Las empresas que gestionan colegios privados concertados sobre parcelas públicas tienen que pagar un 442% más al año por su uso cuando la cesión la hace directamente un Ayuntamiento y no la Comunidad de Madrid: 95.150 euros de media anual por el uso de ese suelo frente a 17.543,45. Esa diferencia, conocida tras una investigación de EL PAÍS que ha incluido consultas a 58 municipios madrileños, no se explica únicamente por las necesidades de financiación de los ayuntamientos. También refleja que el PP ha aprovechado sus 28 años al frente del Gobierno autonómico para fomentar este modelo educativo bajo el lema de la libre elección de escuela. Una apuesta que ahora vive su punto culminante: quienes ganen el concurso que promociona el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso para construir dos centros concertados en la capital no tendrán que pagar ni un euro por usar durante 75 años las parcelas públicas sobre las que se levantarán los centros, y que están valoradas en más de 11 millones de euros.

“La Comunidad de Madrid, en las adjudicaciones realizadas hasta el año 2013, establecía un canon mínimo que, no obstante, los licitadores podían mejorar en su oferta”, explica un portavoz gubernamental sobre los colegios concertados impulsados durante las etapas en las que Esperanza Aguirre e Ignacio González se sucedieron en el poder (2003-2015). “Por otro lado, los ayuntamientos son quienes fijan su canon en los centros que adjudican directamente”, añade este interlocutor, en un intento de explicar que en los municipios se cobre una media de 7.929 euros mensuales a los adjudicatarios, por los 1.461 de la Comunidad. “En las licitaciones actuales la Comunidad de Madrid no ha fijado canon al ser una cesión gratuita de suelo”, sigue. Y concluye: “No obstante, en los pliegos se contempla el establecimiento de una tasa en caso de que se impartan enseñanzas fuera de concierto”.

Los colegios concertados son centros privados en los que la Administración regional financia determinadas etapas educativas para que sean gratuitas. Pueden levantarse sobre parcelas de propiedad privada, autonómica o municipal. En este último caso, la cesión del terreno, y el correspondiente pago por su uso, podían ser articuladas hasta 2022, cuando entró en vigor la nueva ley educativa (Lomloe), de dos maneras: directamente entre la concesionaria y el ayuntamiento de turno, o con la intermediación de la Comunidad como redactora de los pliegos. Sin embargo, la Lomloe quiso impedir la cesión de terrenos municipales para este fin, al explicitar que esta solo debería destinarse a construir centros “públicos”. Un planteamiento que el PP ha puenteado en Madrid con la fórmula de firmar convenios con el Ayuntamiento para que sea la Comunidad quien promocione el colegio concertado directamente sobre terreno municipal.

“No estamos de acuerdo con la cesión de suelo público para la construcción de colegios concertados. Creemos que es negativo y que está desvirtuando el modelo concertado, además de suponer una competencia desleal”, opina Elena Cid, directora general de la Asociación de Colegios Privados e Independientes (Cicae). “Tiene que haber una regulación clara, transparente y que se estipule un canon justo en consonancia al precio de mercado real de ese suelo, y que no haya diferencia si el suelo lo cede directamente un ayuntamiento o la Comunidad”, sigue. “No tiene sentido que empresas mercantiles se beneficien del acceso a un suelo a precios irrisorios o, como ha sucedido en las últimas convocatorias de la Comunidad, de manera gratuita”, continúa. “Este sistema está atrayendo a empresas que encuentran en el concierto una forma de negocio”, subraya. Y lamenta: “Se debe priorizar la financiación de la red pública y, en el caso de que sea imprescindible la cesión de suelo, que sea para entidades sin ánimo de lucro”.

Así, EL PAÍS ha contactado con 58 municipios para radiografiar el sistema concertado en la región. De ellos, casi una treintena no tienen centros de este tipo sobre parcelas municipales cedidas directamente por los ayuntamientos. 14 no han respondido. Y los 15 municipios que sí tienen este tipo de acuerdos, y han respondido al cuestionario, cobran, de media, 95.150 euros al año por sus 20 centros concertados. Si se excluyen los colegios de Madrid capital, una administración casi siempre en manos del PP que ha sido pionera en las cesiones gratuitas de parcelas a entidades sin ánimo de lucro, la cifra se eleva a 112.091 euros de media. Un 538% más que la Comunidad. Ese porcentaje no incluye los pagos millonarios que cobraron de una sola vez al comenzar la concesión ayuntamientos como el de Aranjuez (más de un millón de euros).

“La diferencia en el canon que se paga según los concertados demuestra la arbitrariedad que existe con este tipo de centros y cómo su implantación parece más relacionada con las necesidades de financiación de los municipios, o con el impulso de este tipo de centros por parte de la Comunidad de Madrid, que con garantizar una educación de calidad”, lamenta María Pastor, diputada de Más Madrid en la Asamblea regional.

La diferencia es cuantitativa y cualitativa. Entre las cesiones de parcelas gestionadas directamente por los Ayuntamientos, la empresa que más paga está en Rivas y le supone 575.692,84 euros al año al municipio. En el caso de la Comunidad, el techo está en los 131.822,19 euros que pagó en 2021 el colegio Valdefuentes (Sanchinarro). Como las concesiones son durante décadas (el máximo legal son 75 años), esa diferencia dispara los ingresos de los ayuntamientos hasta límites impensables para la administración regional: Torrelodones ingresará más de 22 millones por este concepto cuando acabe el acuerdo en vigor, Rivas 18, Moralzarzal 14… aunque dar una cifra exacta es imposible porque el pago anual se suele actualizar cada curso en función del IPC, y muchos conciertos recogen periodos de carencia de pago en sus primeros años. En todo caso, en ambos listados hay centros que no pagan nada por el uso de la parcela.

Interés político

“Parece que los ayuntamientos tenían más interés en ganar dinero que la Comunidad, que lo hace por menos dinero o gratis porque es su objetivo es político: les interesa que haya menos educación pública”, opina Agustín Moreno, diputado de Podemos. “El interés del PP es, además de facilitar el negocio económico a determinadas empresas privadas, que la educación pública se reduzca y jibarice por razones de hegemonía política y de adoctrinamiento en valores conservadores”, añade, en referencia a que representantes del partido conservador han defendido en público que la expansión de este sistema educativo mejora sus resultados electorales.

Llegar hasta este punto ha exigido un largo recorrido. Durante los gobiernos de Aguirre y González (2003-2015) la Comunidad de Madrid redactó los pliegos de una treintena de concesiones para construir colegios concertados, según información a la que accedió este diario en aplicación de la ley de transparencia. Entre 2013 y 2022, no se licitó ningún centro nuevo. Finalmente, en 2022, el actual Ejecutivo reactivó un concierto durmiente (concedido, pero no ejecutado) de 2005 en Villalbilla y comenzó a tramitar los dos que tiene pendientes de adjudicar a coste cero. Toda una bicoca, especialmente en comparación con lo que tienen que pagar las adjudicatarias cuando el que establece el canon por ceder la parcela es un Ayuntamiento.

Para muestra, el interés que han despertado esos dos nuevos concursos entre los potenciales inversores: ambos han reunido 11 candidatos al pelotazo, lo que incluye ofertas vinculadas al Opus Dei, de marcada influencia religiosa, o pertenecientes a las grandes empresas del sector. Los ganadores deberían conocerse a lo largo de este mes, según las previsiones de la Administración. Entonces, comenzará la operación para construir los centros, que estarán en Vallecas y Valdebebas.

Con información de Beatriz Olaizola, Mercedes Pedreño y Ana Hernández Castillo.

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