El nuevo Estatuto vasco de nunca jamás

El debate sobre el nuevo Estatuto vasco, el único en España pendiente de actualizar desde su aprobación en 1979, se ha convertido en un tema tabú en la campaña de las autonómicas. Los partidos, incapaces durante las dos últimas décadas de alcanzar un consenso sobre la futura ley fundamental vasca, pasan de puntillas sobre este asunto. ¿Por qué? ¿Resta votos confrontar en Euskadi sobre el autogobierno o la soberanía? Ninguno de los líderes políticos quiere admitir el fracaso general, la incapacidad de unos y otros para ahormar un marco jurídico-político que contente a la mayoría.

Las heridas que dejó el plan Ibarretxe a comienzos de este siglo y, años después, el turbulento proceso soberanista catalán han hecho descarrilar todos los intentos posteriores de reforma estatutaria en Euskadi. El proyecto sigue encallado en el Parlamento autonómico. No hay avances por la pretensión de las formaciones nacionalistas de incluir a toda costa el bautizado como derecho a decidir y la negativa del resto, temerosos de que dar cauce legal a la autodeterminación pueda ahondar en la división entre vascos.

Iñigo Urkullu, unos meses antes de ser investido lehendakari en 2012, se comprometió en precampaña a aprobar un nuevo estatus político “antes de 2015”. No lo consiguió entonces, ni tampoco durante esta última legislatura. “En 2012 Urkullu prometió una consulta sobre el nuevo estatus, pero se le olvidó en el camino. En las autonómicas de 2016 prometió un estatuto con el derecho a decidir, pero cuando EH Bildu y el PNV llegamos a un acuerdo histórico [en la Ponencia de Autogobierno] sobre la relación de igual a igual con el Estado, fue el propio Urkullu quien tiró el acuerdo por la borda. No tiene palabra”, afirma Maddalen Iriarte, aspirante de EH Bildu a la Lehendakaritza.

La Cámara vasca encomendó en septiembre de 2018 a expertos jurídicos nombrados por los partidos (Mikel Legarda por el PNV, Iñigo Urrutia por EH Bildu, Arantxa Elizondo por Podemos, Alberto López Basaguren por el PSE y Jaime Ignacio del Burgo por el PP) la redacción del texto articulado del nuevo Estatuto vasco. Sus trabajos culminaron en diciembre pasado sin acuerdo. El encaje jurídico del “derecho a decidir” que reivindican los nacionalistas sigue siendo el gran escollo. PNV y EH Bildu habían pactado un borrador de corte separatista, en el que se establecía una distinción entre ciudadanos vascos y nacionalizados, además de la convocatoria de una consulta habilitante antes de remitir a las Cortes el texto aprobado por el Parlamento.

Finalmente, el PNV decidió modular sus planteamientos y rebajar las aspiraciones soberanistas para llegar a un acuerdo de mínimos con los socialistas y Podemos. Frente a la propuesta a la catalana de EH Bildu y su defensa de la vía unilateral para crear un Estado vasco propio, el partido de Urkullu aboga por consensuar un nuevo Estatuto que contemple “el reconocimiento nacional de Euskadi”, se admita el ejercicio del “derecho a decidir” de la ciudadanía vasca previo pacto con el Estado y se establezca una relación bilateral entre Euskadi y el Estado.

EH Bildu es más ambicioso y aspira a que el Estatuto permita “el máximo nivel de soberanía” vasca. “Difícilmente habrá un cambio político y social en Euskadi, salvo que este pueblo sea soberano”, sostiene la coalición abertzale. Su propuesta pasa por reconocer la identidad nacional vasca, el “derecho a decidir”, la creación de un marco confederal no subordinado a decisiones del Tribunal Constitucional o el Congreso, además de la convocatoria de una “consulta habilitante” antes de cualquier negociación con el Estado.

El PNV no quiere ceder la bandera identitaria a EH Bildu, pero tampoco está dispuesto a abandonar la centralidad política que le permite gobernar con los socialistas. El partido de Urkullu sabe que ni el PSE ni el PP aceptarán un nuevo estatuto de corte soberanista que provocaría la división social y, además, sería rechazado por el Estado y la Unión Europea, como se ha demostrado en Cataluña. Por eso, se ha acercado a los postulados de Podemos y los socialistas.

La formación liderada por Pablo Iglesias defiende, en sintonía con los nacionalistas, el “derecho a decidir de manera legal y pactada” en el marco de una organización confederal del Estado. Los socialistas vascos tratan de evitar que la reforma estatutaria vuelva a traer más crispación política a Euskadi y se inclina por una actualización que genere “consensos más amplios que el actual y respete el ordenamiento jurídico”. “Es necesario un nuevo pacto de convivencia que reconozca la pluralidad de identidades y sentimientos existentes en la sociedad vasca”, propone el PSE.