La plataforma catalana Escuela de Todos da el salto a otras comunidades bilingües para defender el uso del castellano en las aulas

La asociación Escuela de Todos, que lleva un año exigiendo en Cataluña que se apliquen las sentencias para que también el castellano, y no sólo el catalán, sea lengua vehicular (docente) en las escuelas, ha decidido constituirse como plataforma nacional, ante el convencimiento de que el “arrinconamiento” del español en las aulas está avanzando en otras comunidades bilingües como Baleares y la Comunidad Valenciana. Este sábado, la plataforma se ha presentado en Madrid.

Escuela de Todos nació en Cataluña en diciembre de 2021 con un objetivo: exigir el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que en 2020 obligó a la Generalitat a impartir al menos un 25% de asignaturas en castellano en todas las escuelas. A partir de este sábado, se compondrá de 20 asociaciones —12 catalanas, dos de Baleares, dos de la Comunidad Valenciana, dos navarras y dos de ámbito nacional— que trabajarán para “defender los derechos lingüísticos” de todos los españoles, según ha explicado a EL PAÍS una de sus portavoces, Ana Losada, presidenta de la Asociación por una Escuela Bilingüe (AEB).

La idea de dar el salto nacional surgió hace cinco meses, cuando miembros de varias asociaciones vinculadas a la defensa del uso del castellano en la escuela se manifestaron en Bruselas. “Pensamos que era mejor trabajar todos juntos para que este tema esté en la agenda pública”, indica Losada. Y añade: “Al final, las lenguas cooficiales se están convirtiendo en muros lingüísticos. No es que fomentes el catalán, es que estás excluyendo el español. No es lo mismo estudiar matemáticas en catalán que en tu primera lengua. Y así se va arrinconando al español”. La presidenta de AEB defiende que “hay que adoptar una política común que, respetando la diversidad de España, haga del español una lengua vehicular en todo el territorio”.

Escuela de Todos denuncia que en los últimos años las comunidades con lenguas cooficiales han ido adoptando legislaciones educativas que “intentan copiar el modelo de inmersión lingüística catalán”, en el que solo el catalán es lengua vehicular. Losada señala, en concreto, la ley de 2018 que promueve el plurilingüismo en la educación en la Comunidad Valenciana (que favorece una mayor presencia del valenciano en detrimento del castellano, según la asociación) y la ley de educación de Baleares de 2022 (que únicamente se refiere al catalán como lengua vehicular, sin dar expresamente esa condición al castellano).

Según un estudio realizado por la plataforma a partir del análisis de 252 proyectos lingüísticos en colegios de Baleares, solo el 7% de los centros de educación infantil (0-5 años) tiene el español como lengua de enseñanza, y en primaria (6-12 años) solo un 8,5 % de los centros imparte alguna asignatura troncal en castellano además de Lengua Castellana. Los datos del último anuario estadístico (2020-2021) del Ministerio de Educación, por su parte, muestran que un 0,4% de los colegios de educación infantil tienen como modelo solo el castellano, el 20,4% un modelo de enseñanza bilingüe, y el 76,7% tiene un modelo de solo catalán o catalán como enseñanza y castellano como asignatura. En cuanto a la educación primaria, un 0,3% de los colegios baleares apuesta por un modelo solo en castellano, un 26,4% por el bilingüismo y el 71,4% por solo catalán o catalán como enseñanza y castellano como asignatura.

Sobre la Comunidad Valenciana, Escuela de Todos no ha facilitado datos específicos, pero considera que la última ley educativa aprobada por la Generalitat, que establece que el 50% de las asignaturas debe ser en valenciano y un 25% en lengua extranjera, camina hacia la “exclusión del español”. Según los datos del Ministerio de Educación, el 5% de los colegios valencianos tiene un modelo de solo castellano, el 85% uno de bilingüismo, mientras que el 9,8% apuesta por el valenciano como lengua de enseñanza y el castellano como materia.

Otras reivindicaciones de la plataforma presentada este sábado es que se realicen pruebas de evaluación comunes en toda España para la obtención, expedición y homologación de títulos académicos y profesionales; que los alumnos que se desplazan para vivir a una comunidad bilingüe desde otra que no lo es tengan el derecho a la escolarización en castellano; o que se destinen más recursos a la Alta Inspección de Educación para que pueda vigilar si se cumple la presencia del español en las aulas.

A lo largo de los últimos 30 años, varias sentencias del Tribunal Constitucional, el Supremo y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) han dictaminado que el castellano tiene que ser lengua vehicular en la enseñanza, al igual que las respectivas lenguas cooficiales en sus territorios. En Cataluña, sin embargo, se ha mantenido un modelo de inmersión lingüística que sólo reconocía la condición de vehicular al catalán. En 2014, el TSJC estableció que esa vehicularidad del castellano implicaba que al menos el 25% de las asignaturas troncales debían ser impartidas en castellano en las clases de los alumnos cuyas familias lo reclamaran. Y, en diciembre de 2020, sentenció que este porcentaje mínimo debía ser obligatorio en todo el sistema educativo catalán.

Pero el Gobierno de la Generalitat ha explicitado en varias ocasiones que no va a aplicar el fallo, y en estos meses ha puesto en marcha varias iniciativas legislativas para eludir in extremis el cumplimiento de la sentencia, calificando al castellano como lengua “curricular” pero no “vehicular”. Una maniobra que el TSJC ha calificado de “fraude de ley” y que mantiene congelada la aplicación de su sentencia, a la espera de lo que el Constitucional resuelva sobre esa legislación catalana.