Un técnico de la Generalitat detalla cambios del reglamento en época de Camps “para controlar las adjudicaciones”

Un trabajador de la Generalitat Valenciana, Pedro Chinesta, ha detallado este martes que el Govern autonómico de Francisco Camps (2003-2011) modificó los procedimientos en 2004 para “controlar las adjudicaciones”. El técnico, que era entonces jefe de servicio de Relaciones Institucionales en la Consejería de Sanidad, ha explicado cómo se redujo el papel de algunos funcionarios a “meras comparsas”, según ha declarado durante su comparecencia como testigo en el juicio que se celebra en la Audiencia Nacional contra el expresidente regional y otras 25 personas, acusadas de conceder contratos de forma irregular a la trama Gürtel, encabezada por el empresario Francisco Correa.

A preguntas de la Fiscalía Anticorrupción, que pide dos años y medio de cárcel para Camps por maniobrar supuestamente para favorecer a compañías de la red corrupta (como Orange Market y Easy Concept), Chinesta ha insistido en que se aprobó en 2004 un decreto —el número 180—, que cambiaba el reglamento sobre las capacidades y funciones de la Presidencia de la Generalitat, así como de los órganos que dependían de esta. Entre ellos, la dirección general de Promoción Institucional, al frente de la cual se situaría a Salvadora Ibars, señalada por el ministerio público como una pieza clave de la trama: según la acusación, Camps le “dio verbalmente instrucciones” a ella para que adjudicasen a Orange Market los trabajos relativos al montaje del stand de Grandes Proyectos de la feria de turismo Fitur 2009.

Con esa nueva normativa, según el trabajador de la Generalitat ha asegurado este martes al tribunal, se concedió un enorme poder a la dirección general de Promoción Institucional en las adjudicaciones. A la vez, se restaba capacidades a los técnicos que, como era su caso, se habían encargado hasta entonces de supervisarlas. “Pasamos de tener un control del 80% o 85% del procedimiento, a ser meras comparsas. Esto es un intento de controlar las adjudicaciones”, ha especificado, antes de describir cómo estas maniobras se convirtieron en un tema comentado entre los funcionarios que se dedicaban a lo mismo: “[Se decía]: ‘Es un intento desde Presidencia de controlar las adjudicaciones. Ya no tenemos capacidad de decidir nosotros. Viene de arriba”.

En esta misma línea ya apuntaron antes otros testigos. La pasada semana, una empleada y una exdirectiva de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, dependiente del Gobierno regional, relataron que el Gobierno de Camps (PP) impuso contratar para la feria de turismo con Orange Market; y señalaron directamente a Salvadora Ibars: “Vamos a hacer el stand con Orange Market”, explicaron que les dijo. Una de ellas añadió que, tras estallar el escándalo, les pidieron incluso que destruyeran documentación. También usaron una frase similar a la referida este martes por Chinesta: “Era un tema que venía de arriba”, expusieron.

El juicio contra Camps, que comenzó el pasado enero, ha celebrado este martes su sesión número 23. La vista oral se encuentra inmersa en los interrogatorios a testigos: ya han desfilado 70 ante el tribunal, y aún quedan más. De hecho, dos de ellos, Ricardo Costa y Milagrosa Martínez, ex altos cargos del PP valenciano, han pedido declarar por videoconferencia. El primero fue secretario general de Camps en el partido y su testimonio resultó clave para sentar al expresidente en el banquillo: “La decisión de encargar la campaña a Orange Market [una empresa de la trama] se produce directamente por parte del presidente”, dijo durante la instrucción de la causa.