El plan para legalizar regadíos en Doñana abre una nueva batalla por el medio ambiente entre el PSOE y el PP

La respuesta al cambio climático ha irrumpido de lleno en la larguísima precampaña del 28-M con la decisión de la Junta de Andalucía de legalizar un millar de hectáreas ilegales de regadíos que amenazan la supervivencia de Doñana. A falta de mes y medio para las elecciones autonómicas y municipales, la sequía que padece España y su impacto en el campo ha abierto un nuevo pulso en la arena política entre el PSOE y el PP por el medio ambiente. Un ámbito en que la derecha se desenvuelve incómoda y al que Alberto Núñez Feijóo apenas ha prestado atención en el año que lleva al frente del PP. En contraposición, Pedro Sánchez ha puesto mucho empeño desde que fue elegido por primera vez secretario general del PSOE en 2014 en situar al ecologismo en el centro del debate político y convertirlo en una de las banderas de la socialdemocracia. La polémica por el futuro del principal refugio de Europa para las aves migratorias le ha brindado una oportunidad que no estaba prevista a las puertas de unas elecciones cuyo resultado influirá en el de las elecciones generales de final de año.

“Bruselas, encargada de velar por la biodiversidad y el medioambiente en Europa, le ha dicho a España, no solo a la Junta de Andalucía, que si se perpetra este atropello habrá sanciones económicas que tengamos que pagar todos los ciudadanos [españoles] con nuestros impuestos. ¿Qué más necesita la derecha andaluza para frenar este error y este atropello? ¿A qué tanta soberbia? Como presidente del Gobierno les digo que Doñana no es cortijo de nadie, y menos de la derecha y ultraderecha”, percutió el presidente del Gobierno este jueves en un mitin en Cáceres. De trasfondo estaba además la importancia del voto verde, transversal y muy implantado entre las generaciones más jóvenes. Al igual que ya hizo el miércoles en un acto del PSOE en Burgos, Sánchez se refirió a los adolescentes que llevan años manifestándose los viernes pidiendo a los gobiernos de sus países que trabajen “por un planeta habitable”.

Feijóo había refrendado por la mañana los planes del presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, el único barón popular con mayoría absoluta y su principal aliado interno frente a Isabel Díaz Ayuso, bajo la ofensiva del Gobierno para salvar una de las joyas medioambientales del país. “Lo que tiene que hacer el Gobierno es cuidar a Doñana. Lleva años sin hacer las infraestructuras que tenía que hacer para cuidarlo. Pido un poco de respeto entre las instituciones y que el Gobierno no venga insultando a todo el mundo”, observó Feijóo, molesto con la vicepresidenta Teresa Ribera por haber llamado “señorito” al presidente andaluz, y con el objetivo de corresponsabilizar al Ejecutivo del estado crítico de la reserva.

El presidente del PP se defendió al ataque, acusando a los socialistas por no haber dado una solución a los agricultores del entorno de Doñana en los 36 años que gobernaron Andalucía. “Desde 2014 se deja fuera de ordenación una zona que está a 30 kilómetros del parque de Doñana. Ante esta situación, la Junta de Andalucía quiere buscar soluciones preservando la joya de Doñana, garantizando los acuíferos del parque”, sostuvo Feijóo. “Nuestra posición es seguir defendiendo la actualización del plan de 2014, un plan consensuado que se estaba ejecutando y que de manera unilateral paró el PP y sobre todo Vox. Estamos con la normativa europea, con los dictámenes del Tribunal de Justicia de la UE, que dicen de forma muy clara que esta norma atenta y deja prácticamente secos los acuíferos”, le replicó Alfonso Rodríguez Gómez de Celis. El responsable de Política Municipal de la dirección federal del PSOE negó que su partido hubiera variado de posición en Andalucía, aunque se abstuvo en la toma en consideración de la misma iniciativa en febrero del año pasado. La ley no se aprobó finalmente por el adelanto electoral en el que Moreno logró la mayoría absoluta.

La batalla política se ha extendido a la gestión del agua como antes lo hizo con la inflación o la pandemia. Los datos son inquietantes: la primavera se acorta, con temperaturas más propias del verano, mientras la Agencia Estatal de Meteorología alerta que entre octubre y abril ha llovido un 19% menos de lo habitual. La reserva hídrica está al 51,2% de su capacidad, pero la acumulación de agua embalsada es muy desigual: las tres cuencas con menos margen son las del Guadiana (34,4%), Guadalete-Barbate (28,9%) y Guadalquivir (25,6%), según los últimos datos del Ministerio para la Transición Ecológica. Con semejante panorama por delante, el PP no renuncia a la legalización de un millar de hectáreas de regadío ilegales que amenazan la sostenibilidad de Doñana justo en una de las zonas de España, el oeste de Andalucía, más perjudicada por el desplome de las precipitaciones. El ministro de la Presidencia advirtió que el Ejecutivo hará “todo lo que sea preciso” para asegurar la viabilidad del parque nacional, mientras Feijóo defendía sin ambages la tramitación exprés de una ley que podría entrar en vigor en agosto y que ecologistas, científicos, la Comisión Europea y La Moncloa critican por la sobreexplotación del acuífero que abastece al parque nacional. El Gobierno se reserva la baza de recurrir al Tribunal Constitucional para frenar la ley si sale adelante. En ese caso, la norma se paralizaría cautelarmente durante al menos cinco meses desde el momento en que el recurso fuese admitido.

Las escaramuzas no terminaron ahí. La Junta de Andalucía difundió una carta que el consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, había enviado el 23 de febrero al secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, proponiéndole un encuentro y la creación de un grupo de trabajo “para luchar frente a las amenazas que hoy en día acechan al Parque Nacional de Doñana y conservar y proteger sus valores ecológicos”, dice la misiva. Fernández Pacheco y Morán se reunieron el 27 de febrero. El secretario de Estado le trasladó el rechazo total a una proposición de ley.

El PP es consciente de que el Gobierno “ha tocado a rebato” con la crisis de Doñana y que va a echar el resto para hacer de este tema incluso “un segundo Prestige”, pero los populares también preparan su contraofensiva. Fuentes del PP anticipan que la Junta de Andalucía va a dar la batalla y que el partido en Huelva es capaz de movilizar a “miles de agricultores en las calles” para defender la proposición de ley de la derecha sobre los regadíos próximos al parque. Fuentes de la dirección del PSOE no descartan la pérdida de votos en los municipios que dependen de los regadíos ilegales, pero recalcan que el principal partido del Gobierno “antepone el interés general [de los españoles]”.

Discurso medioambiental

Los populares saben también que la controversia sobre Doñana impacta en su discurso medioambiental, que habían previsto incluir como eje discursivo en la campaña para el 28 de mayo. Aunque bajo la dirección de Feijóo el PP no ha dado muestras de que el cambio climático sea una de sus prioridades políticas, ya que apenas ha dedicado actos específicos sobre este asunto, los populares no renuncian a pelear por esta bandera a la izquierda. “Es ineludible para el PP tener una sensibilidad extraordinaria en general con el medio ambiente, con la sostenibilidad de nuestro planeta, y singularmente con Doñana. Es algo que para nosotros es fundamental, es ineludible y así va a seguir siéndolo”, dijo ayer el portavoz de campaña, Borja Sémper, en TVE.

En el programa marco para las elecciones autonómicas y municipales, el PP proclama la “lucha contra el cambio climático”, ya que “las evidencias científicas demuestran los crecientes efectos del cambio climático y del deterioro medioambiental”, dicen los populares, que apuestan por promover un pacto nacional del agua con la participación de todas las comunidades autónomas y sectores afectados. En su compromiso programático, el PP se diferencia del negacionismo de Vox, aunque el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, no ha rectificado las polémicas declaraciones de su vicepresidente, Juan García-Gallardo, que ha negado que el CO₂ sea un gas contaminante. “Hemos visto durante esta semana a un dirigente de un gobierno autonómico poner en cuestión que el CO2 intoxica y contamina la atmósfera y el planeta... Es simplemente y llanamente mentir”, ha incidido Sánchez en sus mítines sobre las declaraciones del dirigente de la ultraderecha.

Ahora, a consecuencia de la polémica sobre Doñana, el PP ha matizado el discurso ecologista defendiendo que tiene que ser compatible con el desarrollo económico. “La protección de Doñana es ineludible y tenemos que hacerlo compatible con una actividad económica y de una actividad importante allí, en el entorno, en Huelva, que da de comer a cientos de familias”, argumentó el portavoz de campaña. “Garantizar la protección del medio ambiente y la actividad económica es fundamental”, sostuvo Sémper. El PSOE, en cambio, desarrolla en su programa con mucho más detalle su apuesta por una transición ecológica “justa como garantía de futuro”. Por ejemplo, promueve leyes de cambio climático en las comunidades autónomas, “que desarrollen y complementen” los objetivos de la ley estatal, propone ayudas específicas y complementarias a las ya existentes para que las familias con menos recursos accedan al autoconsumo, agilizar el despliegue de las energías renovables y planes de desertificación y de adaptación a las sequías. “La gestión del agua es competencia municipal, queremos que todos los procesos estén digitalizados. Los socialistas nos lo tomaremos como una prioridad”, resaltó Gómez de Celis.