Moreno Bonilla da un volantazo a su revolución verde al apostar por la legalización de regadíos en Doñana

Cuando llegó a la presidencia de la Junta de Andalucía en 2019, Juan Manuel Moreno dejó ojipláticos a los suyos y a los ecologistas al apostar por “una revolución verde para convertir a Andalucía en un referente mundial de la lucha contra el cambio climático”. Desde su equipo advertían de que no era una impostura política, sino un convencimiento personal que viene de antiguo.

Moreno es de los que miran a diario los datos de los pantanos, las previsiones meteorológicas o las estadísticas sobre la subida de la temperatura del mar que, de continuar, convertirá en inundables terrenos que ahora no lo son. Maneja al dedillo estas cifras y le preocupa que el verano gane terreno en una tierra que atraviesa por una sequía extrema y con los embalses al 25% de su capacidad. El presidente andaluz aseguró en la pasada campaña electoral que esta legislatura, en la que cuenta con una confortable mayoría absoluta, será “la del agua” y prometió “una revolución hídrica como ninguna otra región de Europa” dotada con 1.500 millones de euros en inversiones.

La proposición de ley para legalizar los regadíos en el entorno del parque nacional de Doñana, aprobada el miércoles con los votos de PP y Vox, supone un volantazo a ese compromiso medioambiental, precisamente en el terreno más sensible y simbólico de todos: el mayor humedal de Europa con un enorme acuífero que se encuentra sobreexplotado.

En los cuatro años y cuatro meses como presidente andaluz, Moreno apenas ha sufrido rasguños por parte de la oposición andaluza. Ha consolidado una imagen de político moderado, capaz de jugar en el centroderecha y en el centroizquierda, un contrapunto perfecto de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, en el PP que lidera Alberto Núñez Feijóo. Él mismo ha reconocido este jueves en la sesión de control del Parlamento a preguntas de Juan Espadas (PSOE) e Inma Nieto (Por Andalucía) que su apuesta por dar derechos de agua a unos terrenos que ahora no los tienen le genera desgaste político. “¡Claro que uno se deja jirones!”, admitió.

Al inicio de esta legislatura, el PP tenía decidido arrinconar la ampliación de regadíos, como defendió en el anterior mandato con una iniciativa similar, pero que decayó porque se anticiparon las elecciones autonómicas. Pero Vox, empeñado en “retratar” a Moreno, se adelantó y la volvió a registrar. El PP, tras algunas dudas, decidió seguir adelante con un texto corregido, ante el temor del avance de la ultraderecha en el Condado de Huelva. Lo llamativo es que tanto el PSOE como el PP aseguran que los resultados electorales el próximo 28 de mayo en los cinco pueblos del Condado no son determinantes a la hora de decantar una mayoría en la Diputación de Huelva, que gobiernan ahora los socialistas con mayoría absoluta.

Moreno ha justificado este jueves su apuesta por la ampliación regadíos en el entorno de Doñana en que se trata de una promesa electoral y que intenta “afrontar un problema que afecta a centenares de familias”. “No he engañado a nadie”, ha enfatizado. Pero en el programa del PP de 2018 también venía construir “la autovía Huelva-Cádiz de manera directa”, provincias a las que las separa Doñana, y fue Moreno el que enterró el proyecto, precisamente por su enorme coste e impacto en la reserva.

El presidente andaluz se ha puesto este jueves a la defensiva ante los reproches que desde la bancada de la izquierda le lanzaron por su “negacionismo científico”. Moreno ha culpado al PSOE de intentar desgastar al Gobierno andaluz por puro cálculo electoral, cuando ha sido el PP el que registró a las puertas de las elecciones municipales cambiar la calificación de tierras de secano en zonas agrícolas de regadío. También ha incurrido en errores cuando ha afirmado que esas tierras recibirán aguas superficiales del trasvase de la demarcación de los ríos Tinto-Odiel-Piedra, cuando la ley de ese trasvase solo prevé 19,9 hectómetros cúbicos para fincas que ya tienen autorización administrativa.

En la retahíla de reproches, ha incluido el hecho cierto de que el Gobierno central no ha acometido las obras hidráulicas que permitirían el trasvase y la negativa del Ejecutivo de Pedro Sánchez a celebrar una reunión con la Junta.

Moreno se ha envuelto en la bandera andaluza para reivindicar su “autonomía, capacidad y decisión” para acabar con la “ilegalidad” de los pinchazos del acuífero, un problema que él considera heredado de los anteriores gobernantes socialistas. También ha culpado al Gobierno central de trasladar información errónea a la Comisión Europea, que ha advertido con una nueva multa a España si la proposición de ley sale aprobada. Los mayores dardos se los ha dedicado a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, quien el día anterior acusó a Moreno “desde su pequeña esquinita y de su arrogancia de señorito” de estar haciendo “un daño inmenso a los onubenses, a Andalucía, a Doñana y al conjunto de España”. El presidente andaluz ha subrayado: “Nadie va a venir desde un ático del Paseo de la Castellana a decirnos lo que podemos y no podemos hacer. No voy a tolerar la actitud displicente con el Gobierno andaluz, con los andaluces, de subordinación y subyugación”.

Ante el atrincheramiento de posiciones no es fácil aventurar un acuerdo durante la tramitación parlamentaria de la proposición de ley, aunque desde el PP dicen estar abiertos al diálogo. Este jueves los populares han apoyado una iniciativa del PSOE para instar a los Gobiernos español y andaluz a constituir una comisión bilateral para analizar de manera conjunta todo lo que afecte a Doñana.