¿Sabe si Camps tuvo que ver o conocía que Orange Market venía realizando los stands de Fitur? —ha preguntado también el ministerio público.

—No me cabe ninguna duda —ha respondido Costa.

—¿Por qué?

—Yo he visto, en las comidas que se organizaban por parte de la Generalitat, a Pérez con Camps... en conversaciones cruzadas que se hablaba de cómo estaba organizando el stand de Fitur. Y así me lo trasladaba también Pérez.

Milagrosa Martínez, durante su declaración por videoconferencia en la vista contra Camps, desde los juzgados de Novelda, este martes.
Milagrosa Martínez, durante su declaración por videoconferencia en la vista contra Camps, desde los juzgados de Novelda, este martes.

La exconsejera encarcelada

Antes del interrogatorio de Costa, el tribunal ha escuchado el testimonio de Milagrosa Martínez, La Perla, exconsejera de Turismo de Camps (2004-2007) y expresidenta de las Cortes. Martínez ha reaparecido en público tras entrar en prisión hace un lustro, condenada a nueve años de cárcel por las adjudicaciones irregulares a Gürtel de los contratos para el diseño, montaje y desmontaje del pabellón de la Comunidad Valenciana durante cinco ediciones de la feria turística Fitur (de 2005 a 2009). En ese juicio, la consejera aseguró que sus “directrices políticas” seguían “las pautas e instrucciones de Camps”. Así se lo ha indicado este martes la fiscal, pero la exconsejera ha contestado que no recuerda ya aquellas palabras: “No lo recuerdo. Las instrucciones que recibí eran para potenciar el turismo de la Comunidad Valenciana”.

Martínez, que sufre problemas de salud y que ha intervenido en el juicio por videoconferencia desde un juzgado de Novelda (Alicante), ha añadido que Camps le dio una “única directriz”: “Potenciar el turismo de la Comunitat Valenciana”. Es más, la exconsejera ha afirmado que los “equipos técnicos” se encargaban de las adjudicaciones bajo sospecha, y que ella nunca supo que la trama Gürtel organizaba los actos del PP valenciano: “Ese tema lo llevaban los responsables del partido. Yo me limitaba a ir, como los demás cargos”. A preguntas de la acusación popular, la expolítica ha asegurado que tampoco recuerda que la oposición hiciera preguntas en las Cortes sobre Orange Market, pese a que ella era la presidenta de esa institución: “Yo no las memorizaba. Hoy no recuerdo ninguna”.

Sin embargo, Ricardo Costa ha desvelado después una conversación que supuestamente mantuvo con Martínez antes de que ella entrara en prisión. “Yo la llamé por teléfono para ver cómo se encontraba, y las palabras que me trasladó son: ‘Unos se quedan en la universidad mientras otros, a los que han planteado firmar determinadas adjudicaciones, se van a la cárcel”. La fiscal le ha insistido entonces: “¿Quiere decir que Milagrosa se vio en la tesitura de tener que firmar algo que no quisiera?”. “Yo es lo que entendí”, ha dicho el ex número dos de los populares: “Me trasladó que ella conoce Orange Market a través de Presidencia y que es Presidencia la que planteaba de forma sucinta qué se tenía que ir haciendo con Orange Market”.

Queda mucho juicio

Tras la intensa sesión de este martes, la vista oral continuará este mismo miércoles con el interrogatorio de otros 11 testigos, según el calendario fijado la pasada semana por el tribunal. Todavía queda mucho por delante. Según explican fuentes jurídicas, las partes propusieron que cerca de 300 personas declarasen en el juicio, a lo que se suman los informes finales de las partes y los turnos de última palabra. Por ejemplo, aún tiene que comparecer el inspector jefe Manuel Morocho, principal investigador del caso Gürtel, que describió en sus informes cómo el partido regional, encabezado por Camps, se financió irregularmente a través de una fórmula “sistémica” de facturación ilegal pactada con la red corrupta, que incluía el movimiento de “fondos en b”.

Además, como publicó EL PAÍS, el proceso acumula retrasos por la huelga de los funcionarios de la Administración de Justicia, y se han incumplido los plazos estimados inicialmente: se preveía acabar el juicio este 23 de mayo. Los magistrados ya calculan que, como mínimo, no se dictará sentencia hasta final de noviembre.

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Sobre la firma

J. J. Gálvez
Redactor de Tribunales de la sección de Nacional de EL PAÍS, donde trabaja desde 2014 y donde también ha cubierto información sobre Inmigración y Política. Antes ha escrito en medios como Diario de Sevilla, Europa Sur, Diario de Cádiz o ADN.es.

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