Sánchez asume que debe buscar un alivio penal al ‘procés’

Las caras lo decían todo: un festival de carcajadas, besos y abrazos en la bancada del Gobierno, frente a un funeral de muecas apesadumbradas en la del PP. Habían sido días de tensión y la alegría del Ejecutivo en funciones se desbordó el jueves en la sesión constitutiva del Congreso. Todo les salió a pedir de boca. La izquierda logró que el independentismo catalán apoyase una Mesa bajo su control con la socialista Francina Armengol al frente, mientras la derecha se dividía. La jornada demostraba algo que no estaba tan claro hasta apenas unas horas antes: que Pedro Sánchez tiene opciones de disputar el partido para reeditar su mandato. Solo que lo más difícil empieza ahora. El presidente que se la jugó por los indultos a los líderes del procés o la reforma del Código Penal se enfrenta a una demanda más compleja aún: una solución jurídica para dar carpetazo al procés y evitar más encarcelamientos de independentistas. Eso a lo que Junts y ERC llaman sencillamente amnistía.

Seis años después, la mayoría de los principales líderes del procés fueron condenados y sufrieron cuatro años de cárcel hasta que Sánchez los indultó. Otros, como Carles Puigdemont, expresident y líder de Junts, y Marta Rovira, aún secretaria general de ERC, siguen huidos fuera del país. Y varias decenas más están a la espera de juicios.

La reforma de la sedición y la malversación, que hizo el Gobierno con una amplia mayoría del Congreso a finales de 2022 para intentar resolver el problema de estos segundos niveles, no funcionó como se esperaba. El Tribunal Supremo interpretó que no valía para el procés y mantuvo la acusación de malversación agravada para Puigdemont, por ejemplo, aunque le retiró la de sedición. Decenas de independentistas tienen en el horizonte duras condenas y costes patrimoniales importantes. Y ahí se sitúa el corazón de la negociación que viene.

La sesión del jueves dejó clarísimo que solo hay dos opciones: o Sánchez logra un acuerdo y es presidente, o habrá repetición electoral. Alberto Núñez Feijóo no tiene ninguna posibilidad y solo puede confiar en esa segunda oportunidad de nuevas elecciones. En el PSOE, donde antes confiaban en que Feijóo se estrellara en una investidura fallida, ahora prefieren que no llegue a intentarlo, porque así no empezará a contar el reloj para la convocatoria automática de comicios. El lunes y el martes, el Rey inicia las consultas con los partidos y se verá si propone ya un candidato o espera a que se aclare el panorama.

El PSOE y Sumar deben resolver esta complicada madeja de las penas del procés, en la que ya se estrellaron en 2022, con un gran coste político. Ahora, con una novedad, insisten en la coalición progresista: los españoles han votado tras los indultos, las reformas de la sedición y malversación y los acuerdos con EH Bildu. La derecha ha hecho mucha campaña con eso. Y aun así, el PSOE ha subido un millón de votos y ha ganado en Cataluña, donde Sumar ha sido segundo. “Hicieron un plebiscito, y lo perdieron”, resumió Sánchez el miércoles ante sus diputados. Así que la legitimidad política para esta negociación es total, insisten en el partido socialista.

También son evidentes los límites: el PSOE no acepta un término como amnistía, que algunos dirigentes independentistas consideran innegociable. Tampoco un referéndum de autodeterminación, la otra gran demanda, aunque en este caso tanto Junts como ERC parecen haberle puesto sordina ante la evidencia de que el marco legal no lo permite. A lo que sí parece dispuesto el Ejecutivo en funciones es a buscar fórmulas para “desjudicializar” el conflicto en Cataluña, la palabra suave que se ha buscado para hablar de reducir las penas de los implicados en la mayor crisis política española en los últimos años.

Las dificultades son grandes. Hay discusión entre los juristas sobre la constitucionalidad de una medida de carácter general, similar a una amnistía. Y además se enfrenta a una casuística muy variada en los procesos pendientes, desde personas que colaboraron de alguna forma en el referéndum ilegal del 1-O hasta los implicados en incidentes de protesta por las condenas a los líderes del procés. Pero existe un espacio de negociación. PSOE y Sumar, con el apoyo de los nacionalismos vasco y gallego, están dispuestos a buscar soluciones jurídicas para cerrar de alguna manera el capítulo judicial, seis años después. Ahora vendrán semanas delicadas para bajar a la tierra jurídica los discursos políticos. El PSOE admite que ya ha empezado a estudiar fórmulas, y Sumar —algunos de cuyos dirigentes se han manifestado a favor de manera pública— ha creado un grupo de trabajo para elaborar una posible propuesta. Eso sí, sea cual sea la fórmula pactada, si llegara a producirse, los jueces tendrán la última palabra para decidir cómo aplicarla.

Ahora queda por saber si Junts y ERC están dispuestos a votar sí a la investidura de Sánchez. Los independentistas insisten: sin amnistía, no habrá investidura. Con ERC, las cosas están bastante engrasadas después de cuatro años de acuerdos, pero con Junts todo está por hacer. Y el partido de Puigdemont no se conformará con meras promesas. “Cobrar por adelantado” se ha convertido en una de sus divisas. El Gobierno en funciones lo comprobó el jueves, cuando se vio obligado a presentar a primerísima hora de la mañana la solicitud en la UE a fin de que se permita el uso en sus instituciones de las lenguas cooficiales españolas, una exigencia de la formación independentista para dar su voto en el pleno del Congreso que empezaba a las diez.

El PSOE y Sumar se han dedicado las últimas semanas a construir puentes con los de Puigdemont. Los socialistas han llevado la negociación directamente, con los ministros Félix Bolaños y María Jesús Montero y el secretario de organización, Santos Cerdán, que trataban con Miriam Nogueras, portavoz de Junts en Madrid, y un protagonismo muy destacado de Jordi Turull, secretario general, uno de los indultados por Sánchez. Yolanda Díaz también ha tendido puentes con contactos al “máximo nivel”, según sus palabras. Díaz tiene en el exdiputado Jaume Asens a una persona muy bien relacionada con Puigdemont, lo que apunta a que Sumar desempeñará un papel relevante.

La negociación para la Mesa del Congreso ha permitido construir algo más de confianza, admiten desde ambos lados, pero aún queda muchísimo. El propio Puigdemont ha insistido públicamente en esa idea de la desconfianza, que, según admiten varios dirigentes, es el gran problema de fondo. Y hay otro punto importante: el reconocimiento político a Puigdemont. La posibilidad de que alguien del PSOE al máximo nivel —Cerdán es el más probable— tenga que viajar a Bruselas para encontrarse con él es un asunto muy delicado, pero no se puede descartar en las próximas semanas. En Sumar asumen que deberán ofrecer un gesto así.

En la coalición confían en que Junts saque conclusiones del resultado del 23-J en Cataluña, según diversos dirigentes consultados: los catalanes votaron mayoritariamente a favor de la coalición de Sánchez —primer y segundo partido— y para evitar un Gobierno PP-Vox. Una repetición electoral podría abrir el paso a la derecha y a una enorme frustración en Cataluña, señalan estos dirigentes, que creen que eso pesará en las negociaciones. En Junts, por el contrario, insisten en que su gente no está preocupada por eso, que no temen volver a las urnas y que lo importante es lo que se logre en la negociación

Habrá muchas palabras gruesas en las próximas semanas y momentos en que el fantasma de las nuevas elecciones volverá encima de la mesa. Pero la negociación de estos días ha demostrado varias cosas, según dirigentes tanto del Gobierno en funciones como de los independentistas. Primero, que había voluntad de no romper y por eso se ha logrado mantener una gran discreción. Segundo, que Junts, como antes ERC, ha decidido jugar políticamente, un cambio muy importante para una formación que durante los últimos cuatro años no quiso entrar a casi nada e incluso acabó fuera del Gobierno catalán. Y tercero, que las cosas han cambiado mucho desde aquel 2019 en que el PSOE se fue a elecciones anticipadas después de que los independentistas tumbasen los Presupuestos porque exigían una mesa de partidos con un relator de intermediario.

Los socialistas han ido abriendo vías impensables hace unos años, como los indultos. Todavía hace un año, votaron en contra de permitir el uso de las lenguas cooficiales en el Congreso, ahora aceptado. Los independentistas han ido también cambiando y parecen dispuestos a abrir el juego. La realidad política española, en la que se han ido consolidando los dos bloques, ha empujado al entendimiento entre la coalición y el independentismo, la única forma viable de gobernabilidad en este momento si no hay acuerdo entre PP y PSOE. “Esta es la España real, es lo que votan los ciudadanos”, insisten en la coalición.

Nadie sabe cuál será el desenlace. La clave, en el último momento, además del contenido de la negociación, estará en los incentivos políticos. ¿Le interesa a Junts jugar a hacer política o preferirá una repetición electoral? ERC y Sumar sin duda no la quieren. Algunos independentistas incluso creen que es Sánchez el que podría estar tentado a una repetición aprovechando la fractura de la derecha que se vio el jueves y la posible desmovilización que eso provoque en su electorado. El presidente tendría un relato claro, explican: pedir una mayoría más fuerte para no ceder más de lo sensato a Junts.

En el PSOE insisten en que la repetición electoral, que ya les salió mal en 2019, no es una opción. El plan A es ir a fondo en la negociación de la investidura. Y están dispuestos a ir lejos porque entienden que ha llegado el momento y disponen de legitimidad política, aunque los límites son claros. La repetición electoral siempre estará ahí, sobrevolando las negociaciones, pero precisamente para evitarla. Tampoco hay cálculos precisos de tiempo, aunque la idea que transmiten los negociadores es que va para largo. Sánchez se enfrenta de nuevo a un giro aparentemente imposible de su manual de resistencia.