El nacionalismo aprieta, el Gobierno pone límites

Andoni Ortuzar, presidente del PNV, reunió a los suyos el viernes en Zarautz (Gipuzkoa) para aleccionarlos en el comienzo del curso político y les anunció: “Estamos ante una oportunidad histórica”. Desde las elecciones del 26-J, los independentistas catalanes, tanto Junts como ERC, lo venían repitiendo con palabras parecidas: “Es una ocasión de oro”. Cada nuevas elecciones, el voto de los grupos nacionalistas en el Congreso se vuelve más valioso. Y los actores en escena se van incrementando, ahora con el mismísimo Carles Puigdemont en primera línea. Conscientes de su peso, los nacionalistas aprietan.

El socio minoritario del Gobierno en funciones, Sumar, se apunta a la tesis de que ha llegado el momento de actuar, porque —en recientes palabras de su líder y vicepresidenta segunda en funciones, Yolanda Díaz— “en el problema puede estar la solución” y el “conflicto político en Cataluña puede ser la llave para un nuevo contrato territorial en España”. Los socialistas escuchan a todos, toman nota y se preparan para una ardua y larga negociación con el fin de lograr la investidura de Pedro Sánchez. Pero advierten de que se debe tener claro el límite: una Constitución que solo se podría reformar con el improbable apoyo del PP.

La atracción política de la semana parecía ser el encuentro entre Sánchez y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, por mucho que nadie esperase nada más que la constatación de que no hay el menor entendimiento entre ambos. Feijóo aprovechó para intentar fijar la idea de que Sánchez prefiere echarse en brazos de los nacionalistas antes que pactar con el PP, un mensaje que no tardó en quedar acallado al entrar en escena otro actor con el que no se contaba. El lehendakari Iñigo Urkullu publicaba un artículo en EL PAÍS para reclamar un nuevo pacto territorial con el objetivo de avanzar hacia un “Estado plurinacional” en el que las “nacionalidades históricas” dispongan de “capacidad de decidir”.

El PNV ha sido en los últimos años el contrapunto al estrépito del nacionalismo catalán. Desde el frustrado plan Ibarretxe, en tiempos del Gobierno Zapatero, no había vuelto a poner sobre la mesa una propuesta de reforma del Estado. En el Parlamento vasco se ha discutido en los últimos años un proyecto de nuevo Estatuto, pero la iniciativa permanece encallada. Hasta que ha surgido eso que Ortuzar llama “oportunidad histórica”. En una entrevista en este periódico, ya lo había avisado semanas atrás el presidente del PNV, que pedía un nuevo modelo territorial “para 10 o 20 años”. La histórica formación vasca vuelve a dar un paso adelante en un momento además en el que, por primera vez en décadas, ha surgido una fuerza, EH Bildu, que le discute la hegemonía en Euskadi.

Los socialistas, por boca del ministro de la Presidencia en funciones, Félix Bolaños, han respondido con buenas palabras a la propuesta de Urkullu. Pero creen, como algunos juristas, que sobrepasa la Constitución. Lo que tranquiliza al PSOE es que el lehendakari la haya presentado sin vincularla a la investidura. Los de Sánchez son conscientes de que tienen que cuidar al PNV y confían en su talante más conciliador que el del independentismo catalán. La otra formación nacionalista vasca, EH Bildu, se ha convertido además en una de las bazas menos dudosas para el PSOE. La izquierda abertzale ha pasado por alto incluso algunos agravios, como que los socialistas le hayan negado su apoyo en Pamplona y consentido que la alcaldía se la llevase la derecha de UPN. Bildu se ha propuesto como prioridad máxima cerrarle el paso a la derecha en el conjunto de España y de ahí no se bajará. Paradojas de la política actual: los herederos de la antigua Batasuna son hoy un interlocutor mucho menos levantisco que los herederos de la antigua Convergència.

Desenredar el nudo

En Cataluña es donde sigue estando el nudo más difícil de desenredar para la investidura. Aunque Puigdemont —con una orden de detención nacional en vigor— ha salido esta semana a negar que se esté negociando ya, fuentes tanto del PSOE como de Sumar insisten en que hay conversaciones continuas. Eso sí, nadie espera grandes novedades hasta que Feijóo consume su fracaso, el próximo 27. A partir de entonces habrá dos meses de plazo para evitar nuevas elecciones y tampoco se prevé un desenlace rápido. El optimismo en el Gobierno y en sus aliados parlamentarios ha subido varios tonos tras la exitosa negociación que desembocó en la elección de la socialista Francina Armengol como presidenta del Congreso. Pero todos saben que lo que queda por resolver es un asunto muy complejo, sobre todo en lo concerniente a la principal demanda de ERC y Junts: una amnistía para los encausados en sumarios judiciales pendientes por el procés.

El independentismo catalán enfría las expectativas de un pacto rápido con razones diferentes en cada uno de los partidos. Esquerra sigue sin tocar la tecla correcta para que sus votos no se den por descontados y no parecer a remolque de Junts. En su afán por marcar perfil se inscribe el intento esta semana de atribuirse el protagonismo exclusivo de la reforma del Reglamento del Congreso para introducir el uso de las lenguas cooficiales. ERC enfadó a todas las demás formaciones que apoyan la medida al dar por hecho un acuerdo que está próximo pero aún sin cerrar. La competencia entre los de Oriol Junqueras y los de Puigdemont es constante. Esquerra tiene que evitar que Junts se cuelgue las medallas de los logros en Madrid y se erosione más su credibilidad tras los últimos reveses electorales.

Toda la expectación se centra ahora en Bruselas, donde Puigdemont pronunciará el martes una conferencia en la que ha anunciado que expondrá sus condiciones. Junts muy posiblemente aproveche para elevar sus reivindicaciones. Fuentes del sector más contrario al pacto dentro del partido sostienen que, al margen de los posibles avances que se puedan conseguir sobre la amnistía en las conversaciones con el Gobierno de Sánchez, y aún a falta de una propuesta por escrito, ese perdón general a los encausados por el procés es inseparable de la exigencia de un referéndum de autodeterminación. Esa demanda había quedado un tanto congelada en las últimas semanas, una vez que el PSOE y Sumar se abrieron a estudiar algún tipo de solución legal similar a la amnistía. Si Puigdemont vuelve a poner el referéndum en primer plano, las negociaciones estarán abocadas al fracaso y el camino abierto hacia la repetición electoral. Frente a las insinuaciones de la derecha de que Sánchez “está dispuesto a todo para permanecer en el poder”, en el PSOE insisten una y otra vez: el referéndum no cabe en la Constitución y jamás se va a franquear ese límite.

Además de competir entre ellos, ERC y Junts afrontan sus propias disensiones internas. Puigdemont acaba de disolver la asamblea del Consell de la República, esa suerte de Gobierno privado en el exilio que mantiene en Bruselas. La tal asamblea pretendía ser como un remedo del Parlament y, aunque el expresident ha desligado su decisión de las negociaciones para la investidura, el malestar se ha extendido en algunos sectores, que hablan incluso de “ejercicio de autoritarismo de corte bonapartista”.

El termómetro de la Diada

Las voces críticas arrecian con la inminencia de la Diada, la fiesta nacional. El lunes 11 de septiembre, las calles de Barcelona volverán a ser el termómetro de la apuesta ciudadana por el independentismo. La Assemblea Nacional Catalana ya presentó el spot publicitario y el mensaje es contundente: “Pactar con quien nos reprime y espía no puede ser el camino”. ERC esquivó la cita el año pasado, y el Govern se llevó la peor parte, abroncado por su apuesta por la vía dialogada. Junts trató de capitalizar ese descontento y ahora le podría pasar a ellos. Puigdemont intentará calmar las aguas de manera previa. También el partido se ha movilizado para evitar ruido interno. Hasta ahora, en el seno de Junts se ha logrado contener el debate interno y se han dejado todos los focos a Puigdemont. Para buscar más operatividad se ha creado un comité permanente que tutelarán la presidenta, Laura Borràs, y el secretario general, Jordi Turull, con el fin de tomar las decisiones de manera más ágil.

En ERC ha sido el Colectivo 1-O, que agrupa a un puñado de críticos, el que se ha pronunciado en contra de la amnistía. “Los catalanes no cometimos ningún delito derivado del referéndum, que fue válido y legítimo”, sostienen. Algunos sectores del independentismo también rechazan que la eventual amnistía incluya a los policías encausados por las cargas del 1-O, una posibilidad que del lado del Gobierno en funciones se considera irrenunciable.

“Discreción” es desde hace semanas la palabra que sale a todas horas de La Moncloa. Sumar sí ha revelado que tiene un grupo de juristas trabajando en una propuesta de amnistía, aunque fuentes del partido insisten en que es un asunto lleno de complejidades y matices al que llevará su tiempo darle forma. Ninguno de los dos socios del Ejecutivo afirma tener prisa. Hasta que Feijóo consume su fracaso anunciado y empiece a correr el reloj.