Nacionalismos enfrentados con las urnas al fondo, otra pieza en el puzle de la investidura de Sánchez

En el plazo de dos meses, los españoles han sido llamados a las urnas en dos ocasiones y nadie puede descartar que vuelvan a ser convocados en breve si no se resuelve el enmarañado panorama salido del 23-J. Y aunque se pudiese evitar esta última posibilidad, otro calendario electoral se viene encima, con elecciones europeas, gallegas y vascas antes del verano de 2024 y catalanas a comienzos de 2025, siempre que la frágil situación del Govern no precipite las cosas antes. La proximidad de esas batallas se cierne como un elemento de peso a añadir a las complejidades de formar un Ejecutivo sobre la base del Congreso salido de las últimas generales. Nacionalistas catalanes y vascos, actores clave de la situación, negociarán con Pedro Sánchez sin perder de vista lo que van a jugarse en unos meses en sus respectivos territorios.

El jeroglífico a resolver por el presidente del Gobierno en funciones y secretario general del PSOE se intrinca cada día. El puñado de grupos nacionalistas de los que depende su suerte ha engordado con la incorporación de Junts. El reto para Sánchez es contentar al mismo tiempo a formaciones que compiten entre sí y que ya calientan máquinas para próximas confrontaciones electorales: ERC y Junts en Cataluña, y PNV y EH Bildu en el País Vasco.

El desenlace de las negociaciones para la investidura del presidente del Gobierno impactará de lleno en la política catalana. La agenda fija las elecciones para la Generalitat en el primer trimestre de 2025, pero la endeble mayoría parlamentaria que sostiene el Govern de Pere Aragonès —33 diputados sobre 135— arroja desconfianza sobre el calendario. Cada bache en el camino supone una prueba de resistencia para el Ejecutivo en solitario de ERC, que ha dejado de ser el único grupo independentista catalán clave para el Gobierno de Sánchez. Esquerra y Junts han empatado a siete escaños y se ha desencadenado la enésima pelea entre ellos por ver quién puede lucir más méritos. Los socialistas ya lo padecieron durante las negociaciones para configurar la Mesa del Congreso. Habían cerrado un acuerdo con Junts, aparentemente el interlocutor más correoso, cuando a última hora fue ERC quien planteó las mayores dificultades al exigir algún compromiso sobre una posible amnistía para las causas judiciales todavía pendientes del procés.

Tras votar a la socialista Francina Armengol para presidir el Congreso, Junts emprendió una campaña de imagen a fin de publicitar los éxitos de su equipo negociador, amplificando el efecto del compromiso para que el catalán pueda usarse en las instituciones de la Unión Europea. Ahora es ERC, renqueante tras sus últimos fracasos electorales, la que trata de apuntarse el tanto con el anuncio de un inminente acuerdo con el PSOE, aún sin concretar, para el uso de las lenguas cooficiales en el Congreso. La larga batalla por la hegemonía en el espacio independentista se ha trasladado a la política nacional. El gran objetivo es hacer frente a la crecida del PSC, primera fuerza en las elecciones catalanas de 2021 y vencedor en las municipales y en las generales de este año, lo que hace aspirar a los socialistas a un estirón final que ponga a su líder, Salvador Illa, en disposición de mandar en la Generalitat. Aragonès afirma no tener ningún interés por anticipar los comicios, pero la gestión del calendario electoral puede ser el instrumento para evitar males mayores.

La mirada de Junts no está puesta solo en la Generalitat. Una cita electoral más temprana, las europeas del próximo junio, reviste gran trascendencia para su líder de hecho, Carles Puigdemont. El expresident necesita a toda costa mantener su escaño en el Europarlamento. Y él será quien dirija desde la distancia las conversaciones con el PSOE y Sumar tras exigir a los suyos discreción absoluta al respecto.

El País Vasco, al igual que Galicia, agota su legislatura en julio. Allí la histórica hegemonía del PNV está por primera vez en discusión. La pujanza de EH Bildu se ha consolidado convocatoria tras convocatoria. En las municipales de mayo se erigió en la primera fuerza en número de concejales y ya supera al PNV en representación en el Congreso: ambos empataron a cinco diputados en el territorio de la comunidad autónoma vasca, a los que Bildu sumó uno más en Navarra.

Las dos fuerzas resultaron decisivas para Sánchez en la anterior legislatura y vuelven a serlo en la que ahora comienza. Los socialistas han tenido que hacer contorsiones para contentar a ambos. Al PNV lo lisonjean tratándolo de “socio preferente”, aunque la formación que lidera Andoni Ortuzar se queja de que el Gobierno permite que la izquierda abertzale se apropie de sus conquistas en Madrid y exige ser informada de lo que se negocia con ella. “El PNV no puede pretender exhibir un papel sellado donde diga que ellos son socios VIP y nosotros socios de gallinero”, replicaba recientemente en una entrevista en EL PAÍS el diputado de EH Bildu Oskar Matute.

Más allá de estas fricciones, el caso vasco es diferente al catalán. Aquí la competencia entre los dos aliados favorece los intereses del Gobierno porque aleja al PNV de cualquier tentación de acercarse, como en el pasado, al PP. Un pacto con el partido de Alberto Núñez Feijóo, a su vez atado a Vox, sería como regalarle a la izquierda abertzale las elecciones vascas, admiten tanto en el PNV como en EH Bildu. Lo previsible, además, es que la formación de Ortuzar siga necesitando al PSOE para retener el Gobierno vasco tras los próximos comicios, lo que descarta cualquier cambio de alianzas en Madrid, por mucho que Feijóo se empeñe en cortejar a la rama mayoritaria del nacionalismo vasco.